Moncloa da marcha atrás en el cambio de la Ley de Enjuiciamiento al percibir el nulo interés de Junts

No hay decisión firme aunque, en realidad, tampoco la había respecto a esa reforma legal, más allá de una insinuación de Pedro Sánchez en La Sexta y la información transmitida por fuentes oficiales de Moncloa en los últimos días.

Y la rectificación tampoco será una decisión libérrima y basada en el convencimiento porque, en realidad, esa estrategia ha chocado contra el desdén de Junts y el malestar y el rechazo de los socios del PSOE, empezando por Sumar y Podemos.

[El Gobierno se mete en un embrollo judicial y legislativo sin garantías de acuerdo con Junts]

El partido de Carles Puigdemont ha transmitido al PSOE que la recuperación del controvertido artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy no soluciona nada, y que por tanto le es indiferente.

De hecho, es una opción que, según Junts, deja en manos de fiscales el fin de la investigación por terrorismo y, por tanto, la aplicación de la amnistía. Dado que los independentistas han comprobado tanto la resistencia de jueces y fiscales como la falta de control sobre ellos del Gobierno, entienden que no es solución al bloqueo de la amnistía.

En el inicio de las conversaciones con el PSOE el pasado verano, Junts y ERC pidieron un compromiso de "colaboración" de la Fiscalía y ahora los independentistas aseguran que no se ha producido, como lo prueba la decisión de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo sobre el caso Tsunami.

Además, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hizo expreso ayer el rechazo de Sumar a esa reforma legal, por entender que "va en la dirección incorrecta" porque puede afectar a otros casos y provocar el archivo de investigaciones complejas sobre corrupción.

Fuentes de Sumar explican que se replantearían esa posición de rechazo si Junts lo aceptara como salida al desacuerdo sobre la ley de amnistía.

"Ley Berlusconi"

También Podemos la descarta. No en vano, la derogación de esa reforma del PP, matizada luego por la izquierda en 2019, fue una de las banderas de Unidas Podemos y se incluyó expresamente en el acuerdo de coalición que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Según decían, la ley del PP era la "ley de la impunidad" o "la ley Berlusconi". Explicaban que, dado que los casos de corrupción son los más complejos porque requieren arduas investigaciones y comisiones rogatorias, es normal que se prolonguen más allá de los plazos de instrucción establecidos.

Es decir, el PSOE tendría difícil aprobar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento sin Sumar y Podemos y, además, sería inútil hacerlo si Junts no considera que esa es la "solución imaginativa" para desencallar la amnistía.

Además, fuentes del PSOE aseguran que hay reticencias internas y de juristas vinculados al partido a recuperar este artículo. Hay que recordar que la derogación del artículo 324 fue exigida entonces por asociaciones progresistas de jueces y fiscales como la UPF y Jueces y Juezas para la Democracia.

Fuentes de Moncloa prevén seguir negociando con Junts hasta el 21 de febrero, fecha establecida por la Comisión de Justicia del Congreso, y no descartan incluso ampliar ese plazo.

En principio, el Gobierno mantiene la línea roja de no aceptar la enmienda de Junts para incluir todos los delitos de terrorismo. Explica que no lo aceptaría Europa y, por tanto, no se arriesgan a que la ley sea tumbada luego en la UE.