El Gobierno propondrá a la Generalitat fórmulas para aclarar su no implicación en el espionaje

La Presidencia asegura que al tratarse de materias secretas es imposible facilitar esa información de manera pública y, además, la comisión de secretos oficiales del Congreso no se ha constituido porque el PP veta la presencia de ERC y Bildu.

Sin embargo, desde el Ejecutivo manejan varias posibilidades para poder facilitar esos datos secretos a los grupos y aclarar que no hubo escuchas ilegales amparadas desde el Gobierno. La versión de Moncloa es que todas las actuaciones del CNI están sometidas a control de un magistrado del Tribunal Supremo, aunque no pueden darse a conocer.

Una Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo de 2004, sobre secretos oficiales permite que el Gobierno informe a los grupos parlamentarios bajo deber de secreto sobre las materias clasificadas. Señala que "motivadamente, y con carácter excepcional, el Gobierno podrá solicitar de la Mesa de la Cámara que la información sobre una determinada materia declarada secreta sea facilitada exclusivamente al Presidente del Congreso, o al de la Comisión, cuando la petición hubiese sido formulada por esta última. Corresponde, en todo caso, a la Mesa del Congreso la resolución definitiva sobre la solicitud del Gobierno".

Fuentes de Moncloa aseguran que de la reunión de este domingo no saldrá ya una resolución y un acuerdo, pero sí "el inicio del camino" para cerrar el conflicto. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dado una semana de plazo al Gobierno para investigar el asunto y depurar las responsabilidades y todos los socios parlamentarios de Pedro Sánchez han puesto en marcha una ofensiva parlamentaria con preguntas al Ejecutivo y peticiones de comparecencia, además de amenazar con votar en contra a iniciativas de los socialistas.

El Ejecutivo se ha movilizado y Bolaños ha mantenido ya varios contactos con la número dos de Aragonès para intentar desescalar el conflicto que podría afectar a la marcha de la legislatura.

El presunto espionaje, según reveló la revista The New Yorker esta semana, se hizo a 63 miembros del entorno independentista a través del software Pegasus, diseñado por una empresa israelí y vendido sólo a gobiernos.

La lista de damnificados también incluiría a su antecesor en el cargo, Artur Mas, y a sus dos sucesores, Quim Torra y Aragonès. Por su parte, el ministro del Interior ha negado que España haya comprado el Pegasus. "Ni Interior, ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil han tenido nunca relación alguna con la empresa NSO y, por tanto, nunca han contratado ninguno de sus servicios", aseguró el viernes Fernando Grande-Marlaska.

Este software espía, desarrollado por NSO Group, sí ha sido utilizado por varios servicios de Inteligencia para rastrear a activistas y políticos. De esta aplicación ya se tuvo noticia en España hace dos años, cuando se reveló que el teléfono móvil de Roger Torrent, entonces presidente del Parlament catalán, había sido infectado por ese programa.