Isabel Díaz Ayuso aprueba su ley para blindar Madrid del "hachazo fiscal" de Pedro Sánchez

La Ley de Autonomía Financiera que tanto ansiaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya es una realidad. Este miércoles, el Consejo de Gobierno regional ha aprobado una normativa que tiene como objetivo "proteger" su política fiscal frente a la reforma impulsada por el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero.

La presidenta madrileña quiere tener allanado el camino en 2022 para el que es uno de sus principales objetivos del nuevo año, así como uno de los ejes de su política: una bajada de impuestos. Y para ello quiere blindarse ante la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez imponga una "armonización fiscal" de todas las autonomías.

"Los madrileños vivimos bajo la amenaza del hachazo fiscal, llamado armonización, que quiere hacer el Gobierno de Pedro Sánchez con nuestros impuestos", ha sostenido el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, para justificar una medida que impedirá que el Gobierno central pueda "imponer" una mayor tributación a los contribuyentes madrileños en los impuestos de Sucesiones y Patrimonio.

"Stop, Pedro Sánchez. Nada de armonización", ha resumido Lasquetty depués de presumir de que en la Comunidad de Madrid "llevamos 17 años seguidos bajando todos los impuestos" y eso ha permitido "más actividad económica, más crecimiento y más empleo", así como "mantener los servicios públicos".

El Gobierno regional cree que la "armonización fiscal" costaría una media de 2.270 euros más por familia al año. Un total de 5.900 millones de euros a los madrileños. También considera que una herencia media de Madrid pasaría de grabar 22 euros a 2.200, cien veces más, en caso de que se equiparase el impuesto de Sucesiones.

Según los cálculos de la Consejería de Hacienda, los contribuyentes de la región se han ahorrado de media 16.500 euros en el pago de impuestos desde 2004, que es cuando empezaron las sucesivas rebajas de impuestos. El Gobierno de Ayuso cree que camina por el buen camino en materia tributaria porque esta política de impuestos bajos ha supuesto que la región sea la CCAA más competitiva a nivel fiscal hasta el punto de aportar el 68% del total de los recursos del Fondo de Garantía del que se nutren los servicios públicos de todas las Administraciones regionales españolas.

Batalla judicial

Este supone un nuevo episodio en la batalla judicial que se libra entre el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y el de la Nación. Y es que la ley obliga a la Asamblea de Madrid, a los órganos superiores del Gobierno y a la Administración autonómica a "reaccionar con todos los mecanismos a su alcance en la legislación nacional, europea e internacional ante cualquier ley, disposición normativa o acto de Estado con fuerza de ley que infrinja la corresponsabilidad fiscal y la autonomía financiera de la región".

Para defender dicha autonomía, la Comunidad de Madrid se apoya en los 156 y 157 de la Constitución. El primero recoge que las CCAA "gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles".

El segundo, por otro lado, habla de los recursos con los que cuentan todas las regiones, tales como "los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado además de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales".

Al amparo de este marco legal y constitucional, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso espera bloquear cualquier intentona de "armonización fiscal" (iniciativa preconizada por el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y los separatistas de ERC) acabe en los tribunales, como ya ha terminado el reparto de los fondos europeos.

La ley también recoge, tal y como anunció Díaz Ayuso el pasado mes de septiembre, el derecho de los ciudadanos madrileños de saber "en qué se gasta la Administración sus impuestos". Una medida en pos de mejorar la "transparencia" y la "eficiencia".