Sánchez aprovecha que ya tiene Presupuestos para frenar a Podemos y modificar sus leyes

Aquellas disputas empezaron por la aprobación de la llamada ley del sólo sí es sí que promovía Irene Montero, ministra de Igualdad, y que los socialistas objetaban casi en su totalidad. Esa norma ha vuelto ahora en forma de polémica por rebajas de penas a condenados por delitos sexuales y al tiempo se han multiplicado los desencuentros a propósito de otras normas, la mayoría tramitadas a instancias de Unidas Podemos.

Fuentes de Moncloa aseguran que se mantiene intacta la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por acabar la legislatura con el Gobierno de coalición. Y fuentes de Unidas Podemos explican que tampoco ven necesidad de romper.

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Habitualmente, las coaliciones suelen romperse antes de llegar a las elecciones. Se suele buscar la “causa justa” que sirva para sustentar esa decisión y así poder diferenciarse de cara a las elecciones.

Sin embargo, en este caso ambas partes señalan que les es mucho más rentable poder mostrar como logro del Gobierno de coalición la estabilidad, sobre todo, porque es seguro que si la derecha no suma tras las generales, tanto el PSOE como el espacio político situado a su izquierda necesitarán reeditar la coalición para mantenerse en el Ejecutivo.

No pueden permitirse acabar con fracaso, como ha ocurrido con todas las coaliciones en casi todas las comunidades autónomas de PP y Ciudadanos.

¿Por qué hay cada vez más desacuerdos entre PSOE y Unidas Podemos sobre leyes concretas?

Moncloa explica que lo que ha cambiado sustancialmente la situación es que la mayoría de leyes que se tramitan en este momento son iniciativa de Unidas Podemos o, al menos, la parte minoritaria del Gobierno tiene interés en que salgan adelante.

Por ejemplo, la Ley Trans, la de vivienda, la de familia o la llamada Ley mordaza, entre otras.

“Ahora la mayoría de las leyes son suyas, el interés es de ellos y, por tanto, tenemos capacidad para vetar o condicionar su contenido”, explica un alto cargo de Moncloa.

Según esta versión, todas las normas de la legislatura han necesitado los votos del PSOE y se trata de hacer valer sus 120 escaños y “poner en pie en pared” ante algunas de las peticiones de Unidas Podemos.

A algunas de esas normas, los socialistas le han dado una “patada hacia adelante” por falta de acuerdo y ahora se han ido acumulando. 

Líneas rojas

El partido minoritario de la coalición, a su vez, necesita mostrar al final de la legislatura que su decisión de entrar en el Gobierno ha merecido la pena y, para eso, necesita poder exhibir acuerdos sociales y la aprobación de normas en las que ha mostrado especial empeño y que ha identificado como suyas.

Ha cambiado también que ya están prácticamente aprobados los Presupuestos para 2023, lo que libera a Sánchez de la necesidad de seguir negociando y cediendo con sus socios de coalición. Se puede permitir marcar líneas rojas y hasta hacer caer normas por el simple paso del tiempo.

La legislatura ha llegado ya a un momento en el que hay proyectos de ley que apruebe el Consejo de Ministros que no podrán ser aprobados por falta de tiempo y el PSOE tienen capacidad de jugar con los plazos en el Congreso.

Es el caso de la futura ley de familia que impulsa la ministra Ione Belarra. El anteproyecto iba a ser aprobado en primera vuelta el martes, pero fuentes de Moncloa explican que el mismo lunes por la noche hubo ministerios afectados que encendieron la luz de alarma porque el texto no había sido supervisado. Por eso se aplazó su aprobación, para seguir negociando con otros ministerios que presentan objeciones.

Incluso si se viera la próxima semana en el Consejo de Ministros, empezaría la fase de informe de órganos consultivos como el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social entre otros. De esa forma, hasta los primeros meses de 2023 no volvería al Consejo de Ministros para su envío al Congreso, lo que podría producirse a partir del segundo trimestre, en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales. Los plazos serían ya apretados, porque en octubre deben disolverse las Cortes para las elecciones previstas para el 10 de diciembre y en esa fecha decaerán todas las normas en trámite.

El PSOE, además, vive un contexto interno de cierto hartazgo con respecto a algunas de las actitudes de sus socios. Por ejemplo, la respuesta de Irene Montero y su ministerio a las resoluciones judiciales que rebajaban condenas de convictos por delitos sexuales.

La queja en el PSOE es que Sánchez siempre ha terminado haciendo caso a la ministra de Igualdad, pero tras lo ocurrido con la ley del si es si, puede modificar eso ligeramente.

Para la Ley Trans, el PSOE confía en que el PP apoye su enmienda que establece garantías y limita la autodeterminación para menores porque, en caso contrario, saldría sin esa prevención. Si fuera así, se provocaría el malestar de feministas vinculadas al PSOE, pero si los socialistas la pactaran con el PP el malestar sería del socio minoritario del Gobierno, es decir, Unidas Podemos.