Bruselas reprende a España por falta de avances en el CGPJ y bajar la pena de malversación

Coinicidiendo con el inicio de su presidencia europea, la Comisión de Ursula von der Leyen ha amonestado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de avances en la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el refuerzo de la indepedencia del fiscal general del Estado, lo que supone un incumplimiento de las recomendaciones formuladas por Bruselas hace un año.

En su cuarto informe anual sobre la situación del Estado de derecho en la UE, el Ejecutivo comunitario se hace eco además de las críticas generales al Gobierno por la rebaja de penas en el delito de malversación. Pero no incluye ninguna recomendación concreta en esta materia, aunque la nueva directiva anticorrupción europea obligará a España a subir de nuevo las penas.

"La reforma de los delitos relacionados con la corrupción introdujo el delito de enriquecimiento ilícito y la revisión del delito de malversación, incluyendo la rebaja de penas en algunos casos, lo que ha sido criticado por las partes afectadas", se limita a señalar el informe.

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En la rueda de prensa de presentación del informe, el comisario de Justicia, el belga Didier Reyenders, ha explicado que todavía está examinando el alcance de la reforma de la malversación "para ver si tiene consecuencias negativas en otros temas", como "la lucha contra el blanqueo de dinero".

El Ejecutivo comunitario sí denuncia que el Gobierno de Sánchez ha incumplido las recomendaciones que Bruselas le formuló hace un año sobre el órgano de gobierno de los jueces y sobre la fiscalía general del Estado.

"No ha habido avances en la renovación del CGPJ de forma prioritaria y en el lanzamiento, inmediatamente después de su renovación, de un proceso para cambiar el procedimiento de nombramiento de sus miembros, teniendo en cuenta las normas europeas", señala el informe.

Bruselas lleva años pidiendo al Gobierno de Sánchez una reforma para que los jueces nombren directamente al menos a la mitad de los miembros del CGPJ y no a través del Parlamento como ahora. Un cambio que el PSOE rechaza y el PP ha incluido en su programa electoral de cara al 23-J.

"La situación del CGPJ plantea serias preocupaciones", apunta el informe del Ejecutivo comunitario. "La falta de renovación está teniendo un impacto en el trabajo del Tribunal Supremo y del sistema judicial en su conjunto, suscitando inquietud en relación con el número de casos juzgados por el Supremo y su duración", prosigue el texto. 

Por ello, la Comisión vuelve a fijar como prioridad para el próximo Gobierno que salga de los comicios la renovación urgente del CGPJ y el lanzamiento, inmediatamente después, de la reforma del procedimiento de elección de sus miembros. "Tendremos que esperar a que los ganadores de las elecciones actúen y siempre vamos a repetir que consideramos esto como una prioridad para España en materia de Estado de derecho", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova.

El informe sobre el Estado de derecho denuncia además que "no ha habido progresos en el fortalecimiento del estatuto del fiscal general, en particular por lo que se refiere a la separación del mandato del fiscal general del del gobierno". Esta es la segunda recomendación de Bruselas al nuevo Gobierno: reformar la "independencia" y la "autonomía" del fiscal general.

El Ejecutivo comunitario señala además que "el régimen de incompatibilidades para los jueces con otras profesiones, como los nombramientos políticos, continua siendo un motivo de preocupación" en España.

Por lo demás, el informe censura la falta de progresos a la hora de reducir la duración de las investigaciones y los procedimientos judiciales con el fin de aumentar la eficiencia a la hora de hacer frente a los casos de corrupción de alto nivel. 

De cara a la nueva legislatura, la Comisión reclama adoptar una nueva legislación sobre grupos de presión, que incluya el establecimiento de un registro público obligatorio de lobbies. Otra prioridad del nuevo Gobierno debe ser fortalecer las normas sobre conflictos de interés y declaraciones patrimoniales de los altos cargos, reforzando la potestad sancionadora de la Oficina de Conflictos de Interés.