La Eurocámara dice que reconocer a Puigdemont como eurodiputado fue "probablemente ilegal"

El Parlamento Europeo ha dicho este viernes ante el Tribunal General de la UE (TGUE) que su decisión de reconocer a Carles Puigdemont como eurodiputado en enero de 2020, con su correspondiente inmunidad, fue "probablemente ilegal" porque España nunca notificó que hubiera sido elegido y que hubiera cumplido todos los requisitos exigidos.

La normativa electoral española requiere acatar la Constitución en Madrid para adquirir la condición de eurodiputado, algo que el expresidente catalán, fugado en Bélgica desde 2017, nunca ha hecho. Por eso, la Junta Electoral Central acaba de comunicar a la Eurocámara que Puigdemont no tiene derecho a ser eurodiputado. Su presidenta, Roberta Metsola, ha pedido un informe jurídico antes de decidir si le retira la acreditación.

El TGUE ha celebrado este viernes una vista sobre el recurso presentado por el expresidente catalán contra el Parlamento Europeo por haber levantado su inmunidad en marzo de 2021. Una decisión que adoptó en respuesta al suplicatorio remitido por el juez Pablo Llarena para poder solicitar su entrega a España por sedición.

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Durante la audiencia pública, la Eurocámara ha rechazado todos los argumentos de la defensa de Puigdemont de que no se respetaron sus derechos durante la tramitación del suplicatorio y se le trató de forma "vejatoria". Fue todo lo contrario: se trató al expresidente catalán y a sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí de forma "extremadamente amable". 

"Se les permitió ocupar sus escaños de forma provisional, y como hemos visto por una sentencia del TGUE, probablemente de forma ilegal, porque el Parlamento nunca ha recibido notificación de que los demandantes hayan sido elegidos en España y hayan respetado los requisitos exigidos", ha asegurado el abogado de la Eurocámara, Norbert Lorenz.

La sentencia a la que se refería el abogado sostiene que la Eurocámara no tiene margen de maniobra para reconocer a Puigdemont, porque la decisión depende de la legislación electoral española, que exigía acatar la Constitución de forma presencial en Madrid. Sin embargo, el Parlamento Europeo acabó dando de forma unilateral su escaño al expresidente catalán en enero de 2020 a raíz de una sentencia del TJUE sobre Oriol Junqueras, que dice que la condición de eurodiputado se adquiere tras la proclamación de los resultados.

En su intervención en la vista, la Eurocámara ha insistido además que el procesamiento de Puigdemont se refiere a hechos muy anteriores a su elección como eurodiputado. Se le reclama por su participación en el referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña que tuvo lugar en 2017, y no fue elegido hasta mayo de 2019, por lo que es "imposible" que el proceso esté ligado al ejercicio de su mandato.

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El abogado Lorenz ha desmontado además el argumento de Puigdemont de la falta de imparcialidad del ponente del informe sobre su suplicatorio, el diputado ultra búlgaro Angel Dzhambazki, así como del presidente del comité de Asuntos Jurídicos, Adrián Vázquez, de Ciudadanos.

A juicio de la Eurocámara, la definición de imparcialidad que usa el expresidente catalán es excesivamente restrictiva, ya que no respeta la naturaleza política de la decisión de levantar la inmunidad, el libre mandato de los eurodiputados y la libertad de expresión de los políticos.

"Si seguimos esta interpretación, eso paralizaría al Parlamento porque no se podría identificar a ningún presidente o ponente independientes. Eso significaría bolquear a los tribunales en su obligación de administrar justicia", ha dicho Lorenz.

Por su parte, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha usado la reforma del delito de sedición promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez como uno de sus argumentos centrales en la vista.

"El Parlamento español está debatiendo una ley que abroga el delito de sedición. Si se aprueba, habría que analizar si la acción contra los solicitantes, en particular contra Ponsatí (que sólo está acusado de sedición y no de malversación) puede quedar vacía de contenido", sostiene Boye.

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El abogado de Puigdemont afirma además que la reforma de la sedición demuestra que su procesamiento es "un caso de persecución política". El propio presidente Sánchez y varios de sus ministros "han argumentado que los cambios en la legislación son para obtener la entrega de Puigdemont a España". "¿Cuántos casos conocen de que un Código Penal se modifique para obtener una extradición? Yo sólo conozco este", ha dicho Boye.

El expresidente catalán asegura que presentó a la Eurocámara "toneladas de pruebas de persecución política en este caso" y "ninguna de ellas fue considerada". También ha alegado ante el TGUE que sus defendidos y él mismo fueron espiados por el Estado español con el programa Pegasus en una "investigación política".

La vista sobre la inmunidad se ha celebrado en la Sala Sexta ampliada del TGUE, presidida por la jueza chipriota Anna Marcoulli y de la que forman parte otros cuatro jueces: el danés Frimodt Nielsen, el finlandés Heikki Kanninen, el eslovaco Juraj Schwarcz y el letón Rimvydas Norkus. La sentencia en primera instancia se espera para el primer trimestre de 2023, aunque contra ella todavía podría interponerse un recurso de casación.