El vídeo de la bisnieta de un ministro de Franco amenazando a los policías de la 'patada en la puerta'

Los policías que se sentarán en el banquillo por la denominada patada en la puerta han contado al juez su temor ante las "amenazas" de una de las jóvenes que participaba en la fiesta en la que los agentes irrumpieron.

"Se erigió en representante de los ocupantes y llevó a cabo diversas actuaciones en burla", narra el escrito de defensa, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En él, el abogado del subinspector jefe del grupo indica que I. R., la chica que más vehementemente se encaró con los policías, les advirtió diciéndoles "que se iban a enterar de quién era ella".

Y ésta —señalan en el escrito—, no es una "amenaza vana", pues la joven es bisnieta de Antonio Iturmendi Bañales, ministro de Justicia de Franco. Incluso, el escrito aporta un árbol genealógico de I. R. y su familia, que ostenta un título nobiliario. En 1969, el rey Juan Carlos I juró lealtad al régimen franquista ante, precisamente, Antonio Iturmendi.

El llamado caso de la patada en la puerta hace referencia a la intervención policial de estos seis agentes durante la noche del 21 de marzo de 2021, cuando accedieron, usando un ariete, a una vivienda de la calle Lagasca (Madrid) en la que se celebraba una fiesta ilegal, prohibida por las restricciones antiCovid. Ahora, serán juzgados por allanamiento de morada.

Una de las veces en las que la joven les amenazó fue grabada por una de las cámaras corporales que los agentes llevan adheridas al uniforme. Se trata de un fragmento de vídeo, que no había trascendido hasta ahora y que publica en exclusiva este periódico. La defensa lo adjunta en su escrito, dirigido al Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid.

—¡Se les va a caer el puto pelo, vamos! ¡No saben con quién coño se han metido éstos!— indica a otra chica I. R., mientras está engrilletada.

— Esa, además, resistencia— repone uno de los agentes.

—Ahora, en cuanto pueda, llamo a mi padre y que él pida la [ininteligible]— insiste I. R. a su amiga. —¡No llaméis a nadie de mi familia, eh! Si tengo que llamar a mi padre, ya le llamaré yo (...). Cuando el juez me lo permita, llamaré a quien tenga que llamar— añade.

Además, el escrito de defensa de los policías señala que esta joven fue quien "alegó falsamente" que el domicilio en el que se celebraba aquella fiesta "era de su propiedad", cuando lo tenía alquilado un ciudadano británico. Fue quien manifestó que era abogada —luego, se desdijo, presentándose como estudiante de Derecho y opositora— y la que, en varias ocasiones, avisó a los agentes de que necesitaban una orden judicial para penetrar en la vivienda.

Según el escrito de defensa, la misma I. R. habría llamado también "guarras, zorras y traidoras" a las chicas que participaban en el guateque ilegal y que, cuando los policías llegan al portal, manifiestan su intención de identificarse. "Cuestionó si se trataba de gente disfrazada de policías", indica el escrito.

Sospechas de prostitución

Asimismo, el escrito señala que los agentes derribaron la puerta de piso y encontraron "luces en penumbra", multitud de vasos con alcohol, una cama deshecha, maletas de viaje llenas de ropa...

Por ello, aseguran, al acceder al domicilio, percibieron "indicios racionales suficientes de un delito (...) contra la libertad e indemnidad sexuales (organización lucrativa de prostitución de alto nivel para los visitantes de Oriente Medio), que requerirá el debido interrogatorio".

Una vez dentro, los policías vieron que en el interior del inmueble "había jóvenes señoritas —españolas, del Este...— con ciudadanos de Oriente Medio que aún no se ha explicado cómo entraron en España en plena pandemia y ahora están ilocalizables".

Antes de reventar la puerta, aseguran que también vieron indicios de acoso inmobiliario, posibles lesiones psíquicas —a los jóvenes que querían identificarse y no se les dejaba salir del piso— y de delito de ruidos. Además, la desobediencia grave que, a su juicio, cometieron los que se negaron reiteradamente a entregar sus DNI.

"El querellante [el ciudadano británico], que estaba incapacitado por el alcohol o alguna otra sustancia, era el arrendatario y el único que podría tomar decisiones al tener el título legal sobre el piso. (...) Lo cierto es que éste nunca les manifestó nada a los agentes antes de que tiraran la puerta abajo", añade el escrito, firmado por los letrados Juan Antonio Frago y Verónica Suárez, del despacho Frago & Suárez Abogados Penalistas. 

La joven acabó detenida y engrilletada. "Sin embargo, por alguna razón relacionada, bien del entorno nobiliario de I. R., bien del de las personas de origen árabe [que estaban en el interior de la vivienda] (embajadas, etc.), se puso policialmente en libertad a todos los detenidos antes de pasarlos a disposición judicial, algo absolutamente extraño, máxime al haber declarado expresamente una magistrada la pertinencia de la detención y que los ciudadanos árabes no estaban debidamente filiados, al estar casi todos indocumentados en el momento de la detención", señala el escrito de defensa.

"El subinspector ha recibido diversas llamadas de superiores de alto rango de la Policía Nacional y Local felicitándole por el operativo del piso de la calle Lagasca, con lo que ni antes ni después del operativo (...) tenía la más mínima sospecha de que pudiera haber algo reprobable en su orden", subraya.

"Se interesa que los testigos declaren presencialmente, bajo la idea de que, si podían estar en Madrid de fiesta en plena pandemia, bien pueden comparecer personalmente ante un órgano de la Administración de Justicia", finaliza el escrito de defensa.

El vuelco del caso

Tras las detenciones, el caso no tardó en dar un vuelco. Los jóvenes arrestados quedaron en libertad y la Audiencia Provincial de Madrid ordenó actuar penalmente contra los policías. Y, finalmente, serán todos ellos, los seis, los que se sentarán en el banquillo de los acusados por allanamiento de morada. Serán juzgados por un tribunal del jurado.

La Fiscalía considera que el subinspector cometió este delito, pero de forma "imprudente", una modalidad que no aparece recogida en el Código Penal, por lo que solicita su absolución. También pedirá al juez que no condene a los otros cinco agentes, ya que se limitaron a cumplir la orden de un superior. El Ministerio Público, a su vez, ha pedido que I. R. testifique en el juicio, entre otros.

Por su parte, la acusación particular —el ciudadano británico que tenía el piso alquilado, representado por el letrado Juango Ospina— pide dos años y medio para los seis agentes por allanamiento de morada y un año y medio más por un delito de daños.

En su escrito, adelantado por EL ESPAÑOL, acusó a los agentes de usar un ariete "no reglamentario" y "comprado previamente de manera privada", extremos que, según fuentes cercanas a éstos, los seis niegan.

'Patada en la puerta'

Esta intervención de la Policía Nacional, efectuada en la madrugada de aquel domingo de marzo de 2021, se hizo célebre después de que alguno de los jóvenes grabase la intervención desde el interior del piso y las imágenes se difundiesen rápidamente en las redes sociales.

Fueron los vecinos los que avisaron a la Policía. Ante el juez instructor del caso, Jaime Serret, declararon que las fiestas y los ruidos eran tan molestos como continuos. Una de las testigos manifestó que, además, temía contagiarse de Covid-19. "Trabajo como sumiller y temía perder el olfato", destacó.

En el domicilio se estaba celebrando una fiesta con varios jóvenes, algo prohibido por el estado de alarma decretado contra la pandemia del coronavirus. Los policías mantuvieron una negociación, de más de 20 minutos, con los participantes del guateque, con la puerta de por medio, tal y como consta el vídeo grabado por las cámaras de su uniforme. E intentaron acceder al inmueble con dos métodos menos invasivos.

Ante la reiterada negativa de los jóvenes a identificarse, el jefe del grupo consideró que este comportamiento excedía la falta administrativa y ya constituía un delito de desobediencia a la autoridad. Por ello, ordenó, finalmente, derribar la puerta con un ariete y poner fin a la fiesta ilegal.