Alvise Pérez, líder de la agrupación Se Acabó la Fiesta, en la noche electoral del 9-J.
Alvise llega a Bruselas con dos desconocidos: lo logra gracias a que Sánchez no traspuso la directiva UE
España es el único de los Veintisiete que no aplicó el nuevo reglamento electoral europeo, que habría podido dejar fuera, incluso, a Sumar.
10 junio, 2024 03:19Las elecciones europeas suelen ser terreno abonado para el voto de castigo. La participación es más baja (este 9-J, menos del 50%) y en España la circunscripción es única, lo que da más oportunidades a outsiders para que, con pocos apoyos, se cuelen en el Parlamento Europeo. Eso ha pasado esta vez con los tres escaños del agitador ultraderechista Alvise Pérez y su agrupación de electores Se Acabó La Fiesta.
Pero eso sólo ha ocurrido porque España es el único país de la Unión Europea que no traspuso a su legislación la reforma del Acta Electoral que la UE pretendía tener en vigor para estas elecciones de 2024, para evitar estas distorsiones en la representación.
La norma -que reforma el texto original de 1976- establece un umbral mínimo de votos para entrar en el reparto de eurodiputados, y en su versión más estricta habría dejado fuera a Alvise.
Junto al activista que no gastó en campañas, ni apareció en los medios, ni falta que le hizo, recogerán su acta otros dos nuevos eurodiputados. Quienes ocupan el segundo y tercer puesto de su lista, probablemente, ni se esperaban hace un mes que la vida les iba a cambiar tanto.
Alvise logrará una inmunidad parlamentaria que lo protegerá de las múltiples demandas que tiene pendientes por sus publicaciones de dudosa credibilidad en redes. Además, su plataforma se verá regada por miles de euros de financiación, los que otorga la Eurocámara a cada uno de sus representantes electos.
Que nadie sepa a ciencia cierta quiénes son los dos desconocidos que se sentarán junto a él en Bruselas, Diego Solier Fernández y Nora Junco García, sólo confirma los motivos por los que los gobiernos de los Veintisiete y las instituciones europeas impulsaron este cambio normativo. Pero la reforma no entró en vigor porque hacía falta su trasposición en todos los Estados miembros, y España no lo hizo.
Todos menos PP, PSOE y Vox
La norma, en realidad, data de hace seis años: fue negociada en el Consejo de la UE por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero se aprobó el 13 de junio de 2018, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa. Las barreras porcentuales que impone esta directiva dejarían a todos los socios parlamentarios del PSOE fuera de la Eurocámara tras las elecciones del 9-J.
Como ya publicó este diario el pasado mes de febrero, Pedro Sánchez eludió trasponer este reglamento, que habría afectado de lleno a todos sus socios nacionalistas e independentistas. Podemos igualmente habría quedado fuera de representación. Y dada la debacle de Sumar, que no ha llegado ni al 5% de los votos en toda España, también los de Yolanda Díaz habrían sido afectados.
El artículo 3.2 de la Decisión 2018/994 del Consejo por la que se modifica el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo [consúltelo aquí en PDF] dice textualmente:
"Los Estados miembros [...] establecerán un umbral mínimo para la atribución de escaños en las circunscripciones que cuenten con más de 35 escaños". España reparte 61 puestos de eurodiputado en estas elecciones europeas.
"Dicho umbral no será inferior al 2% ni superior al 5% de los votos válidos emitidos en la circunscripción de que se trate, incluido un Estado miembro de circunscripción única", concluye.
Así, aplicando la barrera que le correspondería a España, según los resultados de la pasada noche electoral, hasta ocho de los partidos que dieron la investidura a Sánchez se podrían haber quedado fuera de la Eurocámara.
Según los datos oficiales, Junts (2,54%); la alianza de PNV y Coalición Canaria (1,21%); la suma de ERC, Bildu y BNG (4,9%), Podemos (3,28%) y Sumar (4,65%) no habrían logrado representación en la Eurocámara, si el Gobierno hubiera hecho sus deberes atendiendo al espíritu de la directiva.
Así se desprende de otra iniciativa que ya se sometió a discusión en este fin de legislatura europea, que obligará a España a imponer un 5% de umbral mínimo.
Había sido el Ejecutivo de Alemania, liderado entonces por la democristiana Angela Merkel, el que impulsó la reforma que Moncloa decidió eludir.
Y fue de nuevo el Gobierno alemán, que lidera ahora el socialdemócrata Olaf Scholz, el que impulsó que la presidencia belga del Consejo sometiera a discusión una enmienda a ese texto para que los países que reparten más de 60 diputados, por ejemplo España, estén obligados a imponer la barrera más alta, la del 5%. Sólo PP, PSOE y Vox han pasado de ese límite.
La España incumplidora
La reforma de 2018, en todo caso, no ha podido entrar en vigor a nivel europeo. Y eso que lleva ya más de cinco años aprobada por los gobiernos de los Veintisiete. Y es que este texto legal no es firme hasta que se traspone en las legislaciones de todos los Estados miembros de la Unión.
Y se puede decir que España es la culpable de un incumplimiento del derecho europeo vigente porque la directiva exigía en su propio articulado que, para las europeas de 2024, ya estuviese vigente.
Concretamente, el texto establece, más adelante, que "los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para cumplir la obligación contemplada en el apartado 2 a más tardar para las elecciones al Parlamento Europeo que sigan a las primeras elecciones que se celebren después de la entrada en vigor de la Decisión". Es decir, que Sánchez ha tenido tiempo, desde los comicios europeos de mayo de 2019 hasta ahora, y no lo ha hecho.
Hay que recordar que las elecciones al Parlamento Europeo se rigen, esencialmente, por la normativa de cada país de la Unión. Y esta Acta -cuyo texto original de 1976 tiene apenas cinco folios y 16 artículos- es, simplemente, lo que en España se llamaría una ley de bases.
El último país que traspuso la directiva fue Chipre, el pasado mes de octubre. Y fuentes del Parlamento Europeo señalaron entonces el "incumplimiento" del Gobierno español como "una nueva muestra de sus maniobras para favorecer a partidos que, como Bildu, ERC, Junts o el BNG, no trabajan por lo común, sino por sus intereses particulares, aliándose con otras formaciones nacionalistas en Europa que reman en sentido contrario a la integración".
Denuncias a España por nuevos casos de infracción del derecho europeo 2018-2022.
España es el Estado miembro con el mayor número de procedimientos de infracción abiertos por no trasponer las directivas europeas. Son 153 las infracciones acumuladas desde la llegada del PSOE al Gobierno hasta 2022 (el último del que se tienen datos), y al menos 11 se deben a la tardanza en aplicar legislación sobre derechos fundamentales y de ciudadanía, como en este caso.
La presidencia de turno belga, que acaba este mes, tenía como una de sus prioridades impulsar medidas para la defensa del Estado de derecho y las elecciones justas, con especial atención a la injerencia rusa. Ya lo debatió el Parlamento Europeo en febrero, y se volvió al asunto, una semana después en comisión, hablando de la nueva iniciativa alemana para subir aún más el umbral de entrada.
En el debate con la ministra belga, salió la infracción española por la falta de trasposición de la reforma del Acta electoral.
"Los electores españoles seremos los únicos que lo hagan sin las normas electorales comunes de la UE... y mientras, ya hemos empezado a debatir una nueva norma", recordó la entonces eurodiputada popular Ana Collado. "Esta negativa expresa del Ejecutivo español, a quien beneficia es a los nacionalistas minoritarios, tanto a los que se beneficiaron del terrorismo como a los que parece que llevan años al servicio de Putin".
