El Gobierno evita cargar contra Puigdemont con el respaldo de Junts en el Congreso en el aire

Fue el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien en París sólo habló del cambio de etapa que supone la investidura de Salvador Illa y de la responsabilidad de los Mossos en el operativo para detener a Puigdemont. 

No hubo ni una palabra de crítica pública, ni la habrá porque el Gobierno no ha dado por roto el acuerdo, ni mucho menos la relación con Junts en el Congreso de los Diputados, donde depende de sus votos para la aprobación de sus iniciativas, empezando por los Presupuestos Generales del Estado para 2025.

Tampoco hubo reacción pública crítica con Puigdemont desde el Gobierno cuando hizo decaer con su voto la aprobación del techo de gasto, el primer paso de los Presupuestos. Y aunque ya ha recibido mensajes directos muy claros sobre la voluntad de Junts de distanciarse del PSOE, desde Moncloa se pretende evitar la confrontación. Aunque el Ejecutivo entiende que la relación con Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, no es la mejor posible.

El Gobierno es pesimista y se teme que no será fácil la relación con Junts. No tiene claro si volverán las reuniones mensuales en Suiza pactadas en la investidura, pero pretende seguir adelante y, si es necesario prorrogar los Presupuestos, los prorrogará.

Ahora, espera un periodo de reflexión de Junts, desde donde se avisa de que firmó un pacto de investidura, no de legislatura, en el que claramente se aseguraba que el mantenimiento del apoyo a Sánchez dependerá de cómo evolucione la legislatura. Y estiman que no ha evolucionado bien con el pacto entre PSC y ERC.

No obstante, el Gobierno confía en que, a medio plazo, un sector de Junts más pragmático y negociador dé un giro a esta formación sin Puigdemont. De hecho, entiende que lo que ocurrió a las puertas del Parlament puede favorecer ese proceso, porque una parte de Junts no comparte esa forma de hacer política.

El Gobierno entiende que el Tribunal Supremo tenía que haber aplicado a Puigdemont la ley de amnistía, de tal manera que ahora no habría polémica sobre la vuelta del expresident y su posible encarcelamiento. Sin embargo, una vez planteada la resistencia del Supremo, confía en que el Tribunal Constitucional lo aclarará cuando falle el recurso correspondiente.

Y si Puigdemont hubiera vuelto y hubiera sido encarcelado, se hubiera acelerado el pronunciamiento del Constitucional para poner fin al conflicto con el Supremo y aplicar ya la ley de amnistía. El expresidente ha arruinado por el momento esa vía con su segunda fuga.

Además, el malestar del Gobierno con Puigdemont tiene que ver con la forma en la que se ha mostrado como un político que no respeta las instituciones, casi antisistema. De esa forma arruina parte del relato de Sánchez basado en la integración en la política y las instituciones a los independentistas.

Muestra además una cara de Junts que provoca desgaste en el PSOE fuera de Cataluña como socio parlamentario. El propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, recordó el jueves en Twitter que la legislatura se apoya en sus votos.