Junts eleva a 1.400 el número de beneficiados por la amnistía frente a los 300 que contempla el PSOE

Desde el PSOE aseguran que la medida de gracia afectará a 309 personas con causas penales vinculadas al procés y a 73 policías procesados por las cargas del 1 de octubre de 2017. Desde Junts, sin embargo, incluyen en el recuento sanciones administrativas, recursos de procedimientos ya cerrados y un largo etcétera.

La batalla de cifras vio la luz este martes con el secretario general de Junts, Jordi Turull, acusando al PSOE de hacer "los números del gran capitán". "Toda gente perseguida de una manera u otra, a nivel penal, administrativo o contable [...] debe poder tener la tranquilidad de que entra en la Ley de Amnistía", aseguró en una entrevista.

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En la misma, aseguró que la cifra de referencia de su partido es la que está marcando actualmente Òmnium Cultural. Esta es, desde el pasado mes de septiembre, la de 1.432 personas. Esta es una rebaja notable para Junts, ya que al inicio de las conversaciones el propio abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, aseguraba que había que amnistiar a 4.000 personas.

Según reconocen fuentes independentistas a EL ESPAÑOL, "no hay un recuento fiable" sobre cuántas personas deberían ser beneficiadas por la amnistía. Explican que, inicialmente, se incluyó en las exigencias a todos los que tenían diligencias abiertas, pero que esa cifra ha ido bajando al cerrarse las mismas. Muestra de ello es que Òmnium cifra en 4.400 los "represaliados" pero sólo cree que pueden beneficiarse 1.432.

De esos, 113 personas serían las que han sido condenadas por la vía penal, 17 pendientes de sentencia, 387 con la causa penal abierta, 880 sancionados administrativamente y 35 pendientes de la resolución del Tribunal de Cuentas.

Las fuentes reconocen que, a pesar de lo específico de la cifra, algunos casos podrían estar incluso duplicados al aparecer, por ejemplo, en el recuento por parte de la sanción administrativa y además por algún tipo de responsabilidad civil.

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De hecho, el pasado mes de octubre, quien fuera presidente del Parlament catalán y mano derecha de Puigdemont, Josep Costa, ya criticó en un artículo las cifras que manejaba el independentismo. Le parecía que asegurar que había 4.000 o 1.432 "represaliados" no se correspondía con la realidad.

En el artículo, explicaba que de las 1.432 causas judiciales hay muchas que ya estaban archivadas o que habían terminado con una absolución. En el caso de las que sí habían acabado en condenas, decía que muchas ya estaban cumplidas o ni siquiera habían terminado en prisión porque la mayoría ni superaban los dos años. En esos casos, la amnistía serviría para borrar los antecedentes, pero para nada más.

Hay parte del independentismo más duro que critica que Junts está inflando las cifras de los beneficiados por la amnistía para que no parezca que se están acogiendo a esta medida de gracia sólo la clase política. Es decir, que temen que se está vendiendo como una solución para el pueblo catalán lo que podría ser sólo una solución para sus dirigentes. No en vano Costa tituló Socializar la rendición el artículo en el que criticaba las cifras.

El PSOE prevé enmiendas

Al margen del baile de cifras, desde el PSOE insisten en que la Ley de Amnistía que presentaron el lunes "está incluido todo" lo que tenga que ver con el procés, que no se limitará sólo a cuestiones penales, por lo que también se aliviarían aquellos que hayan cometido faltas administrativas.

Sin embargo, fuentes socialistas reconocen que el texto presentado puede sufrir modificaciones. Aunque el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el portavoz del partido en el Congreso, Patxi López, aseguran que el proyecto de ley presentado cuenta con el respaldo del resto de formaciones, las fuentes reconocen que no descartan que haya enmiendas al articulado.

Según ya publicó este diario, ERC se negó a firmar la Ley de Amnistía que el PSOE presentó en solitario, en contra de lo previsto inicialmente, porque detectaron "posibles huecos" por los que podrían "colarse los jueces españoles". En caso de que determinen cómo solucionar esos "huecos", podrían presentar enmiendas.

Desde el PSOE indican que si los socios se negaron a firmar fue por "luchas internas" entre Junts y ERC, pero esperan que estas queden pulidas de cara a la aprobación. El objetivo es evitar que suceda algo como lo que pasó con la reforma Ley Mordaza, que ERC contribuyó a tumbar porque no se aceptaban las reformas propuestas por los socialistas en algunos círculos independentistas.

Mientras tanto, el PSOE, que ya puede hablar libremente de una Ley de Amnistía que había estado evitando a toda costa mientras discurrían las negociaciones, va a intentar explicar a la ciudadanía que se trata de una medida similar a los indultos: algo que no se entendió al inicio, que suscitó críticas, pero que acabó siendo aceptado al ver que contribuía a la "normalización" en Cataluña.