Gobierno y Fiscalía, listos para actuar contra quien firme el pago de urnas

La Abogacía del Estado tiene previsto presentar "en horas" un escrito dirigido al Tribunal Constitucional para bloquear la adquisición de las urnas destinadas al referéndum del 1-O si el Gobierno catalán tomase este martes cualquier acuerdo que tenga eficacia jurídica. Paralelamente, la Fiscalía estudia una posible ampliación de la querella dirigida contra la consejera de Gobernación para que el proceso penal ya abierto contra ella en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña incluya también a todos aquellos cargos políticos o funcionarios responsables del libramiento de fondos públicos para una finalidad ilegal.

El Gobierno de Puigdemont ha anunciado para este martes algún tipo de acuerdo relacionado con la compra de las urnas para la consulta independentista. No se sabe en qué se traducirá esa expectativa y desde las instituciones del Estado que están preparando la respuesta jurídica no se descarta en absoluto que se trate de "otro anuncio de lo que se piensa hacer pero sin hacer nada realmente", es decir, que la decisión se vuelva a quedar en las meras palabras o en expresiones voluntaristas de acciones futuras y no tenga virtualidad jurídica.

Tanto el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, como la Fiscalía reaccionarán si se produce "cualquier actuación que tenga algún efecto jurídico" de cara a la preparación del referéndum de octubre, afirman las fuentes consultadas. El abogado del Estado, ya entrenado para presentar incidentes de ejecución cada vez que se han ignorado los pronunciamientos del TC, está en disposición de dirigirse "de un día para otro" al tribunal, que, además, está reunido en pleno esta semana, por lo que el inicio de la tramitación del incidente podría ser, si se quiere, inmediato.

La Fiscalía, por su parte, está valorando utilizar la vía de la ampliación de la querella que ha dado lugar a un procedimiento penal contra la consejera de Presidencia, Meritxell Borràs, responsable de un concurso en el que se licitó la compra de urnas y que quedó desierto. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó la pasada semana la admisión a trámite de esa querella y la iniciación de las diligencias contra Borràs, que será llamada a declarar en las próximas semanas.

"Comparsas" de Junqueras

En principio, el Ministerio Público no dirigiría la ampliación de la querella contra todos los miembros del nuevo Gobierno de Puigdemont en el supuesto de que, como quiere el vicepresidente, Oriol Junqueras, todos ellos estampasen su firma en el acuerdo de compra de urnas. El fiscal distinguirá entre aquellos a los que considera "comparsas" de esa actuación política a modo de Fuenteovejuna y aquellos cuya firma sí es indispensable para que la actuación tenga eficacia jurídica y afecte a las arcas autonómicas. Ello situaría el ámbito de la responsabilidad en el área de Economía, a cuyo frente está Junqueras.

La eventual querella se dirigiría, por tanto, contra aquellas autoridades o funcionarios de la Generalitat que tengan las facultades de actuación administrativa y libramiento de fondos públicos, ya que la querella, además de delitos de prevaricación y desobediencia, incluiría la malversación.