El PSOE, al borde de la primera ‘traición’ de PNV y Junts: apoyan al PP en la ley de defensa ante el lobo

La semana pasada, el Congreso de los Diputados demostró que todo esto es posible impulsando una ley absolutamente opuesta al programa de Gobierno de Pedro Sánchez, y que, siguiendo los postulados de la Unión Europea, rompió "el muro" y reunió a "las derechas" en la misma causa: la protección del ganado frente al lobo.

Cuando Sánchez logró sustanciar su "somos más" de la noche del 23-J en una investidura  de reelección, el 16 de noviembre, el entorno de Feijóo advertía de que "una cosa es estar en el Gobierno y otra es poder gobernar".

Desde la acera del PSOE, la reflexión era parecida: no se fiaban de sus propios socios y algunos dirigentes reconocían que el Congreso podría "legislar por la puerta de atrás" en contra del programa del Ejecutivo. Y ya ha pasado.

O a punto está. El Partido Popular ya ha reunido a esa mayoría alternativa, que demuestra que la supuesta "mayoría progresista" no es tal, sino de conveniencia.

Que se juntaron 179 votos para mantener en el banco azul a un presidente más afecto a las cesiones al nacionalismo. Pero que, fuera de ese eje -en el ideológico-, el bloque se puede partir y algunos cambian de bando.

Antes de la carta del presidente que mantiene a España en vilo hasta este lunes, el martes pasado, al caer la tarde, el Congreso admitía la admisión a trámite de una proposición de ley del PP "relativa a la conservación del lobo en España y su cohabitación con la ganadería extensiva y la lucha contra el reto demográfico".

La iniciativa, según fuentes de la dirección popular, "escucha las preocupaciones de los ganaderos y de las Comunidades Autónomas del norte, alguna con Gobierno socialista incluso". Y atiende "estrictamente" a la iniciativa de la Comisión Europea del pasado 20 de diciembre, que propuso rebajar el estatus internacional del lobo desde "estrictamente protegido" a tan solo "protegido".

Nadie puede llamarse a engaño. El Ejecutivo comunitario lanzó aquella propuesta legislativa inmersa en tres circunstancias puramente políticas, y concatenadas.

La primera de ellas, las movilizaciones de los profesionales del campo, aún incipientes pero inquietantes para Bruselas. La segunda, que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quería repetir, y para ello debía reunir apoyos en el Partido Popular Europeo (donde el PP español pesa sobremanera). Y la tercera, que hay elecciones europeas este 9 de junio.

Una cuarta circunstancia emergió aquellos días en la prensa. El hecho de que la presidenta de la Comisión hubiera vivido en primera persona -aunque fuera un año atrás- uno de esos ataques de manadas de lobos: en septiembre de 2022, un ejemplar mató a Dolly, su poni de 30 años, en su casa en la región de la Baja Sajonia en Alemania. 

Por eso, Von der Leyen sacó esta propuesta a finales de año, basándola en el fuerte aumento de población en las últimas dos décadas hasta superar los 20.000 en toda Europa y en los crecientes conflictos con las actividades humanas, sobre todo los daños al ganado, con "una fuerte presión sobre zonas y regiones específicas".

De norte a sur

De hecho, en España el clamor del campo había bajado del norte de la meseta al margen sur. La reciente aparición de un lobo ibérico en la provincia de Ciudad Real, que se daba por desaparecido desde hace décadas, desataba (pocos días después de que Bruselas tomara cartas en el asunto) una enorme polémica entre cazadores y ecologistas contra el Gobierno de Emiliano García-Page en la Junta de Castilla-La Mancha.

La Fundación de Cazadores Artemisan difundió imágenes de un ejemplar cerca de Cabezarados, entre Puertollano y Almadén, y reclamó a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la desprotección del lobo ibérico y su retirada del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial. ¿La razón? El incremento de la población de lobos en Europa y al enorme impacto que tiene en la cabaña ganadera y en la fauna silvestre.

Eso mismo plantea la proposición de ley del PP, apoyada por Vox, Junts y el PNV el pasado martes en el Congreso. Argumenta que la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 sobre conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, conocida en la UE como Directiva Hábitats, "tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros en el que se aplica el Tratado".

Y que precisamente, las acertadas políticas que han logrado la conservación del lobo, como parte de esa "fauna amenazada", ya no tienen sentido.

Porque, como recuerda el preámbulo de la norma propuesta por el PP, la misma directiva comunitaria recoge que "las medidas que se adopten en virtud de la presente Directiva tendrán como finalidad el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario".

Pero estas iniciativas siempre "tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales".

Por eso, el artículo 2 de la norma plantea "adaptar la protección de la especie a su estado de conservación actual, basado en criterios científicos, tal y como ha propuesto la Comisión Europea". Y el artículo 3 propone "modificar el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas".

Inacción de Ribera

Ya el pasado diciembre, Bruselas recomendaba a las autoridades locales y nacionales la toma de medidas para hacer frente a la amenaza del lobo, aplicando las derogaciones que ya permite la normativa vigente. Y que utilicen los fondos europeos disponibles para invertir en medidas de prevención y compensación. Bruselas ya publicó en 2021 una guía detallada con ejemplos de las mejores prácticas.

Ante la inacción del Gobierno tras las medidas europeas, y ante la negativa expresa de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ha sido el PP el que ha tomado la iniciativa en el Congreso. Y fuentes de su dirección celebran haber concitado el apoyo de fuerzas "tan heterogéneas".

En opinión del PP, esto demuestra que el Gobierno de Pedro Sánchez está "paralizado, interesándose en su propia supervivencia". Pero que para ella, "ni siquiera cuenta con sus propios socios" que ya legislan a sus espaldas.