Bruselas amonesta de nuevo a España por el bloqueo del CGPJ y pide su reforma

Por segundo año consecutivo, Bruselas amonesta a España por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En su informe anual sobre la calidad del Estado de derecho en la UE publicado este martes, la Comisión de Ursula von der Leyen reitera su inquietud por la falta de renovación del órgano de gobierno del poder judicial español, cuyo mandato caducó hace dos años y medio, y pide una reforma en profundidad con el fin de reforzar su independencia frente a interferencias políticas. 

Eso sí, el Ejecutivo comunitario se felicita por la retirada de la ley promovida por el PSOE y Unidas Podemos que pretendía cambiar el sistema de elección del CGPJ y que a juicio de Bruselas vulneraba todos los estándares europeos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vio obligado a dar marcha atrás debido a las presiones de la Comisión.

El informe sobre el Estado de derecho en España no aborda la crisis en Cataluña. El Ejecutivo comunitario ha desestimado las múltiples denuncias que ha recibido de los separatistas por las supuestas vulneraciones de derechos en Cataluña por parte del Estado español. "Se trata un asunto interno de España. No hay un problema de Estado de derecho en España ligado a esta cuestión", explican fuentes comunitarias.

"El sistema judicial español continúa teniendo algunos problemas. En particular, la falta de renovación del CGPJ persiste en ausencia de un acuerdo en el Parlamento para renovar varios órganos constitucionales. Un avance positivo fue la retirada de la propuesta de reforma del sistema de selección de sus miembros jueces que hubiera aumentado la percepción del Consejo como vulnerable a la politización", señala el informe.

"No puedo más que repetir en nombre de la Comisión que es importante llevar a cabo la renovación del Consejo y garantizar que no sea percibido como vulnerable a la politización. Por supuesto que hemos tomado nota de la realidad política, la complejidad de la situación política y el bloqueo (en España), pero debemos reiterar que es necesario que el CGPJ funcione, que no sea politizado y que los nombramientos refuercen su independencia", ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Vera Jourova.

"Nuestra preocupación continúa porque el CGPJ lleva trabajando de forma interina desde hace más de dos años y por lo que sabemos no ha habido ningún avance (para renovarlo). Además, durante el periodo de elaboración del informe hubo propuestas para modificar el sistema de elección que provocaron inquietud en la Comisión", señalan las fuentes consultadas.

El Ejecutivo comunitario vuelve a recomendar una "reforma estructural" para que los jueces elijan directamente al menos al 50% de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en lugar del Parlamento como ahora. Una reforma que debería tener en cuenta los estándares europeos y consultarse con todas las partes afectadas, según señala Bruselas. "Nuestra petición es aplicar los estándares europeos, que haya una mayoría de jueces elegidos por sus pares", ha señalado el comisario de Justicia, Didier Reynders. 

Aforamientos e incompatibilidades

El informe sobre el Estado de derecho en España critica también el alto número de cargos públicos aforados ante el Tribunal Supremo, así como por la facilidad que tienen jueces y fiscales que han pasado por la política para volver a su puesto. "El régimen de incompatibilidades no contempla periodos de transición para jueces o fiscales que han sido miembros del poder legislativo o ejecutivo", apunta Bruselas. 

El Ejecutivo comunitario reclama además reforzar la autonomía de la Fiscalía. "La coincidencia en la duración del mandato del Fiscal General y del Gobierno puede afectar a la percepción de independencia", apunta. La digitalización de la justicia avanza y se han tomado medidas para reducir los retrasos, pero "el bajo número de jueces por habitantes es un problema".

Por lo que se refiere a la corrupción, Bruselas denuncia que España no cuenta con una estrategia global que coordine todas las medidas preventivas y represivas para combatirla. Los fiscales se quejan de que la falta de recursos adecuados afecta a la rapidez de las investigaciones y a la persecución de los casos de corrupción de alto nivel.

Pese a estas carencias, el informe concluye que nuestro país sigue mejorando el marco institucional y legal para luchar contra esta lacra, con medidas como el código de conducta para los miembros del Congreso y del Senado o la promesa del Gobierno de Sánchez de elaborar nuevas leyes de transparencia de los grupos de presión y protección de denunciantes. 

En cuanto a la libertad de prensa y el pluralismo, el Ejecutivo comunitario señala "retos" a la hora de mejorar la transparencia sobre la propiedad de los medios, así como sobre la independencia y los recursos del regulador audiovisual. "Los periodistas han seguido teniendo que enfrentarse a desafíos en sus actividades profesionales, pero se han adoptado iniciativas para facilitar su trabajo", señala el informe.