El PP adopta el protocolo antiokupas de Albiol: la Policía actuará en las primeras 48 horas sin orden judicial

Porque lo que sí detecta el equipo del líder popular es que el partido ha ocupado la agenda con una batería de medidas sociales sobre migración, conciliación y vivienda que "nacen para sustituir en lo posible a un Gobierno paralizado". 

Pero no hay viraje, como lo demuestra una de las iniciativas que, de momento, se guarda en los despachos de Génova. En las próximas semanas, los populares registrarán su propia Ley de Vivienda. Y en ese paquete de medidas aparece una estrategia antiokupas que pretende "revertir la actual situación de desprotección del común de los ciudadanos frente a los delincuentes que les usurpan su propiedad".

La dirección nacional del PP ha basado su espíritu en el exitoso Manual de actuación frente a una okupación ilegal, del alcalde de Badalona, el polémico Xavier García Albiol. El documento de 16 puntos, al que ha tenido acceso este periódico, combina acciones de las autoridades administrativas, con protocolos policiales y colaboración ciudadana.

El protocolo

Se trata de, en primer lugar, lograr expulsar a los okupas de un piso recién asaltado, en las primeras 24 o 48 horas, con intervención policial directa, y "sin necesidad de intervención judicial".

Y en caso de tratarse de una okupación "consolidada", un guion de actuaciones legales, con apoyo de la administración pública y asesoramiento legal, para agilizar lo más posible el desalojo de los "usurpadores".

Este protocolo fue una de las promesas electorales con las que el político popular logró una victoria espectacular en las últimas elecciones municipales en la ciudad catalana. Rodeado de municipios dominados por el PSC y los independentistas de Junts, Albiol recibió los votos del 56% de sus vecinos. 

El problema de la okupación es ambivalente, muy grave donde ocurre, aunque no extendido por igual en España.

Por eso no forma parte del discurso principal del PP a nivel nacional. Pero en Cataluña sí es un problema social de primer orden, porque la región acumula más del 50% de las okupaciones ilegales de toda España. Y por eso el PP se ha fijado no tanto en el discurso como en las medidas de Albiol, que "hace frente a las políticas erradas y fracasadas de ERC y de los Comuns, que inspiraron la perniciosa Ley de Vivienda del Gobierno Sánchez".

De momento, el Ayuntamiento de Badalona ha logrado evitar un alto porcentaje de las nuevas okupaciones "que se estaban sustanciando en directo", explican fuentes municipales. "Con instrucciones claras, el apoyo de alcalde y la colaboración ciudadana, se puede", señalan estas fuentes. "La Guardia Urbana se siente respaldada en sus actuaciones y eso permite que los atestados policiales sean mucho más efectivos judicialmente".

Además, el cambio de Gobierno autonómico, con la salida de Esquerra y la llegada del PSC, apuntan estas fuentes locales de Badalona, ha mejorado también la colaboración con los Mossos d'Esquadra. El consistorio es el único de una gran ciudad española con una concejalía expresamente dedicada a la lucha contra la okupación y hay una ventanilla única administrativa para facilitar trámites y asesorar legalmente a los propietarios víctimas.

Adaptándolo a la legislación estatal, el PP prevé incluir estas medidas en su paquete social de Vivienda, para las próximas semanas. El protocolo prevé la habilitación de un teléfono de atención 24 horas, que a nivel local está siendo gestionado vía 112. Además, se incluyen instrucciones para el propietario -comunicar formalmente a los okupantes que deben irse-, a las policías -hacer constar a sospecha de usurpación en el atestado- y al resto de la comunidad para ejercer de testigos.

Se explican los "sencillos trámites" que puede seguir una comunidad de vecinos para "adoptar el acuerdo de no dejar entrar" a los okupas a las zonas comunitarias si, en algún momento, abandonan el edificio, aunque sea para un simple recado. "Estas zonas comunes incluyen, por supuesto, entrar por la portería de la comunidad", recuerda el protocolo.

También explica este manual cómo incomodar la vida a los usurpadores, con instrucciones para lograr que se les corten los suministros. Sobre todo, en caso de que se hayan enganchado ilegalmente a la luz.

Competencia autonómica

El PP recuerda que la competencia de Vivienda es autonómica. Y que la ley estatal no es más que una ley de bases, que habilita pero no obliga a las Comunidades Autónomas. "No puede ser que el Gobierno amenace a nuestros Ejecutivos autonómicos", advierte un miembro del Consejo de Gobierno de una de las autonomías del PP, "por no aplicar disposiciones voluntarias de sus leyes fracasadas".

Por eso, su proposición de ley en realidad pretende "superar" la legislación del Gobierno en los aspectos "que se han demostrado fracasados" y en los que no entró, como el de los okupas. Justo cuando el debate está en todo lo alto, porque la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha amenazado a las CCAA que no intervengan el mercado del alquiler con no darles financiación.  

Hay quien acusa al Partido Popular de haberse tornado "socialdemócrata". Incluso desde dentro de sus propias filas, hay quien no entiende el viraje hacia políticas sociales con el que este segundo curso político de la legislatura. Sin embargo, fuentes oficiales de la dirección lo desmienten categóricamente: se trata de legislar "por encima de un Gobierno débil y paralizado" en busca de "mejorar la vida de los españoles".

Si, de momento, lo que se ha ido anunciando han sido iniciativas con "fácil venta" se debe a dos motivos.

El primero, que "abordar el problema de la conciliación es urgente" y ya se ha tardado "mucho" en elaborar la proposición de ley que entrará en el Congreso "inmediatamente". Y el segundo, porque la estrategia también busca facilitar al partido la ocupación del centro, "dado que Pedro Sánchez se ha ido tan a la izquierda para matar a Sumar, que ha dejado un campo abierto para que los ciudadanos nos identifiquen con medidas con las que, hasta ahora, costaba más que relacionaran al PP".

De ahí, probablemente, la extrañeza y los comentarios, incluso críticos, surgidos de las propias filas populares: "Vamos a confundir a los nuestros", apuntan desde el ala más conservadora. "Al contrario, vamos a ampliar nuestra bolsa de votantes, habrá más de 'los nuestros'", responde un miembro de la dirección.

"Cada vez más ciudadanos se autodefinen como de clase más baja, porque este Gobierno no atiende sus problemas", concluye, "y el propietario de un piso no es 'un rico', sino alguien que complementa su pensión, por ejemplo, Sánchez los señala, los culpa y los abandona; nosotros no".