Azcón acusa al Gobierno de "electoralismo" y de "resucitar a Franco" a cinco días de las catalanas

"Vuelve a ocurrir. Llegan las elecciones y al PSOE, a Pedro Sánchez, le gusta resucitar a Franco. Esto no es serio". Jorge Azcón, presidente de Aragón, ha rechazado así la convocatoria de la Comisión Bilateral a la que el Gobierno de España le citó el pasado viernes. El objetivo de la reunión: revisar su llamada ley de concordia y recuperar la norma anterior, de memoria democrática. 

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dio entonces una semana a Aragón para sentarse y revisar su ley o, de lo contrario, la recurrirá al Tribunal Constitucional, como ya amenazó el mes pasado. El argumento detrás de todo es un informe de la ONU desaconsejando las leyes de concordia, pero Azcón cree que se debe a otros motivos.  

"Es electoralismo", ha acusado el presidente regional, "para hablar de lo que le interesa al PSOE". Según critica, ni Torres ni Pedro Sánchez le han citado todavía "para hablar de los problemas reales de los aragoneses", entre los que cita las infraestructuras hidráulicas o el corredor Cantábrico-Mediterráneo.

El informe de la ONU

La respuesta culmina -de momento- un conflicto entre el Gobierno de Aragón y el Ejecutivo de Pedro Sánchez que se inició hace dos semanas, cuando la ONU hizo público un informe que cuestionaba la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Los tres relatores y autores del texto también cuestionaban el Plan de Concordia que Azcón piensa llevar a cabo.

Azcón envió el pasado lunes una carta a António Guterres, Secretario General de la ONU, denunciando dicho informe. Escrito por los relatores especiales Fabián Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz, Azcón aseguró que contiene "información sesgada e interesada suministrada por el Gobierno de España". En consecuencia, explicó Azcón, "desvirtúa la realidad y está plagado de inexactitudes, falsedades y omisiones".

De hecho, la ONU ya se desmarcó de este informe el pasado viernes, argumentando que era sólo una "comunicación" que manifiesta "opiniones y recomendaciones", sin carácter vinculante para España. Es decir, sin que el Gobierno español esté obligado a aplicar estas recomendaciones.

Toda la polémica se desató cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó el informe de los relatores para sostener que los gobiernos autonómicos formados por el PP y Vox "equiparan a las víctimas con los verdugos".

Así, el Gobierno mantiene la amenaza de llevar ante el Tribunal Constitucional a los gobiernos de Comunidad Valenciana y Castilla y León, territorios que también están gestando diferentes leyes de concordia.