El investigador de la Gürtel confirma que la trama pagó gastos de campaña del PP en 2003

El inspector de Policía Nacional Manuel Morocho, encargado de liderar la investigación sobre la trama Gürtel como parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ha narrado este miércoles en la Audiencia Nacional que la red corrupta financió actos del PP en la campaña madrileña de 2003.

La recepción del dinero a tal fin, ha explicado Morocho, "se produce justo en el momento en el que se inicia el proceso electoral". Dichas cantidades provendrían de las mordidas o comisiones que se quedaban los miembros de la trama a cambio de adjudicaciones públicas adulteradas que acababan beneficiando a empresas afines.

Tras el "reparto de fondos" entre los miembros la Gürtel, estos "deciden destinar una parte para financiar actos de esta campaña que se iba a celebrar en la localidad de Boadilla del Monte" en el marco las autonómicas de aquel año. En varios de esos eventos en el municipio, bastión de los conservadores, participó Esperanza Aguirre, entonces presidenta regional.

Francisco Correa Fernando Villar Efe

Tales fondos aparecen consignados en documentos de la UDEF que reproducen estas reparticiones. Es el caso de una anotación de 60.000 euros bajo el epígrafe de Campaña. "Ya sabemos que las necesidades para llevar a cabo estos eventos son un hecho", ha declarado el policía ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal.

"Ejecutor y canalizador"

Morocho ha ratificado todos los informes que realizó durante más de 10 años de investigación. A preguntas de una de las fiscales, ha detallado que la red se encargaba tanto de "realizar los preparativos" para los actos como de la "financiación" de los mismos.

"Es decir, [la red liderada por Francisco Correa] se convertía en el ejecutor y el canalizador de los fondos, cualquiera que fuera el origen, que el partido pusiera a su disposición para poder financiar esos actos", ha explicado.

"Cuando la organización avanzó en sus planteamientos, ya no se conforman con ser meros intermediarios en las adjudicaciones; quieren ser partícipes en los negocios que se generan tras ella, en la actividad empresarial que genera la adjudicación en la que intervienen, (...) un negocio del que se van a beneficiar", ha resumido.

A Correa, Morocho le atribuye la "intermediación, a través de sus contactos" con la Administración para que las empresas afines consiguieran contratos públicos. "La entrega del dinero [a los miembros de la red corrupta] concordaba con las fechas de adjudicación [de los contratos]", ha resumido. El valor de dichas mordidas, que se negociaba para cada contrato, osciló entre el 2% y el 4%. Generalmente, el 3%. 

Asimismo, la trama habría intervenido en la "adaptación de los pliegos de las licitaciones" a las características de la empresa a la que se quería beneficiar. Unos hechos que la fiscal, en su interrogatorio, ha denominado "colonización" de la Administración.

Arturo González Panero, apodado 'El Albondiguilla', cuando era alcalde. Efe

"Buscando ese ámbito de confianza mutua entre el empresario y el conseguidor, se produce una interacción que se va mecanizando y se repite en Madrid o en Valencia [otra de las extensiones de la trama]", ha sostenido Morocho ante el tribunal.

Entre las empresas que "recurrentemente" consiguieron contratos se encuentran Sufi, Teconsa, Constructora Hispánica, UFC o Grupo Begar.

Entre los nombres que aparecen en los informes de la UDEF, tras recabar documentos en poder de la trama, además del de Arturo González Panero (referenciado por la red como AG o Alb), destacan: el exconcejal popular José Galeote (G) y Tomás Martín Morales (TM o Santo) o el exdiputado regional del PP Alfredo Bosch (alias Neveras). El cerebro, Paco Correa, aparece apodado como Vito o PC.

Otro de los supuestos implicados es José Luis Izquierdo, persona de confianza de Correa y de su socio Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego que también admitió los hechos que se le imputan. 

En un registro en 2009, la UDEF encontró un pendrive que Izquierdo trató de ocultar entre su ropa y que contenía, según Morocho, documentos de Excel con los repartos de fondos. Entre sus documentos, dentro de una carpeta azul con la inicial B, también se hallaron notas de envío de dinero a EEUU, tiras de la máquina que contó billetes de 500 euros o cálculos del 3% de la adjudicación pública a una de las empresas beneficiadas por la trama.

Viajes y camisas

Asimsimo, Morocho ha explicado el pago de dádivas a Arturo González Panero cuando era alcalde. El montante de las facturas emitidas entre dos de las empresas de la trama (Sufi y Special Events) "se usan para viajes y camisas a Panero". "Gastos personales, como la compra de 18 camisas y un viaje; [todo ello] por valor de 33.074,38 euros".

En un primer momento, El Albondiguilla negó esos regalos. "¡18 camisas a medida no he tenido yo en mis 49 años de mi vida!", señaló en su declaración como imputado, en 2015. No obstante, en su escrito, en el que reconoce los hechos antes del juicio de esta pieza, admite los "sobreprecios" a los contratos públicos, la ocultación de fondos y los pagos de la trama, tanto en efectivo como "en especias".

Asimismo, según ha narrado Morocho, por cada evento que la trama organiza, se generaba una "hoja de costes" con los servicios prestados y "se busca cómo financiar esos gastos [vídeos, carteles...] en los que se ha incurrido".

Inversiones en Miami

Morocho también ha detallado las inversiones inmobiliarias que ejecutó Panero en Miami (Estados Unidos) junto a Francisco Correa, valiéndose del "servicio" del cerebro de la trama para "canalizar fondos e invertir el dinero ilícito".

Estas operaciones "especulativas" —que implican movimientos de fondos entre sociedades americanas, chinas, otras en Islas Vírgenes Británicas, panameñas y banca privada suiza— se hicieron, ha dicho el policía, mientras El Albondiguilla era alcalde de Boadilla y buscaban, además de la ocultación del dinero, "retornos fiscalmente deducibles". Correa también adquirió tres apartamentos en una zona de playa de Miami.

La UDEF tuvo constancia de los fondos depositados en Ginebra por el alcalde gracias a una comisión rogatoria cursada al país helvético. Como beneficiaria, aparecía la esposa del regidor, Elena Villaroya Samaniego, economista, a cuyo nombre se aceptaron movimientos bancarios.

En todo caso, el nombre de Villaroya aparecía como titular de la cuenta sin hacer constar que su marido era político (y, por tanto, una Persona Políticamente Expuesta, lo que obliga al banco ginebrino a ciertas cautelas extraordinarias).

Pieza 'Boadilla'

Así se ha pronunciado Morocho este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la llamada pieza Boadilla de esta red corrupta, centrada en las actuaciones supuestamente ilícitas que tuvieron lugar en torno al Ayuntamiento de la localidad madrileña de la que toma el nombre.

En ella, González Panero y más de una decena de acusados (entre ellos, el cabecilla de la trama, Francisco Correa) se han mostrado conformes con las peticiones de condena de la Fiscalía Anticorrupción por haber amañado contratos públicos en el municipio, uno de los más ricos de España, para favorecer a empresas afines, que pagaban una comisión.

El PP está, de nuevo, involucrado en el proceso como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado, presuntamente, de fondos ilícitos por importe de 204.198 euros con los que se pagaron actos del partido y electorales.

La trama, que pivotaba sobre Correa, el exalcalde González Panero y César Tomás Martín Morales, exconsejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo, habría adjudicado de forma irregular millonarios contratos de servicios u obras públicas a empresarios afines a cambio de estas mordidas.

Esos ingresos habrían sido ocultados luego a la Hacienda Pública, camuflados mediante la emisión de facturas falsas y se habrían blanqueado a través de estructuras financieras opacas montadas, presuntamente, por Ramón Blanco Balín, principalmente.

Ramón Blanco, en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso en 2018. Efe

Este último también ha reconocido los hechos que le atribuye el Ministerio Público. Según Morocho, Blanco no es solo un "gestor para crear estructuras y mover dinero, sino que participaba del negocio, como un accionista, por así decirlo". 

Morocho

Manuel Morocho ya declaró en 2017 en el juicio de la Época I del caso Gürtel, que finalizó con la primera sentencia que condenaba al PP como partícipe a título lucrativo de la trama corrupta —es decir, no es responsable criminal del delito, aunque se benefició del comportamiento ilícito ajeno— y desencadenó la moción de censura que desalojó a Rajoy de Moncloa.

El policía también lo hizo en el juicio de la caja B del partido, tras el que la Audiencia Nacional condenó a dos años de cárcel al extesorero de la formación, Luis Bárcenas, por pagar con la caja no oficial parte de la reforma de la sede nacional del partido.

Ante el juez del caso Tándem, en el que una de sus piezas investiga el supuesto espionaje a Bárcenas en 2013, una vez se destapa la Gürtel, Morocho relató el pasado junio presuntas presiones a su investigación y apuntó al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.