El fiscal ve "contundentes’ indicios de malveración y prevaricación contra Laura Borràs

El fiscal del Supremo Javier Zaragoza ha pedido a la Sala Segunda que abra una causa penal contra la diputada y portavoz de Junts per Catalunya Laura Borràs por presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos, fraude administrativo y falsedad documental en relación con su actuación como directora de la Institución de las Letras Catalanas.

La petición del fiscal Zaragoza, uno de los que actuaron en la causa del 'procés', está relacionada con la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona. La titular de este órgano, Silvia Mejías, ha investigado el presunto fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática aprobados y asignados por la Institución de las Letras Catalanas (ILC) a Isaías Herrero, amigo de Borrás. Herrero habría presentado facturas por "conceptos y/o importes totalmente inventados", según la investigación del Juzgado, que ha recopilado una pléyade de indicios contra Borràs (documentos administrativos, correos electrónicos, intervenciones telefónicas ) que llevan al fiscal del Supremo a concluir que existen "claros y contundentes" indicios contra ella.

Zaragoza solicita a la Sala Penal que abra una causa contra la aforada y la cite a declarar como investigada una vez concedido el suplicatorio por el Congreso de los Diputados o, en su caso, mediante una comparecencia voluntaria de la parlamentaria.

El escrito del fiscal afirma que Borràs articuló un procedimiento de contratación de servicios informáticos para el portal de Internet de la ILC "llevado a cabo con la voluntad de ocultar que el efectivo prestador de todos ellos era Isaías Herrero", con el que la ahora diputada tenía relaciones personales y profesionales.

Fraccionamiento de contratos

El procedimiento consistió en la asignación de contratos menores por tramos de 18.000 euros, "contraviniendo de manera inequívoca lo dispuesto en la ley de contratos del sector público". Esta norma establece que “no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”.

El fiscal subraya que Laura Borràs era directora de la ILC y tenía asignada la función de órgano de contratación. Fue ella, afirma, la que propuso la contratación de Herrero, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio para efectuar el pago de la factura presentada por el adjudicatario, conformó la factura correspondiente y autorizó finalmente su pago, tal y como se desprende del contenido de cada uno de los expedientes de contratación intervenidos.

La relación personal preexistente entre Borràs y Herrero queda acreditada, según Zaragoza, por el tenor de algunos de los correos cruzados entre ambos en los que hablan de temas diferentes a los meramente profesionales, entre otros indicios.

Para el fiscal, Borrás, "abusando de sus funciones y en base a esa relación personal y profesional previa, se concertó con Isaías Herrero para encubrir una relación contractual plurianual y recurrente entre la ILC y éste último, fraccionando de manera ilegal durante varios años y en varios contratos de importe inferior a 18.000 euros la contratación de servicios que, en realidad, obedecían a una misma unidad
operativa o funcional, concretamente la creación, implementación y desarrollo
del portal de la ILC".

Por esa estratagema se impidió que la adjudicación, por un importe total de 259.863 euros, se hiciera a través de un concurso público.

El "fraccionamiento ilegal" del contrato fue, además, "enmascarado" mediante la adjudicación de contratos a otros proveedores supuestamente distintos a Herrero, cuando en realidad a través estos también resultó ser el adjudicatario, añade el fiscal.

El informe indica que los gastos autorizados y aprobados por Borràs "no obedecían al pago real y efectivo de los trabajos o servicios realizados por Herrero, sino a un continuado acto ilícito de enriquecimiento en favor de éste por parte de aquélla, habiéndose concertado ambos para defraudar de ese modo a la administración pública, en perjuicio de su patrimonio".