Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, en una foto de archivo de 2016. EFE
Sánchez se queda sin bazas para pactar con Junts: ni Congreso políglota, ni quita de deuda, ni consulta
Ni las exigencias de los independentistas ni los guiños de Sumar tienen encaje legal para usar la investidura como moneda de cambio.
3 agosto, 2023 03:06Un día después del 23-J, con el viento de cara y toda la izquierda fraguando su reelección, Pedro Sánchez prometió a la Ejecutiva del PSOE que la democracia encontraría "el camino" para su investidura. Así se planteó durante los primeros días, pero la realidad legal, jurídica, política y legislativa se impone: el líder socialista se queda sin nada que ofrecer a los independentistas catalanes, cuyos síes son imprescindibles tanto para reeditar el Gobierno como para mantener el control de la Mesa del Congreso.
La "condonación" selectiva de los 71.000 millones de euros de la deuda de la Generalitat con el FLA ha sido rechazada por todas las comunidades autónomas, incluidas las del PSOE. Una "reforma del Estatut" sería bloqueada por la mayoría absoluta del PP en el Senado. La "amnistía" de Carles Puigdemont y del resto de procesados por el 1-O no está contemplada en las leyes. Y la Constitución rechaza trocear la soberanía nacional para un "referéndum de autodeterminación". En este escenario, la "inviable" propuesta de Yolanda Díaz para el uso de las lenguas cooficiales en las Cortes ha reaparecido como guiño al independentismo.
Un portavoz de la Presidencia de la Generalitat explica a este diario que "lo que firmaron en la Mesa de Diálogo entre el Govern y el Gobierno del Estado es que el catalán sea lengua oficial en el Parlamento Europeo y en el Senado". La última reunión del órgano acordó "extender" su uso en la Cámara Alta, pero también quedará bloqueado por la mayoría absoluta del PP, según confirman fuentes de la dirección de Génova a EL ESPAÑOL.
Los republicanos exigen que este acuerdo se cumpla tanto en el Senado como en el Parlamento Europeo y advierten de que no van a renunciar a ello, al menos en lo que a Europa se refiere. A pesar de ello, fuentes de la Eurocámara confirman que "ni los grupos ni el Gobierno español han dado un solo paso" al respecto.
Lenguas cooficiales
En plenas negociaciones para conformar la Mesa del Congreso y armar una mayoría de investidura, justo en medio del fuego cruzado de los independentistas para ver cuánto se puede estirar la cuerda antes de que se rompa, Yolanda Díaz pidió este miércoles reformar el reglamento del hemiciclo. El objetivo: permitir el uso de las distintas lenguas del Estado —las llamadas "cooficiales", más allá del castellano— y velar por su traducción y protección en las sesiones de la Cámara Baja, una antigua reivindicación nacionalista que ya prácticamente todos dan por "inviable".
Esta es la misma palabra que utilizan distintas fuentes parlamentarias, entre ellas socialistas, para definir la propuesta de la líder de Sumar. Así, el guiño de la vicepresidenta en funciones a los partidos nacionalistas —de cuyo voto depende la reedición del Gobierno y el control de la Mesa del Congreso— parece más un brindis al sol que una auténtica defensa de la iniciativa, que ya presentaron ERC, PNV y el Grupo Plural en la legislatura pasada.
De hecho, ni siquiera Esquerra Republicana reclama ya la susodicha reforma del artículo 6 del reglamento del Congreso, que es el que define los derechos de los diputados. Con el persistente e histórico bloqueo del PSOE, en la Cámara Baja queda claro desde hace tiempo que extender las lenguas cooficiales es una quimera jurídica y, sobre todo, económica.
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El reglamento del Congreso no dice nada sobre el idioma que debe emplearse en sus plenos, pero la Constitución sí establece claramente que la lengua que se debe usar es "la oficial del Estado". En el Senado, por ejemplo, sí se admiten las lenguas cooficiales en determinadas mociones escudándose en que es una cámara "de representación territorial", una excusa que no existe en el hemiciclo de Carrera de San Jerónimo.
Según las últimas cuentas anuales, la Cámara Alta destina a este extremo algo menos de medio millón de euros al año, pero las labores de traducción sólo se prestan en momentos muy concretos. Las estimaciones de Junts el año pasado, por ejemplo, calculaban que el coste total para el Senado sería de un millón de euros —para pagar equipos, traductores e infraestructuras— y, aunque no hay estudios concretos, un Congreso políglota sería todavía más caro.
Condonar la deuda
Un día antes de que Díaz reviviese la propuesta de las lenguas cooficiales para el Congreso, la vicesecretaria general de los socialistas, María Jesús Montero, ya había lanzado su primer guiño a los nacionalistas. Su idea, también imposible, fue abrir el debate sobre una condonación de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) sin contar con el PP.
En la pasada legislatura, este elemento nunca se sometió a los juegos políticos para armar mayorías, de modo que su entrada en el debate debe entenderse como un gesto a Junts y, a la vez, un primer paso para cimentar la agenda de Puigdemont desde el chalet de Waterloo. Así, el concepto de la "plurinacionalidad" es el más repetido por todos los socios con los que presuntamente pactará Sánchez, hoy presidente en funciones, para repetir en la Moncloa.
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De esta forma, una quita —parcial o total— de la deuda catalana con el Estado sería el elemento clave para tener el permiso de los independentistas en la "urgencia de la legislatura", como llamó este martes Montero a la financiación autonómica. Además, las regiones que más años llevan reclamando resolver su infrafinanciación vienen de gobiernos con signos políticos muy distintos, pero incluso las comunidades gobernadas por el PSOE han rechazado la opción.
El montante total de la deuda de las autonomías con el Estado es considerable. En total, son unos 187.029 millones de euros, más de la mitad de la deuda regional total (322.211 millones). La región con mayor deuda, con diferencia, es Cataluña, con 71.852 millones de euros; seguida de la Comunidad Valenciana, con 46.274 millones, y Andalucía, con 25.276 millones.
Referéndum y amnistía
La primera vez que las palabras "referéndum y amnistía" aparecieron en la Mesa de Diálogo fueron pronunciadas por Pere Aragonès (ERC), pero duraron poco. Con unos Presupuestos Generales del Estado en juego, Pedro Sánchez capeó aquella negociación y la desvió a los indultos, primero, y a la reforma del Código Penal sobre la sedición y malversación, después. La noche del 23-J, Junts recogió el testigo y recuperó aquella reivindicación.
El Gobierno ya ha dicho claramente que la amnistía y la autodeterminación exceden el marco de la Constitución y, por tanto, es imposible que se acceda a ello para lograr la investidura. Junts lo sabe. ERC, por su parte, ha rebajado sus expectativas y pide ahora el traspaso de los trenes de cercanías (Rodalies), la rebaja del déficit fiscal de Cataluña y el mantenimiento de esa Mesa de Diálogo.
En la futura negociación, Moncloa da por hecho que habrá tensión con todos los partidos nacionalistas, entre otras cosas, porque todos salvo EH Bildu vienen de malos resultados y con necesidades electorales en sus comunidades para 2024. Respecto a Puigdemont, tanto el PSC como Sumar han contemplado siempre mantener la mesa de diálogo con Cataluña (de la que se autoexcluyó Junts) para buscar "un acuerdo de encaje territorial".
El secretario general de Junts, Jordi Turull, abrió las conversaciones advirtiendo que no se sentía "obligado a elegir" entre Sánchez y Feijóo y que sólo respondería ante su programa electoral. "Si hay amnistía, pero no hay referéndum, volvemos a lo mismo", dijo en un primer momento. Hoy por hoy, las exigencias han ido bajando.
Por el momento, fuentes parlamentarias dan por hecho que el PSOE facilitará que ERC y Junts tengan grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados, a cambio de facilitar que haya un presidente del Congreso socialista. De los acuerdos de investidura todavía no se sabe nada, y las negociaciones se pilotan en paralelo, descoordinadas, entre los equipos socialistas y los de Sumar.
