La crisis del caso Pegasus no termina y ni ERC se da por satisfecha con "la cabeza rodando" de Paz Esteban, directora del CNI hasta este martes, ni Unidas Podemos cree que Pedro Sánchez haya acabado con "la policía patriótica del PP".

Todos los socios del presidente del Gobierno -los de la coalición en el Ejecutivo y los aliados parlamentarios- han registrado este jueves una comisión de investigación en el Congreso para "averiguar la vinculación de diversos estamentos oficiales del Estado" en estas prácticas. Un entramado que no habría acabado con "la moción de censura que llevó al Gobierno a Pedro Sánchez".

Según se deduce del escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los grupos parlamentarios que apoyaron a Sánchez para desalojar a Mariano Rajoy del poder querían precisamente eso.

Tras la sentencia de la Gürtel y el "escándalo de la Kitchen", que "demostraba, según las conclusiones de diversas comisiones de investigación", que "el aparato del PP" había mantenido estas estructuras, el presidente socialista debía hacer limpieza.

Pero es que, según el texto, "habría que remontarse a la época de la Transición y al 23-F" para entender que este entramado "parapolicial" ya estaba operando entonces y que -por tanto, heredero del franquismo- el presidente del Gobierno "no ha explicado en ningún foro qué ha hecho para desmantelarlo".

"No ha limpiado Interior"

Es más, según fuentes parlamentarias de los grupos firmantes de la petición, "el presidente no ha hecho nada, no ha limpiado ni el Ministerio del Interior ni el de Defensa y ha mantenido todas las cloacas del Estado sin limpiar y a sus responsables al frente".

El escrito, presentado este jueves en el Registro del Congreso, es demoledor contra el presidente. Según se desprende de su lectura, su vicepresidenta segunda -Yolanda Díaz-, cuatro de sus ministros -Ione Belarra, Irene Montero, Alberto Garzón y Joan Subirats-, opinan que es "una constante histórica la existencia de este tipo de estructuras en el Estado español, que no dan cuenta a la ciudadanía ni están sometidas a control alguno, sirviendo a intereses espurios y opacos y siempre sufragados con recursos públicos". 

O que los 64 diputados que le suelen servir de muleta para aprobar sus leyes, decretos e iniciativas -es decir, los 34 de Unidas Podemos, los 13 de ERC, los cinco de Bildu, los dos de la CUP, los cuatro de Junts, los cuatro de PDeCAT, el de Compromís y el del BNG- están convencidos de que existe un "entramado mediático, empresarial y parapolicial, con recursos y armas reservadas a organismos estatales al servicio de intereses espurios al margen del interés general y presuntamente sufragados con fondos reservados".

"Inexistentes explicaciones"

Sorprende cómo el grupo de Unidas Podemos, que no sólo forma parte de la coalición, sino que integra a los cinco miembros del Ejecutivo en su estructura, se desmarca de ninguna responsabilidad en el escándalo. Con la firma de Jaume Asens y Aina Vidal, acusa a Sánchez de "no contribuir a arrojar la luz exigible a un escándalo de tal magnitud" como el caso Pegasus.

Las "inexistentes explicaciones del Gobierno, amparadas por la Ley de Secretos Oficiales", aseguran, son las responsables de "las especulaciones en torno a la autoría" del "espionaje masivo a instituciones -también al presidente del Gobierno-, activistas, políticos, abogados y periodistas". 

En todo caso, los socios de Sánchez contribuyen, de algún modo así, a alimentar la confusión en torno al primer escándalo -el del supuesto espionaje a 63 líderes independentistas catalanes y vascos- y al caso Pegasus 2.0, revelado por Moncloa al admitir que tardó casi un año en saber que los móviles del presidente y los ministros de Defensa e Interior fueron violados y se les robó más de 10,4 gigas de datos.

Precisamente estas "especulaciones", alimentadas por "las ambigüedades declarativas de algunos miembros del Gobierno", permiten a los demandantes colegir que las "cloacas del Estado" pueden ser las responsables de todo el escándalo. Y por eso exigen esclarecerlo en esta comisión de investigación.

"Las altas instituciones del Estado se han visto envueltas en un sinfín de sombras de sospecha a raíz de las distintas irregularidades que han salido a la luz", alegan. Se citan en esta parte del documento nombres como el de los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, el del extesorero del PP Luis Bárcenas o la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

Junto a ellos, se cita una trama de presunta extorsión con "grabaciones relacionadas con la Casa Real" u otra a Pablo Iglesias -a quien no se cita por su nombre, en este caso- el de la ex secretaria general del PP (y exministra de Defensa) María Dolores de Cospedal o el del ex jefe de asuntos internos de la Policía Marcelino Martín Blas, "responsables políticos de la denominada 'operación Catalunya', entre otros".

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