España tacha a Puigdemont de oportunista por demandar a Llarena en Bélgica

El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ha celebrado este miércoles la vista oral sobre la demanda civil presentada en Bélgica por Carles Puigdemont contra Pablo Llarena. Una querella que se remonta a junio de 2018 y que los propios abogados del expresidente catalán admitieron que era una estrategia para tratar de recusar al juez del Supremo que lleva la causa contra él por sedición y malversación.

A la vista no han asistido ni Puigdemont ni Llarena. Pero sí que han pasado los exconsellers fugados Toni Comín y Clara Ponsatí, que también son firmantes de la demanda junto con Lluis Puig y Meritxell Serret. Los jueces han anunciado que adoptarán una decisión en dos meses o como muy tarde el 24 de abril. Tres son las alternativas posibles: declararse incompetentes y archivar el caso, plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) o asumir la competencia y empezar a discutir el fondo del caso.

Puigdemont acusa a Llarena de vulnerar su derecho a un juicio justo por unas declaraciones en las que sostenía que Oriol Junqueras y el resto de exconsellers que están en prisión "no son presos políticos" y le pide una indemnización simbólica de un euro. El abogado de Llarena y del Estado español, Hakim Boularbah, le ha tachado de "oportunista" y le reprocha un "abuso de derecho" por llevar el caso a Bélgica y utilizar todo tipo de maniobras para alargarlo lo máximo posible.

Boularbah ha sostenido ante los tres jueces del tribunal francófono que la demanda civil contra Llarena es un intento de Puigdemont de "presionar" y "desestabilizar al juez" y de "exportar un conflicto político en España a los tribunales belgas, cortocircuitando los procedimientos normales". "Es algo que no se ha visto nunca", ha resaltado.

El abogado denuncia además que "de forma oportunista" Puigdemont ha cambiado la demanda durante el procedimiento y la dirige ahora no sólo contra Llarena sino sobre todo contra España, cuestionando la independencia del poder judicial y el respeto de los derechos humanos.

El argumento que esgrime Boularbah sigue siendo el mismo desde el principio: que Bélgica no es competente para juzgar este caso debido a la inmunidad de jurisdicción de España. Este principio del derecho internacional se basa en la igualdad soberana de los Estados y significa que ningún Estado puede juzgar a otro. Es decir, un juez belga no puede procesar a España ni a ninguno de los órganos del Estado, como sería Llarena como miembro del poder judicial.

¿Puede Bélgica juzgar a España?

Los abogados de Puigdemont han sostenido durante la vista que este principio de inmunidad de Estado no se aplica en el caso de la Unión Europea, ya que ésta constituye "un orden jurídico específico, autónomo, superior al orden de los Estados miembros e independiente del orden jurídico del derecho internacional". "La inmunidad de jurisdicción es para nosotros totalmente contraria al derecho europeo", ha alegado el letrado Marc Snoeck.

A su juicio, el derecho comunitario faculta a los ciudadanos para exigir responsabilidades civiles a los Estados miembros que vulneren la legislación europea ante cualquier juez en cualquier país. Es decir, Puigdemont sostiene que el tribunal de Bruselas sí es competente para decidir sobre su querella contra Llarena.

No obstante, los abogados del expresidente catalán admiten que se trata de una cuestión sobre la que no existen precedentes y por eso han pedido a los jueces belgas que planteen una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La pregunta que debería responder Luxemburgo sería básicamente: ¿Puede Bélgica juzgar a España?

El abogado de Llarena y del Estado español se ha opuesto a que se presente esta cuestión prejudicial y pide simplemente que se desestime la demanda. Sostiene que el TJUE no tiene competencias para pronunciarse sobre el derecho internacional y vuelve a acusar a Puigdemont de oportunismo. "Se trata de perder el tiempo, de hacer que se siga hablando de este caso, de ir todavía a otro foro, es un abuso de derecho", ha dicho Boularbah.