La Ley de Conciliación del PP permitirá a los funcionarios que tengan hijos con cáncer reducir la jornada laboral

Éste es un derecho del que ya disfrutan los empleados del sector privado, pero que en la función pública "no se respeta con igualdad". Según fuentes de la dirección popular, la conciliación de la vida profesional con la personal es clave para la mejora de la vida de los ciudadanos, pero también para aumentar la productividad y "eliminar injusticias" que lastran la economía y a igualdad en España.

La norma lleva trabajándose desde hace un año, según estas fuentes del PP, con empresarios, sindicatos y asociaciones de cada uno de los sectores. Afecta a múltiples aspectos, como la educación, la política fiscal, los avances en igualdad, enfocados de diversas formas: los respectivos a los derechos hombre-mujer o la equiparación de trato entre trabajadores del sector público y privado.

Con esta nueva norma, quedarán blindados los derechos de los empleados públicos para reducir su jornada laboral de manera inmediata cuando tengan que cuidar de un menor con cáncer o con otra enfermedad grave análoga. Un problema que hasta ahora ha permanecido escondido en el marasmo de las Administraciones y detectado en las reuniones preparatorias de la norma, con sindicatos de la función pública.

Blindar derechos

La dirección del PP ha comprobado que, en la actualidad, los funcionarios y otros trabajadores de ayuntamientos, diputaciones, autonomías y la Administración General del Estado "tienen que superar una infinidad de obstáculos burocráticos" cuando se ven obligados a solicitar este permiso.

"En un momento de urgencia y preocupación", explica una de las personas que ha redactad la norma, "no sólo se les exigen informes médicos, lo que puede vulnerar derechos de intimidad, sino que a algunos se les deniega ilegalmente o la lentitud burocrática demora dramáticamente el permiso". 

Para evitar desatender al enfermo, muchos funcionarios cogen emanas de vacaciones mientras tramitan la autorización, lo que supone una vulneración de sus derechos laborales. "Y sobre todo, una injusticia que se puede evitar", insite esta fuente. "Las administraciones tratan peor a sus trabajadores que las empresas", donde ya se tramitan estas reducciones de jornada, "por lo general, con normalidad".

La norma que registrará el PP en los próximos días en el Congreso no sólo facilita los trámites, sino que blinda este derecho de inmediato, con medidas transitorias. Y además lo protege con el objetivo de que ningún trabajador público pueda sufrir represalias, o merma en sus condiciones laborales, tras haberse acogido a esta posibilidad. 

El texto de la norma establece que el Gobierno desarrollara "con urgencia" un reglamento nuevo sobre estos permisos retribuidos para el cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave. Este derecho está actualmente reconocido en el artículo 49.e) del Estatuto Básico del Empleado Público, pero los trabajadores de estas administraciones "no reciben el mismo trato y garantías jurídicas que tienen reconocidos los trabajadores sujetos al régimen general de la Seguridad Social".

Así lo explican las fuentes consultadas, que se refieren al desarrollo en el texto legal que propone el PP. El Real Decreto para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave establece unos mecanismos prácticamente automáticos de los que disfrutan los trabajadores por cuenta ajena del sector privado.

El plan es que ese reglamento nuevo desarrollo "unos criterios claros y objetivos" para la concesión del permiso en el sector público. El funcionario o empleado público tendrá "derecho a fijar" él mismo el porcentaje de reducción de jornada "en función de las necesidades" que le implique su situación personal y familiar. Y la Administración, la obligación de responder en "un plazo máximo de 30 días para la resolución desde el registro de la solicitud".

Además, el empleador público no podrá utilizar datos como "la jornada del otro progenitor" para valorar la concesión o no del permiso. Y se establecerá una simplificación de los trámites administrativos, "minimizando la solicitud de documentación" que afecte a la intimidad del menor afectado.

Finalmente, la proposición de ley prevé que, en tanto se desarrolla ese Reglamento, las Administraciones Públicas estén obligadas a "modificar el criterio interpretativo del permiso" que conoce el citado Estatuto Básico del Empleado Público. Se trata de que, de manera transitoria, se equiparen los criterios con lo establecido por el decreto que regula estos permisos en el sector privado.

Es decir, que se contemple la posibilidad de que, si la enfermedad del menor no es un cáncer, se pueda considerar equiparable al "ingreso hospitalario de larga duración, tras el diagnóstico", toda continuación del tratamiento o cuidado del menor en el domicilio.