Marlaska se niega a aclarar si pone escolta a Puigdemont por ser algo "reservado" y "secreto"

Para el Ministerio del Interior, ésta se trata de una materia "reservada" y "secreta" porque "pondría en riesgo la seguridad del protegido" y "la seguridad pública".

En todo caso, según el documento al que ha tenido acceso este periódico, el Ejecutivo sí estaba dispuesto a atender la demanda del líder de Junts per Catalunya. Así lo demuestra la explicación de que el Gobierno "solicitó informe a la Abogacía del Estado en el Ministerio del Interior sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de la referida solicitud".

Es más, para el ministro Fernando Grande-Marlaska era importante saber, "en su caso, qué cuerpo policial [sería] el competente para llevarla a cabo". 

La revelación llega ahora, a pesar de que la respuesta escrita tiene sello de entrada en el Registro del congreso del pasado 6 de febrero, hace casi dos semanas. Es más, el Gobierno había dejado pasar más de dos meses para dar contestación a las demandas de las diputadas Ana Vázquez e Isabel Borrego, que firmaron la petición el 29 de noviembre de 2023.

"Riesgo a la seguridad pública"

La respuesta del Gobierno explica, textualmente, que "la asignación de escoltas" se rige por la normativa "relativa a la protección de determinadas materias que, conforme a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, deben ser de acceso restringido y limitado a personal autorizado por afectar a la seguridad y defensa del Estado".

Remitiéndose a esta norma franquista, el Ejecutivo justifica la razón que "determina su clasificación como 'Secreto' o 'Reservado' en nomenclatura de la indicada ley, clasificación que compete al Consejo de Ministros".

El documento, posteriormente, se remonta a varios acuerdos de los gobiernos de Felipe González, en 1986 y 1994, que otorgaron "el carácter de 'Reservado' a aquella información relativa a las plantillas de personal y medios y de equipo de las Unidades".

Sin embargo, las preguntas lanzadas por las dos diputadas del PP no buscaban ningún detalle sobre la identidad del personal, o de las unidades presuntamente asignadas, ni siquiera de los medios con los que contarían los agentes destinados a la protección del prófugo Puigdemont. Las cuatro cuestiones eran las siguientes:

¿Tiene previsto el Ministerio del Interior habilitar escoltas para el sr. Puigdemont, porque considera que hay un riesgo creíble? ¿Qué trámites ha llevado a cabo para responder a tal solicitud de seguridad? ¿Se ha puesto en contacto el Ministerio con la Generalitat de Cataluña para proceder a dicha solicitud? ¿Cuántos escoltas prevé el Ministerio del Interior que necesita el sr. Puigdemont?

En todo caso, según el Gobierno, "la difusión de la información solicitada revelaría datos sobre capacidades y dimensionamiento de las plantillas destinadas a los cometidos de protección". Y eso, explica la respuesta oficial del Ejecutivo, "pondría en riesgo la seguridad del protegido y de los propios agentes, perjudicando, con ello, los intereses de la seguridad pública".