Bruselas traslada a la Junta su "preocupación" por el daño de la ley de regadíos a Doñana

A la Comisión Europea no le han convencido los argumentos de la Junta en defensa de la nueva ley de regadíos promovida por el PP y Vox en el Parlamento andaluz. Durante una reunión este lunes en Bruselas, el comisario de Medio Ambiente, el lituanio Virginijus Sinkevicius, le ha trasladado personalmente al consejero andaluz de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, su "profunda preocupación" por el "probable impacto negativo" de la norma en Doñana, según ha informado un portavoz del Ejecutivo comunitario.

La Comisión Europea considera que la proposición de ley de regadíos "parece ir en dirección contraria" a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de junio de 2021, que obliga a España a tomar medidas para frenar la extracción de agua y reforzar la protección de los hábitats del Parque Natural.

"El comisario recordó que la Comisión está profundamente preocupada porque la legislación andaluza, si se aprueba como se ha propuesto, podría deteriorar el humedal protegido de Doñana, uno de los más grandes de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000", ha explicado el portavoz de Medio Ambiente, Adalbert Jahnz, en un comunicado.

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"Las medidas adoptadas hasta ahora por España para hacer frente a los incumplimientos declarados por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 24 de junio de 2021 en relación con Doñana no son suficientes, incluso sin el probable impacto negativo de la normativa propuesta, que parece ir en dirección contraria" al fallo, sostiene el Ejecutivo comunitario.

"Existen pruebas sólidas de que la agricultura intensiva y los centros turísticos cercanos están relacionados con la desecación o la reducción del nivel de agua de los estanques en todo Doñana, lo que demuestra que los niveles actuales de explotación de las aguas subterráneas son insostenibles y requieren medidas urgentes para controlar las extracciones", ha subrayado el portavoz.

"El proyecto de ley crea un marco legal favorable para el reconocimiento de los derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales que se sumarían a la presión excesiva sobre las masas de agua subterránea ya sobreexplotadas", denuncia la Comisión.  

En su reunión con Fernández-Pacheco, el comisario de Medio Ambiente aseguró que es consciente de la importancia del riego para la economía local. Pero le recordó que la legislación de la UE "exige un uso sostenible del agua y la conservación de los lugares protegidos", especialmente en la situación actual de "severo estrés hídrico". En este sentido, Linkevicius señaló que en la mitad sur de España no ha habido lluvias en el periodo entre el 1 y el 17 de abril.

"Los valores naturales excepcionales de Doñana deben ser preservados ya que son importantes para Andalucía, España y la UE en su conjunto. Es probable que un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea tenga efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana, uno de los puntos críticos de biodiversidad de la UE", sostiene la Comisión.

¿Cuál es ahora el siguiente paso? El comisario de Medio Ambiente ha explicado al portavoz de la Junta que su departamento examinará ahora las aclaraciones proporcionadas en las cartas del Gobierno español y del Gobierno andaluz el pasado viernes antes de decidir sobre qué medidas adoptar. El Ejecutivo comunitario ya ha avisado de que podría imponer sanciones económicas a España si no garantiza la protección de Doñana.

La norma no perjudica al acuífero

Por su parte, Fernández-Pacheco ha reconocido que el comisario de Medio Ambiente le ha trasladado personalmente que está "muy preocupado" por Doñana, pero ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de impulsar una estrategia de "descalificaciones", "insultos", "bulos" y "mentiras" contra la Junta de Andalucía.

El consejero de Sostenibilidad sostiene que la inquietud de Bruselas se debe al incumplimiento de la sentencia del TJUE que obliga a garantizar la protección del Parque Natural ("que en un 80% es responsabilidad del Gobierno de España") y no a la nueva ley de regadíos.

Fernández-Pacheco le ha dicho a Sinkevicius que la regularización prevista en la norma "en absoluto perjudica al acuífero de Doñana". "Estamos hablando de aguas que vendrían siempre en superficie, siempre a través de un trasvase que el propio Gobierno de España prometió y comprometió por ley, nada más y nada menos, en el año 20218 y cuyas infraestructuras ni siquiera han comenzado", se ha quejado.

El consejero de Sostenibilidad ha alegado además ante la Comisión Europea que "esta proposición de ley en absoluto amnistía a ninguno de los infractores". "Desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía, los procesos sancionatorios en el ámbito de nuestras competencias en Doñana se han multiplicado por cuatro", ha asegurado.

"Todo aquel que infrinja la ley, todo aquel que perjudique a Doñana, tendrá siempre enfrente, de manera rotunda y categórica, a la Junta de Andalucía. No sólo para proceder con la sanción, sino también para restaurar ambientalmente todo lo que merezca la pena", ha insistido el consejero de Sostenibilidad.

¿Cuál ha sido la respuesta del comisario de Medio Ambiente a sus alegaciones? "El comisario ha dicho que lo va a estudiar, que va a analizar las propuestas que le hemos hecho hoy en la reunión y que por supuesto seguimos con todos los cauces abiertos", asegura Fernández-Pacheco, que ha reiterado la disposición del Gobierno andaluz a introducir cambios en la ley durante su tramitación parlamentaria.

Por eso, la Junta de Andalucía lleva desde noviembre solicitando reunirse con el Gobierno central, sin obtener respuesta. "Si no estuviéramos dispuestos a cambiar, esas conversaciones o esas reuniones no tendrían ningún sentido. Nosotros no estamos para perder el tiempo ni para hacérselo perder a nadie", ha insistido el portavoz.

"La proposición de ley está en el Parlamento de Andalucía y los diferentes grupos políticos tendrán la posibilidad de presentar enmiendas. Los agentes sociales implicados y afectados por la ley van a tener la oportunidad de comparecer en el Parlamento. Y en eso consiste el parlamentarismo: en hablar y sobre todo en escuchar y eso es lo que vamos a hacer", sostiene Fernández-Pacheco.

"Hemos acudido a esta reunión de manera discreta, de manera seria y con la verdad como único instrumento. Como único arma con el que defendernos frente este ataque continuo, con este aluvión de descalificaciones, de bulos, de mentiras que el Gobierno de España y el Partido Socialista viene impulsando desde que se conoció la presentación de la proposición de ley", ha denunciado el portavoz del Gobierno andaluz.

Sánchez irá al Constitucional

Por su parte, la vicepresidente tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que el Gobierno de Sánchez acudirá al Constitucional si el Parlamento andaluz sigue adelante con la ley de regadíos y trasladará a la Junta el pago de la sanción económica que imponga Bruselas, que según ha dicho será "importante".

Ribera sostiene que no hay margen para introducir enmiendas en la ley, sino que la única solución posible es retirarla porque va "diametralmente en contra" de la sentencia del TJUE e "incrementa los riesgos" para Doñana. 

"Corresponde retirar este texto y sobre esa base podremos hablar de lo que se necesite para reforzar la ejecución (de la sentencia del TJUE). Pero no vamos a negociar ilegalidades", ha dicho la vicepresidenta tercera en una rueda de prensa improvisada para hablar de la reunión de Fernández-Pacheco y Sinkevicius.

"En el supuesto -que espero no se materialice- de que esto se materialice, obviamente nosotros acudiríamos al Tribunal Constitucional. Y obviamente habría que pensar -en el supuesto de que llegara a haber multas coercitivas- cómo se pueden trasladar esas multas coercitivas a quien debe pagarlas porque saben que esta es la amenaza real, cierta, que ha dejado por escrito y claramente en la reunión dicha el propio comisario", afirma Ribera. 

"No caben enmiendas, cabe la retirada. La devolución íntegra de esta ley al sitio del que no debió salir nunca jamás, que es la papelera", ha zanjado la vicepresidenta.