Moncloa da por hecho que Sánchez será citado en el Senado para hablar de la actividad de su mujer

Fuentes próximas a Sánchez entienden que el PP no traspasará la línea roja de citar a la propia Gómez en la Cámara Baja y entienden que hacerlo supondría un punto de no retorno en la política española. Además de asegurar que “no hay caso” en lo publicado, porque ninguna actividad o gestión de la mujer del presidente se ha traducido en irregularidad o beneficio alguno.

Este mismo miércoles, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se limitó a pedir explicaciones a Sánchez en una entrevista en Antena 3. Hace dos semanas amagó en el Pleno del Congreso con una comisión de investigación en el Senado sólo sobre este asunto.

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Cabe la posibilidad de que Sánchez no sea incluido en la primera lista de comparecientes ante la comisión que investigará el caso Koldo en el Senado, pero sí posteriormente en una “segunda vuelta”.

El próximo miércoles Sánchez comparecerá en el pleno del Congreso para hablar de la última cumbre europea, pero fuentes socialistas dan por hecho que el cara a cara con Feijóo terminará centrado en estos hechos y en escándalos de corrupción que han saltado en el último mes.

La versión oficial de Moncloa es que no hay nada reprochable en las actividades de Gómez como directora de la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid ni, antes, en el Instituto de Empresa. Además, niegan rotundamente que haya habido concesiones, concursos públicos o resoluciones administrativas con resultados determinados por la participación o gestión de Gómez.

Las acusaciones contra Sánchez y su esposa, recogidas y utilizadas por el PP, se basan en informaciones publicadas en las últimas semanas por El Confidencial.

En primer lugar, ese medio publicó detalles de la relación de amistad entre Gómez con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, y con el miembro de la trama Koldo, Víctor Gonzalo de Aldama.

Vinculaban esa relación con la inyección de 475 millones para Air Europa (propiedad de Globalia) aprobada por el Gobierno y que todavía no ha devuelto. El rescate fue aprobado en noviembre de 2020 por el Consejo de Ministros.

Justo antes del rescate, Globalia pactó pagar 40.000 euros al año al Africa Center, vinculado al Instituto de Empresa, que dirigía Begoña Gómez.

Moncloa considera absurdo vincular el rescate a esa relación, porque fueron ayudas aprobadas en toda la Unión Europea para líneas aéreas muy castigadas por la pandemia. Por ejemplo, el fondo destinó un total de 740 millones para Air Europa, Volotea, Air Nostrum y Plus Ultra, que también recibieron préstamos del ICO.

Los argumentos del Gobierno

Esgrime el Gobierno dos resoluciones de la Oficina de Conflictos e Intereses que archivaron la denuncia del PP por entender que Gómez no tuvo en ningún momento relación de “dirección, asesoramiento o administración” con Air Europa, como prevé la ley. Esa Oficina depende del Ministerio de Hacienda y está dirigida por una alta funcionaria nombrada en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy.

Además, El Confidencial publicó que la mujer de Pedro Sánchez manifestó por escrito en dos cartas su apoyo a una UTE que se presentó a una licitación de 7,7 millones de euros del Ministerio de Economía y acabó llevándose el contrato.

Moncloa asegura que sólo hay una carta, que sólo es un compromiso de difusión de los cursos, que no la firma la mujer del presidente sino la codirectora de la cátedra de la Complutense, que su texto sigue una plantilla habitual, genérica y repetida y que, además, no se pudo tener en cuenta en la adjudicación del concurso porque ni siquiera llegó a la mesa de contratación que lo resolvió.

Añade que las empresas de formación que competían pidieron colaboración para la difusión de su iniciativa a distintas entidades relacionadas con la formación. Esta oferta presentó 20 cartas de apoyo genérico para “colaborar en la difusión”, entre las que se encuentran instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, el secretariado Gitano y empresas y multinacionales como Microsoft o IBM.

Moncloa explica que la carta no compromete a nada a ninguna de las empresas e instituciones, y firmarla no tiene remuneración alguna. Y añade que la carta de Gómez no llegó finalmente a la mesa de contratación y, por eso, queda claro que no pudo tenerse en cuenta en la resolución del concurso.

Según esta versión, la carta fue excluida en el informe que llegó a la mesa de contratación por carecer de trascendencia “en el ámbito tecnológico y a efectos de empleabilidad”. Sí se mantuvieron cartas similares de empresas como IBM, Microsoft y Orange.

Moncloa también niega que haya dos cartas diferentes de Begoña Gómez y explica que se trata de una única carta para lotes distintos del mismo concurso.

La versión oficial explica que el concurso se refería a un proyecto financiado por el Fondo Social Europeo y, por eso, tenía que ser un contrato territorializado que exigía que se sacaran distintos lotes. Uno de esos lotes fue impugnado por uno de los concursantes y por eso se retrasó la tramitación y resolución, y parece otro expediente, pero es el mismo.

Según la información publicada, uno de los principales accionistas de la UTE ganadora, el empresario y consultor Carlos Barrabés, colaboró en el acercamiento de Begoña Gómez a Air Europa en 2019 y, posteriormente, diseñó y llenó de contenido el Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que ella dirige actualmente.

La empresa respaldada por Begoña Gómez obtuvo en tres días contratos de un organismo público por un total de 10,2 millones de euros. En la fase objetiva, medida por criterios cuantificables, esta firma no figuraba entre las mejores porque presentaba peores ofertas económicas, pero, según publica El Confidencial, fue en la fase subjetiva donde la puntuación se disparó y la UTE finalmente ganó por centésimas.

Moncloa ha hecho público un comunicado este jueves, el primero sobre el asunto. En él se insiste en sus argumentos y concluye que "los procedimientos de licitación a que hacen referencia las informaciones antedichas se han tramitado en estricta conformidad con la legislación aplicable vigente y bajo los más altos estándares de transparencia. Dicho procedimiento ha sido objeto de un escrupuloso seguimiento y control, garantizando que el mismo se ajustaba a los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia, concurrencia, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores".

"Ante estos hechos, y la reiteración de petición de rectificación de los mismos, la entidad Red.es está estudiando las acciones legales pertinentes para exigir judicialmente la rectificación de dichas informaciones por faltar abiertamente a la verdad", concluye.