El Gobierno se cruza de brazos pese al fallo que exige el 25% de castellano en las aulas catalanas

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obliga a la Generalitat a impartir un 25% de la enseñanza en castellano. El fallo exige una "efectividad inmediata", pero el Ejecutivo independentista ya ha anunciado que presentará un recurso ante el Supremo y que no acatará la orden.

El consejero de Educación, Josep Bargalló, se agarra a la Ley Celaá -de cuyo texto ha desaparecido la condición vehicular del castellano- y asegura que la reforma educativa "desactivará" la resolución judicial.

Ningún miembro del Gobierno central ha salido a desmentirle. Es más, ni un solo ministro se pronunció sobre la noticia durante la tarde de este jueves.

Alberto Garzón, ministro de Consumo, comparecía con Ada Colau en Barcelona justo cuando se publicaba la sentencia. Sin entrar en demasiados detalles, se limitó a asentir ante lo dicho por la alcaldesa de Barcelona: una defensa del modelo de inmersión actual que, a ojos del TSJC, dictamina un "uso residual" del castellano en los colegios catalanes.

El Govern -las fuerzas que lo integran sostienen a Pedro Sánchez- trata de hacer ver que la Ley Celaá se cocinó para evitar el efecto de sentencias como la mencionada. Un extremo que no es cierto, pero que contribuye a reforzar una realidad: queda mucho camino por recorrer hasta que la orden de la justicia tenga algún efecto.

Así lo reconocen Ciudadanos, PP y las asociaciones constitucionalistas mayoritarias que vienen trabajando para lograr sentencias como la acaecida.

PP y Cs

Carlos Carrizosa, candidato de los liberales a la Generalitat, dice a este periódico: "Tememos que, con Sánchez en Moncloa, el Gobierno de España hará oídos sordos y seguirá cediendo al chantaje, imposibilitando la aplicación de la sentencia para toda una generación de alumnos catalanes".

Un argumento con el que coincide Alejandro Fernández, líder del PP en Cataluña, que se refiere a la Alta Inspección como único mecanismo real para que la sentencia sea inmediata.

Pese al contenido aparentemente histórico de la sentencia, PP y Ciudadanos -aunque no verbalizan el adjetivo- se muestran pesimistas sobre el futuro más cercano y no creen que el modelo de inmersión auspiciado por los nacionalistas vaya a revertirse próximamente.

"Cada día en el que se excluye el español en las aulas es un día más en el que se atropellan los derechos de alumnos, padres y madres que quieren una educación de calidad que garantice el uso del castellano como lengua vehicular, que es la lengua materna de la mayoría de catalanes", incide Carrizosa.

Manifestaciones

PP y Ciudadanos ya se han sumado a la manifestación "La enseñanza, también en castellano" organizada por la AEB (Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña), que se celebrará este 20 de diciembre tanto en Barcelona como en Tarragona.

Mientras tanto, Sociedad Civil Catalana (SCC) ultima la presentación de una encuesta que, según esta plataforma, demuestra que la mayoría de catalanes considera insuficiente el 25% de la enseñanza en castellano y está en contra del modelo de inmersión.

Impulso Ciudadano es una de las asociaciones mayoritarias en la pelea por la enseñanza en castellano en las escuelas públicas de Cataluña. José Domingo, su rostro visible, relata a este periódico: "Pedimos al Gobierno que ejecute provisionalmente la sentencia". Es decir, mientras se resuelve el recurso presentado por la Generalitat.

Domingo habla de "un antes y un después", de un "cambio histórico", aunque reconoce que el camino por recorrer es "muy largo". Para intentar garantizar la aplicación inmediata de la sentencia, los miembros de su asociación pelearán "centro por centro" para "declarar nulos los programas educativos que no respeten el fallo" y "pleitearán" cuando obtengan respuestas contrarias.

Mientras tanto, el Gobierno guarda silencio. Ni Sánchez ni Isabel Celaá, ministra de Educación, han exigido en público a la Generalitat que se pliegue a la sentencia del TSJC.