Sánchez a Yolanda Díaz: “Tú llega hasta donde yo no puedo”. 109 días para negociar una investidura

“Tú llega hasta donde yo no puedo llegar”, le vino a decir el líder socialista a la de Sumar a la hora de coordinar la estrategia de acercamiento a Carles Puigdemont y de análisis de una posible ley de amnistía y su “venta política” posterior.

En esa reunión, Díaz informó a Sánchez de su intención de utilizar la estrecha amistad con Puigdemont del exdiputado de los Comunes, Jaume Asens. De hecho, en los siguientes días, tras una gestión de Asens, la vicepresidenta segunda inició sus conversaciones telefónicas con el líder de Junts.

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Sánchez activó su equipo más cercano con Félix Bolaños, María Jesús Montero, Santos Cerdán y Óscar López, entre otros. Se jugó con el convencimiento de que Alberto Núñez Feijóo intentaría la investidura, lo que les daba tiempo para abordar sin prisas la negociación.

En ese entorno muy reducido se estableció el perímetro sobre el que cada uno de los partidos necesarios para la investidura podía moverse. Es decir, los asuntos sobre los que cada uno de ellos incidiría en la negociación, con el margen de maniobra del Gobierno para cada uno de ellos. Por ejemplo, con informes jurídicos de confianza sobre las opciones de ley de amnistía y la forma en la que podía encajar en la Constitución. O con estudios de Hacienda sobre los márgenes sobre financiación autonómica y deuda de las comunidades.

Con los partidos con los que ya se había pactado la legislatura anterior fue fácil el contacto, porque los puentes ya estaban tendidos y no fue difícil para Moncloa conocer las peticiones de cada uno de ellos. Con Bildu fue mucho más sencillo; con ERC hay una relación estrecha a través de los gabinetes de Sánchez y de Pere Aragonès. Con  Junts y con PNV había ya una agenda de peticiones que se repetirían ahora y que, de hecho, están en el acuerdo firmado el viernes.

En todos esos casos, se trataba de empezar a sondear e intercambiar papeles lo antes posible. Desde el 23-J hasta el jueves, cuando Puigdemont firmó con Santos Cerdán en Bruselas el acuerdo que habría de nuevo las puertas de la Moncloa para Sánchez pasaron 109 días de tira y afloja.

Desde el principio, el núcleo más reducido próximo a Sánchez analizó las opciones en caso de repetición electoral, estudiando de forma detallada los datos del 23 de julio. Esa repetición electoral fue siempre el plan b en la Moncloa, según explican.

Tuvieron papel destacado en las conversaciones con Sánchez de esos días el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa.

Respecto a Puigdemont, lo primero fue intentar un acercamiento y, sobre todo, constatar la voluntad de llegar a acuerdos, quebrando la línea anterior de evitar cualquier pacto con el Gobierno central.

Cerdán celebró reuniones desde agosto con Jordi Turull, secretario general de Junts, y luego directamente con el propio Puigdemont fuera de España en varias ocasiones. El PNV ayudó también a facilitar el acercamiento al expresident de la Generalitat. 

Cerdán se reunía como representante del PSOE y Bolaños, con cargo institucional, participaba en la distancia.

En las conversaciones participó también Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, con quien los representates de Sánchez intercambiaron multitud de documentos.

El equipo encabezado por Bolaños y Cerdán trabajó desde julio para poner a prueba esa voluntad en la sesión constitutiva del Congreso del 19 de agosto, en la que era necesario un acuerdo con todos esos partidos para tener la Presidencia de la Cámara y la mayoría de la Mesa. Sólo de esa forma es posible controlar la tramitación de iniciativas y poder cumplir los acuerdos de investidura, y así se lo trasladaron a los posibles socios.

Junts mostró su desconfianza hacia el PSOE al exigir, antes de la constitución del Congreso, el compromiso sobre el uso del catalán en la Cámara y ante la UE.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, lo tramitó en Bruselas a toda prisa y en el Congreso la presidenta Francina Armengol colaboró en la tramitación urgente de la proposición sobre el uso de las lenguas cooficiales y las gestiones para acelerar los contratos necesarios para aplicarlo, forzando los procedimientos. El papel de Armengol fue importante, según explican.

Ese paso de los de Puigdemont fue celebrado en la Moncloa como la constatación de la voluntad de Junts de llegar a acuerdos, lo que incluía no sólo el apoyo a la investidura, sino la posibilidad de contar con ellos en la legislatura y avanzar en la hoja de ruta respecto a Cataluña.

Se construyó en la Moncloa el discurso de la reconciliación y el reencuentro y el diseño de ese pacto histórico con Cataluña para cerrar el conflicto.

Para entonces, ninguno de los portavoces autorizados de Moncloa, ni el propio presidente del Gobierno hablaban de la amnistía. Era Yolanda Díaz la que lo hacia, cumpliendo la petición de “tú llega hasta donde yo no puedo llegar”.

En esa línea y de forma coordinada, la líder de Sumar puso en marcha el grupo de juristas (inicialmente 20) para hacer una propuesta de amnistía. 

Ese documento fue presentado el 10 de octubre. Fuentes de Moncloa explican que la intención inicial de Sumar era presentarlo una semana antes, pero el presidente del Gobierno le pidió que lo retrasara para no interferir en la negociación.

Además, desde Moncloa se hicieron correcciones al texto antes de ser presentado. Aún Sanchez no hablaba de amnistía en público, pero la vicepresidenta iba abriendo la puerta para tener ya el debate público sobre la futura ley orgánica. Aunque eso, en algunos momentos, fue interpretado en el entorno de Sánchez como interferencias de la líder de Sumar. Más por parte del equipo que del propio Sánchez.

El 4 de septiembre, la vicepresidenta se reunió en Bruselas con Puigdemont. Se difundió entonces que Sánchez lo supo el día antes, un domingo, por la noche.

Conversaciones telefónicas

Fuentes de Moncloa explican que es cierto que el jefe de Gabinete de Díaz, Josep Vendrell, se lo comunicó de esa forma a Óscar López, jefe de Gabinete de Sánchez. Pero añaden que el presidente conocía desde hacía tiempo la intención de su vicepresidenta de reunirse con Puigdemont. 

De hecho, estaba al tanto de las conversaciones telefónicas de ambos, que le sirvieron también para conocer detalles de la posición del ex president de la Generalitat, imprescindible para abordar una negociación. Por ejemplo, su exigencia de tramitar la proposición de ley de amnistía antes de la investidura de Sánchez.

Los negociadores de Moncloa lograron luego rebajar esta exigencia a la presentación de la proposición de ley en el registro del Congreso.

No lograron frenar la petición de un verificador internacional, por el empeño de Puigdemont y sus amenazas de ruptura por este asunto. Sánchez terminó aceptándolo, con sugerencia y apoyo de Zapatero para salvar el acuerdo.

Moncloa asegura que pese a haberse cerrado el acuerdo aún no se ha pactado quién será el verificador. Junts asegura que ya está decidido por ambas partes y que la primera reunión con él será en noviembre. Luego se repetirá cada mes fuera de España.

Por Junts, además del propio Puigdemont, que ha tenido multitud de contactos directos con los representantes de Sánchez han participado Jordi Turull, el abogado Gonzalo Boye y la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras. 

Uno de los participantes en esas conversaciones explica que el líder de Junts ha sido especialmente correoso, con algunas obsesiones como la reivindicación del referéndum del 1 de Octubre y su reconocimiento como “president de la Generalitat” que se reflejó en la nota del PSOE sobre su reunión con Cerdán en Bruselas.

En esos contactos han conocido que Puigdemont no tiene intención alguna de presentarse a las elecciones autonómicas catalanas, si es que para entonces ya está en vigor la ley de amnistía.

Otro escollo difícil de solventar fue el del reconocimiento de Cataluña como nación. Hasta el último momento estuvo abierto, incluso después de acordar orillar el asunto, y, finalmente, se optó por la fórmula de llevar esa discusión a una mesa de diálogo junto a la petición de referéndum de autodeterminación.

También cuando desde Moncloa se insistió en que exigirían la renuncia a la unilateralidad. Esas informaciones provocaron la suspensión de alguna reunión, según Junts.

Momento difícil de la negociación fue el tramo final, cuando Moncloa tenía claro un calendario según el cual la investidura hubiera tenido lugar esta pasada semana. En ese momento, Junts reabrió algunos puntos ya cerrados, para mantener la incertidumbre.

En la recta final de la negociación se atascaron en el alcance la amnistía, porque Junts pretendía incluir los casos de Boye, Laura Borràs y Josep Lluís Alay. El Gobierno se negaba y se encontró una solución imaginativa: un párrafo ambiguo intencionadamente, que menciona el lawfare y que ha irritado a jueces y fiscales.

Además, en los últimos días, el auto del juez Manuel García Castellón imputando a Puigdemont por terrorismo sirvió como acelerador del acuerdo.

Fuentes del Gobierno admiten que fue un error querer cerrar los acuerdos con la foto de Bolaños con Oriol Junqueras, obviando que Puigdemont quería mantener el foco hasta el último momento. Sobre todo, después de que Sánchez ya cruzara el punto de no retorno con su intervención ante el Comité Federal del PSOE y la foto de Cerdán con Puigdemont.

Para el argumentario de cierre del pacto, Sánchez utilizará intensamente la idea de que los independentistas ya están integrados en el sistema político e institucional, porque aceptan que cualquier paso será negociado y acordado.