Junts prevé suspender la sesión de investidura de Illa en el Parlament si Puigdemont es detenido
Rull debería reunir a la Mesa, que tiene mayoría independentista. Fuentes de ERC admiten que "si eso pasa" se verían obligados a apoyarlo.
4 agosto, 2024 21:46Josep Rull tiene la prerrogativa y hasta "el mandato" de hacerlo: el Pleno se deberá parar, y no habrá president en la fecha prevista. Fuentes del entorno del presidente del Parlament confirman que la fecha del jueves 8 de agosto es la más probable para celebrar el debate de investidura de Salvador Illa.
Y si Carles Puigdemont es detenido al volver a España, la Mesa —con mayoría independentista de 4 a 3— deberá decidir sobre la propuesta que hará Rull: suspender la sesión y reventar la investidura de Illa hasta que el expresident quede en libertad... o algo pase.
Para Junts, si ya el PSC apoyó modificar el Reglamento del Parlament para que Puigdemont —prófugo de la Justicia desde hace siete años— pudiese votar desde Waterloo (Bélgica), "no se entendería", explica otro integrante del partido de derecha separatista, "que insistieran en sus prisas".
Prisas porque el PSC está presionando a Rull para que acelere los trámites: el martes celebrará una ronda de contactos; el miércoles reunirá a la diputación permanente para fijarle fecha al Pleno, que podría ser el mismo jueves 8 de agosto.
Puigdemont pide "sacar las garras". Y si ese día cumple con su reiterada amenaza de "regresar del exilio", él mismo da por hecho que será arrestado. Y en ese caso, la iniciativa de suspender la sesión de investidura la tomaría Rull, acogiéndose a sus prerrogativas como presidente de la Cámara, reflejadas en el Reglamento de la misma, y al Estatut.
La norma básica considera "inviolable" la figura del parlamentario. Declara "inviolables" a los diputados autonómicos y prohíbe detenerlos, "salvo en caso de delito flagrante".
Y a la ausencia de esa expresa circunstancia se acogería la presidencia de la Cámara.
ERC lo apoyaría en la Mesa
La Mesa sería convocada para decidir. Y en el órgano de gobierno del Parlament hay siete miembros: dos de Junts (Rull y Glòria Freixa), dos de ERC (Raquel Sans y Juli Fernández) y tres del PSC (David Pérez, Rosa Maria Ibarra y Judith Alcalá).
A pesar de su acuerdo de investidura con el PSC, fuentes de Esquerra admiten a este periódico que no imaginan otro escenario que el de apoyar esa iniciativa de Junts, "en caso de que la impulsen".
El entorno de Marta Rovira, recién regresada de su fuga en Suiza desde 2018, aclara a este diario que la rivalidad política es una cosa, pero que ambos partidos están "unidos en la lucha contra la represión". Y, por supuesto, a favor de "los derechos de todos los exiliados", como califican al prófugo expresident.
Ése es el motivo puramente político que esgrimen. Pero es que, además, otras fuentes de la formación republicana admiten otro punto conflictivo: "¿Quién habrá de detener a Puigdemont? Los Mossos será los que lo arresten, que son la Policía Judicial en Cataluña... y, ¿de quién dependen los Mossos? Del Departamento de Interior, que aún está en manos de Esquerra".
Por eso, el entorno del líder de Junts ya está cargando con todo contra ERC: por su acuerdo para investir "al más españolista y derechista" de los líderes del PSC, por un lado; y por otro, por "colaboracionismo en la represión", si finalmente son mossos quienes ponen las esposas a Puigdemont.
Cómo detenerlo (o no)
De hecho, según sostiene Junts, el PSC y ERC quieren acelerar el proceso de investidura de Illa lo más posible para que "en pleno agosto, haya menos movilización en protesta" ante lo que consideran "evidente": que a su líder lo arrestarán y se lo llevarán a Madrid, a que comparezca ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Evidente e "inevitable", por mucho que diga el Estatut. Porque el instructor del caso del procés aún mantiene la orden de busca y captura sobre el líder del 1-O por un delito de malversación, ya que el de desobediencia lo considera amnistiado.
Esa figura delictiva comporta graves penas de cárcel, de tres a seis años, e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años. Y dado que Puigdemont ha demostrado, obviamente, su capacidad de huir de la Justicia, es muy posible que el juez ordenara su ingreso en prisión preventiva.
Ésa es una de las cosas que se apuntaban más arriba, cuando hablábamos de que "algo pase".
Porque en ese caso, la suspensión de la investidura por los motivos expuestos, cobraría mayor entidad y se generaría un conflicto institucional.
Precisamente, eso es lo que busca Junts, para poner al Gobierno de Pedro Sánchez en una posición imposible.
Como decía el mismo Puigdemont en el escrito que publicó este domingo en sus perfiles sociales, Moncloa demostraría ante el independentismo más "indignación" por la cuestión personal de Begoña Gómez que por "el incumplimiento por los jueces de la única ley de esta legislatura". Es decir, la de amnistía.
Para el abogado del líder de la derecha independentista, Gonzalo Boye, los magistrados del Tribunal Supremo "están delinquiendo" al no aplicar la amnistía al delito de malversación. "Su interpretación del lucro personal", explica en declaraciones a este diario, "no se sostiene".
Así que si Sánchez quiere ver culminada su obra política viendo a Illa investido, el precio que le hará pagar Junts será "con todo", advierte un diputado autonómico.
Pero, ¿y si como el Parlament es inviolable, Carles Puigdemont fuera capaz de aparecerse en la sede del Legislativo autonómico? Entonces sí podrá cumplir su deseo de "torpedear" la investidura de Illa, aunque sea armando, simplemente, ruido. Porque las fuerzas del orden no pueden entrar en su sede, "inviolable", sin el permiso de Rull.
Fuentes de Junts afirman que "ésa es una posibilidad", quizá jugando más con las expectativas del lío que se formaría que describiendo una posibilidad real. Porque lo más normal sería que el expresident sea detenido en cuanto pise suelo español.
"La intención es estar dentro", insiste otro alto cargo de Junts a este periódico, sugiriendo que esa maniobra puede estarse preparando. Si no, se celebraría "una investidura ilegítima, con un representante de la soberanía víctima de la represión del Estado".