El PSOE asume el relato de que los jueces y el PP son los culpables del 'procés' y omite la DIU y la violencia

En el acuerdo ratificado este jueves con Junts per Cataluña para la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE asume a pies juntillas las líneas maestras del relato que viene estableciendo desde hace décadas el independentismo para justificar sus reivindicaciones y, sobre todo, sus actuaciones.

Entre otras cuestiones, los socialistas aceptan que no hubo violencia durante todo el procés y señalan a los jueces y al Partido Popular como culpables del "conflicto" de Cataluña con el Estado; eludiendo de esta forma episodios como las leyes de desconexión con el Estado aprobadas por el Parlament o la declaración de independencia por la vía unilateral. 

En el preámbulo del texto firmado en Bruselas entre Santos Cerdán y Jordi Turull, se traza un recorrido histórico que va desde la guerra de sucesión española hasta la actualidad. Todo para sentar las bases de un entendimiento a futuro que solvente el "conflicto histórico" de Cataluña con el Estado. 

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Según admiten ahora los socialistas, el procés arrancó cuando el Tribunal Constitucional tumbó en 2010, como consecuencia de "un recurso del PP", el Estatut aprobado en 2006 por el Parlament; que fue avalado por las Cortes Generales y refrendado por el pueblo catalán, y que buscaba "tanto el reconocimiento de Catalunya como nación como la solución a las limitaciones del autogobierno y a los déficits acumulados". 

No obstante, en las referencias al capítulo del Estatut, los socialistas no mencionan que este texto fue criticado por muchos de sus dirigentes y exdirigentes, por ejemplo Felipe González; y que la resolución del Alto Tribunal en 2010 que anulaba algunos de sus artículos fue celebrada por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. 

Esta sentencia, prosigue el relato, "conllevó que Cataluña sea la única comunidad con un texto autonómico que "no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía", lo que ha desencadenado "grandes manifestaciones de protesta" y que, desde 2015, se hayan repetido "mayorías absolutas independentistas" en las sucesivas elecciones catalanas. 

A partir de ahí, socialistas e independentistas ponen el foco sobre el Gobierno de Mariano Rajoy. Porque no favoreció la "negociación política" y no consideró ninguna de las propuestas "hechas desde la lealtad y el marco legal vigente", en referencia a: "La solicitud de delegación de la competencia para la autorización de referendos o la organización de una consulta al amparo de una ley autonómica".

En la era de Rajoy, prosigue la relación de hechos establecida entre PSOE y Junts, "las instituciones catalanas promovieron, primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 y, después, un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 -ambos suspendidos y posteriormente anulados por el TC- con una participación masiva en favor de la independencia de Catalunya".

En su narración, PSOE y Junts recalcan que "el intento del Gobierno" del Ejecutivo de "impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes" que "impactaron a todos dentro y fuera" de las "fronteras" españoles. Y, acto seguido, rememoran la "aprobación del artículo 155 de la Constitución, que destituyó al Gobierno catalán y disolvió el Parlament. Aunque no citan que esta medida se aplicó gracias al cierre de filas de Pedro Sánchez con el Ejecutivo popular. 

Tampoco menciona la relación de acontecimientos que el Parlament catalán aprobó unas leyes de desconexión con el Estado que, según denunciaron los letrados de la cámara autonómica, eran ilegales, o que durante el procés se produjeron multitud de episodios violentos espoleados por la Generalitat, que legitimó movimientos considerados terroristas, como Tsunami Democrátic o los CDR. 

En definitiva, PSOE y Juns dictaminan que la única responsabilidad de todo lo acontecido en Cataluña en los últimos años es: del Tribunal Constitucional y del Partido Popular. Porque fagocitaron un Estatut que venía a poner orden a una pugna que los enmarcan en 1714, cuando se aprobaron los decretos de nueva planta que "abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalunya".