La Policía señala a 9 jefes de ETA como ideólogos del asesinato no resuelto del edil Pedrosa Urquiza

Así lo recoge un informe de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, ya enviado al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, el encargado de investigar este asesinato, aún sin resolver. Por el momento, ningún miembro de la banda terrorista ha sido condenado.

A inicios del pasado año, la Audiencia Nacional ordenó a la CGI la elaboración de un dosier acerca del grado de control que tenían varios jefes etarras sobre los atentados cometidos por ETA y sobre sus roles en la cúpula de la banda, denominada zuba. Este órgano colegiado decidía sobre las cuestiones tácticas de la organización terrorista.

Concretamente, el juez solicitó esta información acerca de los etarras Ignacio Miguel Gracia Arregui (apodado Iñaki de Rentería), Javier García Gaztelu (Txapote), Juan Antonio Olarra Guridi (Jokin), Ainhoa Múgica Goñi (Olga), Asier Oyarzábal Chapategui (Baltza), Mikel Albisu Iriarte (Mikel Antza), Vicente Goicoechea Barandiaran (Willy), Ramón Sagarzazu Gaztelumendi (Ramontxo o Txango) y María Soledad Iparraguire (Anboto).

Y, según el informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, todos ellos formarían parte de la cúpula de la banda. Cada uno se encargaba de un aparato —logístico, militar, internacional...— como parte de la "claramente jerarquizada" estructura de ETA, que seguía un organigrama "piramidal" y un funcionamiento interno "casi militar".

De este modo, serían los jefes etarras los que seleccionaban los objetivos y estrategias, autorizaban los ataques —especialmente, los que tenían como objetivo a políticos del Partido Popular— y proveían a los militantes los recursos para llevarlos a cabo.

El asesinato de Pedrosa Urquiza, además, se habría producido en el marco de la campaña de ETA dedicada a provocar la expulsión de Navarra y País Vasco de varios alcaldes y políticos considerados "enemigos" y "opresores del pueblo vasco"; especialmente, afiliados al PP. De hecho, el atentado era la fase final, tras meses de presiones por otros cauces: aislamiento, grafitis, envío de cartas...

Antes de ser asesinado, el edil fue amenazado en varias ocasiones por la banda terrorista. Pese a ello, José María Pedrosa Urquiza había rechazado llevar escolta. En una entrevista concedida a un programa de radio en 1997, el político manifestó que no sabía si iría "al cielo", en alusión a su posible asesinato, pero que tenía claro que, en todo caso, iría "desde Durango" y no abandonaría la localidad, como pretendían los etarras.

En la mañana del domingo 4 de junio del año 2000, cuando Jesús María regresaba a su domicilio tras haber acudido a misa, recibió un disparo en la nuca y murió de forma instantánea.

José María Pedrosa Urquiza.

La Policía Nacional, en su informe, recoge que Pedrosa "sufrió durante años un acoso
continuado" por parte de ETA, que le colocó "en su punto de mira, hasta que un comando armado, siguiendo las directrices de la dirección de la banda, llevó a cabo su propósito fatal en junio del 2000".

El dosier policial relata que acciones como éstas no buscaban sino "crear un clima general de miedo" entre la población no nacionalista, de modo que, amenazada, optase por abandonar el País Vasco.

"De este modo, ETA colocó en la diana de su política de terror a la práctica totalidad de los líderes del muy concreto grupo de población civil perseguido presente en (...) País Vasco y Navarra: sus políticos presentes en el territorio, intelectuales, académicos, periodistas y creadores de opinión social, líderes empresariales y líderes cívicos; al tiempo que procedía a la paralela eliminación selectiva de mandos concretos y también indiscriminada de cuantos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas, como forma de mermar la protección del grupo perseguido", resume la CGI.

El objetivo final de esta estrategia no era otro que "anular la propia presencia efectiva del Estado" en País Vasco y Navarra, tal y como relata la Policía. Para ello, no era necesaria la "eliminación universal" del llamado "grupo español" presente en ese territorio, sino que bastaba con "eliminar, parcial o totalmente, la presencia del grupo percibido como 'español' en Euskal Herria y de todo lo 'español' con él".

"Todos los militantes [de ETA] conocían la existencia del comité ejecutivo [zuba]. Las órdenes de cada responsable se acataban en la convicción de que no se trataba de una orden personal, sino que respondía a un plan elaborado por la dirección de la organización, esa comisión directiva que era el comité ejecutivo, que tenía que
seguir cada uno de los militantes de ETA", expone la Policía en su dosier.

De esta forma, avala la tesis de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), que fue la que presentó la querella que logró reabrir esta investigación, archivada tras no encontrarse al autor del disparo.

DyJ considera que los jefes de ETA eran los "autores detrás del autor", los ideólogos de los atentados y quienes deberían responder penalmente por ellos, como una suerte de autores intelectuales de los mismos.

Y así lo expone también la Policía Nacional en este y otros informes similares, en los que constata el gran control que los miembros de la zuba ejercían sobre el resto de militantes y sobre los comandos que apretaban el gatillo o colocaban coches-bomba.

"La capacidad de elección que tenía un militante una vez que decide entrar en ETA es nula: su futuro, incluso su salida de la organización, lo decide zuba, ejerciendo un total dominio sobre el militante. La dirección no sólo es la que facilita los instrumentos necesarios para que las células terroristas pudiesen realizar las acciones armadas, sino que éstas, como mera herramienta operativa, lo hacen en seguimiento de la estrategia y objetivos marcados por el órgano directivo", resume el dosier policial.