Yolanda Díaz maneja los nombres de Joaquín Urías y Carlos Preciado para incorporarlos al CGPJ

Yolanda Díaz maneja como principales opciones para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez Carlos Preciado y al exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías. Estos dos jusristas, aseguran fuentes de la negociación, son las apuestas más firmes de la vicepresidenta y de Enrique Santiago, el interlocutor de Unidas Podemos en las negociaciones.

Los nombres de Preciado y Urías se han mantenido en secreto hasta el último momento incluso para Podemos, cuya principal candidata para renovar el poder judicial era la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. El partido de Ione Belarra amenazó con dividir el voto y no firmar la renovación del CGPJ si el PP no aceptaba a su magistrada, una postura completamente contraria a la de la vicepresidenta y el resto del espacio confederal.

En realidad, Rosell fue una de las primeras opciones también para Yolanda Díaz, que esperaba contar con ella para uno de los dos puestos del CGPJ reservados para Unidas Podemos. El PP, no obstante, cerró rápidamente la puerta a la magistrada y antepuso un "requisito de la despolitización" que dejaba fuera a "cargos públicos o políticos". Visto el veto a su candidata, Díaz y Santiago empezaron a sondear otros nombres.

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Así llegaron a la situación actual. El primero en aparecer fue Carlos Preciado, a propuesta de En Comú Podem. El magistrado, que aspira al puesto de vocal, es especialista en Derecho laboral y está destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

El segundo era Joaquín Urías, un juez muy vinculado a los inicios de Podemos que incluso fue candidato en 2014 a las elecciones primarias en Sevilla, que perdió. Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, es la apuesta personal de Yolanda Díaz para el turno de ocho juristas "de reconocido prestigio". 

Urías se define como activista de derechos humanos y siempre ha sido muy crítico con el sistema judicial, especialmente, con el Tribunal Supremo. Recientemente, Urías escribió en Twitter que "lo que está sucediendo con el CGPJ es un secuestro de la democracia para esquivar el control democrático de la Justicia".

Discrepancias internas

Fuentes del espacio confederal son claras al relatar el pulso soterrado que mantienen Yolanda Díaz y Podemos por la renovación del poder judicial. Los morados desconfían de los métodos negociadores de la vicepresidenta y su hombre de confianza, Enrique Santiago, que fue cesado en julio por Ione Belarra de su puesto como secretario de Estado.

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El principal punto de choque, no obstante, era Victoria Rosell. En Podemos insisten en que el acuerdo para "despolitizar la justicia", propuesto por el PP y aceptado por el PSOE, era en realidad un veto encubierto a su elegida. Así, en cuanto su nombre salió de las conversaciones, el grupo morado lanzó el órdago de desmarcarse del acuerdo.

Por otro lado, desde el entorno de la vicepresidenta segunda no comparten la manera de negociar de sus compañeros de bancada, más propia "de los tiempos de Pablo Iglesias" que desde que ella es la líder del espacio. A ojos de la ministra de Trabajo, lo prioritario era resolver cuanto antes la negociación y no airear los nombres de los candidatos vetados a la prensa, como finalmente ocurrió.

Así con todo, en el seno de Unidas Podemos conviven dos almas: la que quiere defender a Rosell "hasta las últimas consecuencias" —en palabras de Irene Montero— y la que antepone desbloquear el órgano de gobierno de los jueces a la incorporación de nombres concretos —como defiende Yolanda Díaz—.

En consecuencia, apareció la sombra de que los diputados morados podrían incluso desmarcarse del sentido del voto del grupo, compuesto principalmente por Podemos, pero también por IU, los Comunes o la propia vicepresidenta. En la práctica, una división así supondría el primer síntoma explícito a la guerra interna que desde hace meses sacude a la formación.