El PP se planta por la Justicia: 'Si Sánchez quiere nuestro voto que ceda, como hace con Bildu o ERC'

"Igual que cuando quieren el voto de Bildu o ERC tienen que hacer concesiones, entendemos que también deben atender nuestras peticiones en materia de despolitización judicial", indican a EL ESPAÑOL fuentes de la dirección del PP.

Los populares denuncian que hasta ahora Pedro Sánchez ni siquiera ha respondido a las propuestas de pacto de Estado que le plantea Alberto Núñez Feijóo (en materia de economía, justicia, defensa nacional y energía, entre otras), mientras exige que el PP le apoye en las Cortes la convalidación de todos los decretos aprobados por el Consejo de Ministros, sin modificar una coma.

El vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, ha desvelado este miércoles en varias entrevistas lo ocurrido durante la primera reunión celebrada el pasado mes de abril para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, le exhibió entonces el documento del "pacto secreto" sobre Justicia firmado por el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, en otoño de 2021 (el mismo papel filtrado ahora, cuatro meses después, al diario El País).

"Ni siquiera quise leerlo", señala González Pons, "le dije que la dirección actual del PP no asumía ningún pacto secreto firmado por el anterior equipo, y por tanto debíamos iniciar la negociación desde cero".

Otras fuentes de la dirección nacional del PP indican que, en el traspaso de poderes, ni Pablo Casado ni Teodoro García Egea informaron al nuevo presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, de la existencia de este "pacto secreto".

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González Pons ha explicado que, durante los meses posteriores, cada vez que el PSOE elevaba la presión para pactar la renovación del CGPJ, "Félix Bolaños me ha amenazado con hacer público dicho documento", con el que la dirección actual de los populares no se siente en absoluto comprometida.

Un papel "sin crédito"

La última reunión entre Bolaños y González Pons para negociar el acuerdo se produjo el pasado mes de julio, pocas horas antes de que se iniciara el Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso. El Gobierno ya había acordado con sus socios impulsar una contrarreforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para permitir que el CGPJ elija únicamente a sus representantes en el Tribunal Constitucional.

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"Bolaños me dijo que podía cerrar el acuerdo conmigo en una tarde", explica el vicesecretario del PP, "pero cuando le pedí que, a cambio, el Gobierno retirara su contrarreforma del Poder Judicial, me dijo que era imposible porque ya la había pactado con ERC".

Otros dirigentes del PP se muestran desconcertadas con la última maniobra del Ejecutivo. "Si el Gobierno daba por hecho que ya tenía cerrado con el PP el acuerdo sobre Justicia desde el otoño de 2021, ¿por qué lleva exigiendo a Feijóo negociar la renovación del CGPJ desde el mes de abril? Ni el propio Sánchez hizo referencia a ese pacto secreto, cuando se reunió con Feijóo en La Moncloa".

Según esta tesis, el Gobierno ha filtrado ahora un papel firmado por García Egea hace casi un año, al que ni el propio Gobierno da crédito.

Las mismas fuentes creen que el Gobierno lo filtra ahora porque los socialistas dan por hecho que ya tienen la mayoría suficiente en el CGPJ para designar, el próximo mes de septiembre, a sus dos representantes en el Tribunal Constitucional cuyos puestos han quedado vacantes (los otros dos serán nombrados directamente por el Gobierno).

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La prioridad del Gobierno, señalan dichas fuentes, es "garantizarse una mayoría progresista en el Constitucional", que debe pronunciarse en los próximos meses sobre cuestiones tan relevantes como los indultos concedidos a los líderes independentistas condenados en el Supremo por el golpe del 1-O.

El Constitucional también debe resolver los recursos presentados contra la Ley del Aborto del Gobierno de Zapatero y contra la Ley Celaá. Además, se ha anunciado el recurso de la Comunidad de Madrid contra el plan de ahorro energético del Gobierno y el de los condenados por la sentencia de los ERE de Andalucía (entre ellos el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel).

El Gobierno de Sánchez no quiere verse expuesto a un nuevo revés como el que supusieron las sentencias del Constitucional que declararon ilegales los estados de alarma de la pandemia y la entrada del entonces vicepresidente Pablo Iglesias en la Comisión Delegada de Inteligencia, que controla al CNI. Por su parte, los independentistas de ERC presionan para renovar este órgano, para evitar que cuestione los indultos a los independentistas del 1-O.

Por su parte, Podemos opta por un atajo para resolver el bloqueo de la negociación. El partido morado ha propuesto este miércoles rebajar la mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara (supone 210 diputados, lo que hace imprescindible el concurso del PP) para elegir a los miembros del CGPJ. Podemos propone rebajar este listo a mayoría absoluta (sólo serían necesarios de este modo el apoyo de 176 diputados).

El 'plan Feijóo'

La actual dirección del PP insiste en que mantiene la mano tendida al Gobierno para cerrar el pacto sobre Justicia, con transparencia y a partir de la propuesta remitida desde Génova el pasado mes de julio: el PP acepta renovar el CGPJ mediante el sistema actual (en el que sus 20 vocales son pactados por los partidos políticos), pero reclama el compromiso de modificar a continuación el sistema de elección, para dotar a este órgano de una mayor independencia.

Los populares quieren que, en el nuevo sistema, al menos una parte de los 20 vocales de CGPJ sean elegidos por los jueces y magistrados, tal como exige la Comisión Europea. El PSOE rechaza en redondo esta fórmula.

El plan de Feijóo también incluía mecanismos para limitar las "puertas giratorias" en la Justicia, de manera que el cargo de vocal del CGPJ y de fiscal general del Estado no podrán ser ocupados por quienes hayan desempeñado un puesto de carácter político durante los últimos cinco años.

Del mismo modo, según la propuesta del PP, los jueces y magistrados que hayan ocupado un cargo de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general (como el ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska), no podrán reincorporarse al servicio judicial antes de un plazo de dos años.