Sánchez colará el alza de pensiones bajas que pactó con Bildu en su nuevo decreto contra la inflación

El propio Pedro Sánchez ya anunció la prórroga de tres meses, es decir, para que se aplique hasta el mes de septiembre. Sin embargo, en el interior del Gobierno hay un vivo debate sobre algunas de las medidas, especialmente, la que se refiere a la ayuda directa e igual para todos al consumo de gasolina y gasóleo.

Esta discrepancia no sólo se produce entre PSOE y Unidas Podemos, que ya preparan la negociación de los términos del decreto, sino también entre ministerios de la parte socialista que consideran que la medida no ha sido eficaz para frenar el precio del combustible y, mucho menos, para rebajar la inflación.

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No obstante, fuentes de diferentes ministerios económicos dan por hecho que se mantendrá esa subvención directa por la dificultad política de retirarla una vez que está en vigor y sin que haya mejorado la situación.

Ese decreto deberá ser aprobado antes de finales de junio en el Consejo de Ministros y luego convalidado durante el mes siguiente. El Gobierno cuenta con una baza muy eficaz para asegurarse esa votación: incluir en el decreto la subida de las pensiones no contributivas.

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El Gobierno pactó recientemente con Bildu la subida en un 15% de las pensiones no contributivas. Lo hizo a cambio del voto a la ley de fondos de pensiones y el Gobierno prevé incluir la medida en ese decreto de medidas antiinflación.

Salvo cambio, la decisión no es aprobar esa subida en un decreto específico, sino llevarlo al de prórroga de medidas contra la inflación. De esa forma, se asegura la aprobación en el Congreso, porque ningún grupo va a estar dispuesto a impedir esa subida de pensiones y, el Gobierno puede usar como argumento político el voto en contra.

El anterior decreto fue aprobado con el voto de Bildu, pero con el rechazo de socios del Gobierno como ERC y el de PP, Vox y Ciudadanos.

Treta legislativa

Esta técnica legislativa de incluir diferentes medidas en un mismo decreto para facilitar su convalidación ha sido reiteradamente utilizada por el Gobierno, con gran malestar de sus socios parlamentarios. Por ejemplo, en enero incluyó una mejora de pensiones en un decreto sobre mascarillas para asegurarse la convalidación, y varios portavoces mostraron su enfado en la tribuna del Congreso.

Sobre el contenido del decreto, el PSOE y Unidas Podemos negociarán su contenido. Por ejemplo, los ministros que lidera Yolanda Díaz quieren que no se subvencione los hidrocarburos por ser contaminantes y, a cambio, incluya subvenciones al transporte público e impuestos extraordinarios a las empresas eléctricas. Aún no han pasado de contactos previos.

También los sindicatos UGT y Comisiones Obreras presionan para matizar la subvención a los hidrocarburos. Una parte del Gobierno considera injusto que la ayuda sea por igual para diferentes niveles de renta y distintos tipos de vehículos de motor, pero ven imposible retirarla. Esta posición la mantiene especialmente el Ministerio de Hacienda.

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Curiosamente, el anterior decreto, aprobado el 29 de marzo, fue tramitado como proyecto de ley para poder incluir enmiendas y para facilitar el acuerdo, pero el trámite no ha avanzado y decaerán sus medidas antes de modificarse en el Congreso y, además, será superado por el que se apruebe ahora.