El PP ve la conciliación clave: "Hoy no hay escuela de 0 a 3 años gratis porque Feijóo no es presidente"

La Comunidad Valenciana ha implantado este curso la universalización de este primer ciclo de Educación Infantil. Y lo ha hecho en un solo año desde que la gobierna Carlos Mazón. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha dejado pasar la oportunidad para viajar a Alicante para presentar la iniciativa del Ejecutivo autonómico para demostrar que "la marca PP irá unida" a esta apuesta por la escuela de 0 a 3 años. 

El político gallego era presidente de su región cuando, en el año 2022, su Gobierno ya universalizó las escuelas gratuitas de 0 a 3 años en la región. "Todas, financiadas con presupuestos de la Comunidad, los centros públicos y también los privados", añade un portavoz del Partido Popular.

El Gobierno autonómico valenciano ha dedicado este curso 162 millones para abrir un total de 72.000 plazas de este primer ciclo de infantil. Lo ha hecho a pesar de las dificultades presupuestarias "de la región peor financiada de España", según explican desde el Ejecutivo regional. Y superando los obstáculos de la ruptura de la coalición de Gobierno con Vox, el pasado mes de julio, a causa de la crisis migratoria.

"Aquello ya fue un ejemplo de solidaridad, por encima de los intereses de partido", apunta un miembro del Consell. Ahora, el Ejecutivo de Mazón sirve de ejemplo para la primera de las medidas que incluirá el PP en una proposición de ley que presentará en el Congreso y en el Senado el próximo lunes 30 de septiembre.

PP

El PP ultima una Ley de Vivienda con pisos sociales y más oferta de suelo para legislar con PNV y Junts

Los populares quieren hacerle "la batalla cultural" al PSOE, invadiendo marcos políticos que, hasta ahora, han sido monopolio de la izquierda. Y busca seguir seduciendo al PNV y a Junts con propuestas que coinciden con sus programas electorales, más allá de lo identitario: "Se abre una ventana de oportunidad para que el PSOE asuma las propuestas del PP, o vote en contra de lo que dice abanderar".

Porque, según los populares, Sánchez "dice que esas políticas son progres, pero no es más que demagogia", apunta una de las fuentes citadas. "Porque la realidad es que nadie está mejor hoy que cuando empezó a gobernar Pedro Sánchez, sólo él".

El texto de la norma prevé una financiación al 50% entre el Gobierno central y los autonómicos para la escuela infantil universal y gratuita. Según los cálculos del PP, al Estado le costaría 2.000 millones al año, y lo mismo podrían las autonomías, cada una en función de sus necesidades.

Siempre, en todo caso, con colaboración público-privada, explican las fuentes. Porque "la ausencia de esta política en los seis años de gobiernos de Sánchez" ya ha creado un mercado que responde a las necesidades de conciliación de las familias.

Es decir, hay cientos de escuelas privadas ya en marcha, y "entrar ahora a construir una red entera nueva sería costoso, lento e injusto para los trabajadores de esos centros que ya funcionan y lo hacen bien".

El caso andaluz

Precisamente, ése ha sido el motivo de la Junta de Andalucía para rechazar una transferencia de 112 millones del Gobierno central, la pasada primavera. La región más poblada de España, tuvo que renunciar a estos fondos UE, procedentes del Plan de Recuperación y, por tanto, con carácter finalista. Porque Moncloa los entregaba exclusivamente para crear nuevas plazas públicas de educación infantil o reformar las existentes.

¿El motivo? El Ejecutivo de Juanma Moreno no quiere crear más plazas, teniendo en cuenta que este curso se ha empezado con 37.000 plazas vacías en esta franja de edad por el descenso de la natalidad. Lo que querría ese Ejecutivo autonómico es utilizar esos fondos para bonificar las ya existentes, pero la ayuda no contemplaba esta posibilidad.

El Gobierno andaluz aplicará la gratuidad a la educación de 0 a 3 años en 2025 ¿cómo lo hará?

Precisamente, la rueda de prensa del último Consejo de Ministros tuvo al Gobierno de Moreno y al de La Rioja como protagonistas por esta razón, con ataques de la portavoz y ministra de Educación, Pilar Alegría. Al día siguiente, fue la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, la que atacó al PP con este asunto en la sesión de control.

También este mismo lunes lo ha hecho el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la interparlamentaria socialista. "Rechazan 112 millones de los fondos europeos que hubieran permitido crear nada más y nada menos que 12.000 plazas de Educación Infantil públicas y gratuitas porque están sometidos a las presiones de los centros privados", ha remarcado Sánchez. 

Desde la Junta argumentan que esta cantidad fue devuelta para no tener que desmantelar la red de escuelas infantiles concertadas que llevan años funcionando en la comunidad andaluza. Lo curioso es que se trata de un modelo que implantaron los anteriores gobiernos socialistas andaluces y que el PP asumió cuando llegó al poder. 

En esas 2.200 escuelas trabajan 15.000 personas. El plan de Pedro Sánchez para crear nuevas plazas "ponía en peligro ese sector", alertaron entidades como Escuelas Infantiles Unidas, Coordinadora de Escuelas Infantiles, ACES y FSIE Andalucía.

Conciliación como inversión

En las próximas fechas, el PP irá anunciando más medidas incluidas en su Proposición de Ley sobre Conciliación. El plan busca no sólo hacerle la batalla cultural al PSOE, sino sacar adelante medidas "imprescindibles" para las familias.

Por un lado, aliviar los gastos mensuales de unos 600 euros por alumno de infantil. Y por otro, "dar estabilidad a los trabajadores, eliminar obstáculos laborales a las mujeres y facilitar la vida a los abuelos", que son quienes asumen hoy, en su mayoría, el cuidado de los pequeños.

Además, el PP tratará con esta ley de empezar a poner facilidades a las familias -"a todas, las numerosas, las monoparentales, o las LGTBI", dijo Feijóo- para revertir la crisis de natalidad que hace de España el país occidental con una demografía más alarmante.

La tasa de 1,2 hijos por mujer en edad fértil actual, el nacimiento de 200.000 niños menos el último año que en 2018, no sólo indica que "los jóvenes que quieren, no pueden ser padres", sino que anticipa un invierno demográfico que haría insostenible el Estado del bienestar en unas pocas décadas.

"Es un esfuerzo en costes", apuntaba Feijóo al comentar la medida valenciana como ejemplo, "pero es una inversión de futuro".