Aragonès sólo mantendrá el diálogo si Sánchez le da "garantías" sobre los 3.000 encausados del 'procés'

Sólo se está empezando, la cosa va por fases. Y aunque el Gobierno de España pueda decir que la relación ya se ha normalizado, "no sería verdad", según fuentes del Govern de Cataluña. La prueba del algodón llegará este viernes, en la reunión que celebrarán en Moncloa Pedro Sánchez y Pere Aragonès. El president le reclamará al presidente "concreciones". ¿Y eso qué es? "Por ejemplo, garantías de desjudicialización, para empezar".

La nueva hoja de ruta pactada entre el Gobierno central y el catalán avanza poco, lento y con un futuro incierto y condicionado. Pero avanza. El último paso ha sido la firma, este viernes, del Acuerdo marco para el diálogo y la negociación... dos años y medio después de empezar ese diálogo.

En este documento, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, se comprometen, entre otros puntos, a no volver a espiarse —"Moncloa no podía ponerlo así, pero eso significa el último punto", insisten las mismas fuentes— y a buscar "soluciones pactadas". ¿Para qué? Para llegar a "acuerdos parciales" y, en su caso, a uno final. Pero, para empezar, a "superar la judicialización" del "conflicto político".

[El actual 'dos' de Interior de la Generalitat diseñó el plan de desobediencia civil para boicotear el 155]

"Ambos gobiernos [...] también reconocen la plena legitimidad política de las diferentes ideologías y de los proyectos políticos democráticos que derivan de ellas, sea cual sea su visión sobre el futuro político de Catalunya y de su relación con el Estado, reafirmando la necesidad de debatir en profundidad y de tratar de llegar a acuerdos sobre las posiciones políticas de cada parte [...] y rechazan la persecución o criminalización de las diferentes opciones políticas", reza el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

¿Qué supone superar la judicialización? Las fuentes del Govern consultadas no dan muchos detalles, de hecho, emplazan a que se lo aclare Sánchez a Aragonès en la reunión del viernes, a las 11.00 horas, en territorio español. 

Aunque sí apuntan a algunas posibilidades: la reforma del delito de sedición —por el que fueron condenados los principales cabecillas del procés— o templar el rol de la Abogacía del Estado en ciertas causas judiciales aún abiertas y que implican a sectores del independentismo catalán.

La Generalitat y la órbita independentista cifra en más de 3.000 las personas "represaliadas" por su participación en el referéndum ilegal del 1-O.

A los líderes del 'procés' condenados por el Tribunal Supremo, suman los exiliados, es decir, los dirigentes fugados al extranjero para rehuir la acción de la Justicia española. Y añaden a mossos, activistas, alcaldes y otros muchos cargos cuyas acciones a favor de la independencia catalana les han llevado a los tribunales. Sin embargo, más allá de las cifras, el Govern, por el momento, no detalla cómo ni quiénes podrían beneficiarse de la "desjudicialización" que Aragonès exigirá a Sánchez.

"Intentar volver a intentarlo"

No obstante, sólo habrá una nueva convocatoria de la Mesa de diálogo si la Generalitat constata que Moncloa le ofrece "garantías para intentar volver a intentarlo" en la reunión entre el presidente y el president. 

Así lo confirman —el galimatías es literal, "porque no nos fiamos de Moncloa, necesitamos garantías"— fuentes del Ejecutivo autonómico a EL ESPAÑOL. Tras la firma del acuerdo marco, el Govern dice advertir ciertos signos de "voluntad de concreción" de esta nueva agenda apuntalando "algunos avances". "Es empezar a hablar", comentan.

Otro portavoz del entorno de Aragonès reconoce que, de momento, la negociación no existe y "así continúa, rota". Que la relación parlamentaria del Ejecutivo con ERC no ha cambiado. Prueba de ello es que los republicanos catalanes prevén abstenerse a la hora de votar la futura Ley de Memoria, aunque el Gobierno haya aceptado algunas de sus enmiendas.

Pero ahora, Gobierno y Govern firman este documento para "dar integridad, coherencia y continuidad" a un proceso que, según ponen negro sobre blanco, pretenden retomar, fase a fase.

Hasta el punto de que prevén celebrar un mínimo de dos "reuniones públicas" de la Mesa en lo que queda de 2022, ubicadas, alternativamente, entre Madrid y Barcelona. Y se "comprometen a trabajar y aprobar medidas concretas que representen un avance medible de las negociaciones" y a "facilitar un buen clima".

[La juez admite la querella del abogado de Junqueras contra la empresa que vende el 'software' Pegasus]

Por lo pronto, Pedro Sánchez y Pere Aragonés se reunirán el viernes 15 de julio en La Moncloa. Es el siguiente paso de este proceso. Y será entonces cuando el presidente catalán exija a Sánchez estas garantías para poder convocar, finalmente, la mesa de negociación bilateral.

Pegasus

Otro de los extremos que era imprescindible para el separatismo es que el pacto alcanzado por Bolaños y Vilagrà contemplara el supuesto espionaje sufrido por sus líderes, activistas y abogados con el software Pegasus.

Aunque las formas en las que se produjo este hackeo masivo no están ni remotamente aclaradas, Gobierno y Govern se comprometen a "garantizar (...) la privacidad y la libertad ideológica de todas las personas que se identifican con las posiciones políticas y democráticas presentes en Catalunya".

Y en otra velada alusión al asunto, rechazan también todos los "actos, decisiones o mecanismos ilegítimos que vulneren dichos derechos por la mera adscripción a una ideología o visión territorial".