Puigdemont sale malparado del Tribunal de la UE en la vista clave sobre su inmunidad

La presidenta del Tribunal General de la UE (TGUE) y ponente de la sentencia, la chipriota Anna Marcoulli, tuvo varios choques tensos con el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, durante una maratoniana vista que duró algo más de cinco horas. Marcoulli expresó en voz alta sus dudas sobre los argumentos presentados en defensa de la inmunidad de Puigdemont.  

Aunque el fallo todavía tardará varios meses (se espera para el primer semestre de 2023) y puede recurrirse, la sensación es que el político huido lleva las de perder en este asunto.

Las cosas se torcieron pronto para los intereses de Puigdemont en la vista. Por primera vez, la Eurocámara reconocía que "probablemente" se equivocó al darle unilateralmente su escaño en enero de 2020, sin tener en cuenta la posición contraria de España. Es decir, el Parlamento Europeo da a entender ahora que el expresidente catalán nunca tendría que haberse beneficiado de la inmunidad asociada a este cargo.

Puigdemont (junto con sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí) reclama en esta causa a la Justicia europea que anule la decisión de la Eurocámara de retirarle la inmunidad, adoptada en pleno en marzo de 2021 por 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones. Una medida que el Parlamento aprobó en resupuesta al suplicatorio remitido por el juez del Supremo, Pablo Llarena, con el fin de poder reactivar la euroorden contra él por sedición y malversación. 

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Durante la vista de este viernes, Boye acusó al Parlamento Europeo de tratar a Puigdemont de forma "vejatoria". También denunció la "falta de imparcialidad" del ponente del informe del suplicatorio, el ultra búlgaro Angel Dzhambazki. Fue uno de los organizadores de un acto de Vox en Bruselas en marzo de 2019 y comparte grupo en la Eurocámara con la formación de Santiago Abascal, que es acusación popular en el procés, argumentó.

El expresidente catalán también reprochó falta de imparcialidad al eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, presidente del comité de Asuntos Jurídicos, que fue el responsable de tramitar el suplicatorio. Y dijo que los liberales españoles han mostrado una "hostilidad feroz" hacia él y sus exconsellers.

"Decisión política"

Estos argumentos no convencieron en absoluto a la presidenta del TGUE. Marcoulli subrayó en varias intervenciones que el levantamiento de la inmunidad es una "decisión política", por lo que la exigencia de imparcialidad es menos estricta que si fuera administrativa o judicial.

En el momento en que se tramitó el suplicatorio, una gran mayoría de eurodiputados ya tenían una opinión formada sobre Puigdemont y el procés, a favor o en contra. "¿Cómo se debería examinar el perfil de cada eurodiputado para encontrar a uno que fuera imparcial? ¿Imparcial según quién?", le respondió la presidenta a Boye.

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Además, el informe para quitar la inmunidad a Puigdemont se votó no sólo en el comité de Asuntos Jurídicos, sino también en el pleno de la Eurocámara. "La votación podía ir en cualquier sentido, incluso si se hubiera acotado de forma errónea en Asuntos Jurídicos. El resultado podría haber sido el contrario", señaló Marcoulli. Es decir, el pleno podría haber tumbado la propuesta de Dzhambazki y mantener la protección de Puigdemont, pero no lo hizo.

El expresidente catalán acusó también a la Eurocámara de no respetar su derecho a ser escuchado durante la tramitación del suplicatorio. Su abogado dijo que remitió al Parlamento un documento de 240 páginas de alegaciones, con un anexo que superaba las 300 páginas. Y se quejó de que los eurodiputados no se lo leyeron.

Boye sostuvo que tampoco se respetaron los derechos de Puigdemont durante la audiencia sobre el suplicatorio celebrada a puerta cerrada en el comité de Asuntos Jurídicos en enero de 2021. Una reunión programada para que el expresidente catalán presentara sus argumentos de defensa con un tiempo limitado de 15 minutos, pero en la que, según su versión, Adrián Vázquez cortó de forma irregular las intervenciones y preguntas del resto de miembros.

"Usted está subestimando a los miembros del Parlamento Europeo. Si hubiera habido violaciones tan flagrantes, estoy segura de que los miembros habrían reaccionado", le replicó la presidenta del TGUE a Boye. "Si hubiera habido errores tan flagrantes, tendría que haber sido algo que alertara a otros parlamentarios para que tomaran medidas adecuadas", insistió.

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Pero la auténtica bomba la había soltado al inicio de la vista el abogado del Parlamento Europeo, Norbert Lorenz. Lorenz quería rebatir la afirmación de Boye de que la Eurocámara dio un "trato vejatorio" a Puigdemont y sus exconsellers. Fue todo lo contrario: se les trató de forma "extremadamente amable". 

Las palabras de Lorenz

"Se les permitió ocupar sus escaños de forma provisional, y como hemos visto por una sentencia del TGUE, probablemente de forma ilegal, porque el Parlamento nunca ha recibido notificación de que los demandantes hayan sido elegidos en España y hayan respetado los requisitos exigidos", aseguró el abogado de la Eurocámara.

La sentencia a la que se refería Lorenz, del 6 de julio de 2022, sostiene que la Eurocámara no tiene margen de maniobra para reconocer a Puigdemont, porque la decisión depende de la legislación electoral española, que exigía acatar la Constitución de forma presencial en Madrid.

Sin embargo, el Parlamento Europeo acabó dando de forma unilateral su escaño al expresidente catalán en enero de 2020 a raíz de una sentencia del TJUE sobre Oriol Junqueras, que dice que la condición de eurodiputado se adquiere tras la proclamación de los resultados.

No obstante, la Junta Electoral Central (JEC) acaba de comunicar a la Eurocámara que Puigdemont no tiene derecho a ser eurodiputado. Lo ha hecho en respuesta a una carta de su presidenta, Roberta Metsola, que reclamaba aclaraciones sobre el estatus del expresidente catalán.

Tras recibir la respuesta de la JEC, Metsola ha pedido un informe jurídico para decidir si debe o no retirarle la acreditación. Las palabras de Lorenz este viernes hacen prever que el dictamen será negativo para los intereses de Puigdemont.

Por lo demás, Boye esgrimió la abolición de la sedición promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez como argumento para defender la inmunidad de Puigdemont. A su juicio, esta reforma deja "vacío de contenido" el procesamiento del expresidente catalán.

Además, según señaló, demuestra que existe una "persecución política", ya que tanto el propio Sánchez como varios ministros han dicho que el objetivo último es obtener la entrega de Puigdemont. "¿Cuántos casos conocen de que un Código Penal se modifique para obtener una extradición? Yo sólo conozco este", dijo Boye.