España se queda como el único país de la UE expedientado por déficit excesivo

España se convierte oficialmente en el farolillo rojo de la UE en materia de disciplina presupuestaria. La Comisión Europea ha propuesto este miércoles archivar el procedimiento sancionador contra Francia por déficit excesivo. El Gobierno de Emmanuel Macron logró reducir el desfase fiscal del 3,4% del PIB en 2016 al 2,6% en 2017. Es la primera vez en nueve años que Francia se sitúa por debajo del umbral del 3% que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esta decisión deja a España como el único país sometido a vigilancia reforzada de la UE por descontrol en las cuentas públicas: el año pasado tuvo un déficit del 3,1%, el más alto de la UE.

Si en 2011 -el punto álgido de la crisis de deuda en Europa- había 24 Estados miembros con déficit excesivo, en 2018 sólo queda España. Tanto la coalición de izquierdas en Portugal como Syriza en Grecia han cumplido los objetivos de déficit exigidos por la UE antes que el Gobierno de Mariano Rajoy. España se encuentra sujeta al brazo correctivo del Pacto de Estabilidad desde el año 2008. El plazo inicial que le dio la UE para corregir la situación era 2012, pero las autoridades españolas se han beneficiado de hasta cuatro prórrogas.

El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, trata de quitar hierro al retraso. Lo importante para él es que España se situará "claramente por debajo del 3% este año". De cumplirse este pronóstico, sería la primera vez que los 19 países de la eurozona registran un déficit inferior al 3% desde que existe la moneda única. Es algo que no ocurrió ni siquiera en los años previos a la Gran Recesión. "Será otra página de la crisis que podremos pasar", ha sostenido el comisario francés.

Desfase de 27.000 millones

Sin embargo, ni siquiera los expertos de su equipo están convencidos. El Ejecutivo comunitario le ha dado este miércoles un aprobado raspado a los Presupuestos para 2018, que se acaban de aprobar con los votos del PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Las cuentas españolas "cumplen en líneas generales" las exigencias del Pacto de Estabilidad, puesto que en principio garantizan un déficit inferior al 3%. Sin embargo, Bruselas avisa de que el Gobierno de Rajoy no hará el esfuerzo de disciplina fiscal al que se había comprometido con la UE. Al contrario, sus Presupuestos son "expansivos", algo muy poco recomendable en un momento de fuerte crecimiento económico, que debería aprovecharse para acelerar la reducción del déficit.

En concreto, la Comisión calcula que el desfase presupuestario de España se disparará este año hasta el 2,7% (alrededor de 27.000 millones de euros), cinco décimas más que el 2,2% exigido por la UE. Y el déficit estructural aumenta un 0,3%, en lugar de la rebaja del 0,5% que reclama Bruselas. El motivo de este desajuste es que los Presupuestos de 2018 incluye un gran número de medidas que aumentan el gasto y que no se compensan con ningún ajuste ni incremento de ingresos. Entre ellas una rebaja fiscal para las rentas más bajas o la subida del salario de los funcionarios o de las pensiones. El Gobierno de Rajoy lo fía todo al crecimiento para cumplir el déficit, pero el Ejecutivo comunitario no cree que sea suficiente.

Es más, Bruselas alerta de que la brecha presupuestaria este año podría ser incluso superior a ese 2,7% previsto. Los principales riesgos son el rescate de las autopistas de peaje o la cancelación de la concesión de agua de Aigües Ter Llobregat en Cataluña. Además, los ingresos de las contribuciones sociales podrían ser inferiores a los previstos y el gasto en salarios públicos crecer más de lo esperado. Por eso, la Comisión reclama a las autoridades españolas que preparen medidas adicionales de ajuste que deberían activarse si el déficit vuelve a acercarse al límite del 3%, según explican fuentes comunitarias. El ministro de Economía, Román Escolano, ha dicho en Madrid que "mantiene su compromiso" de cumplir el 2,2%.

Otras reformas urgentes 

El Ejecutivo comunitario es especialmente crítico con el pacto de Rajoy con el PNV para subir las pensiones en un 1,6% este año y en 2019, en línea con la inflación, y retrasar hasta 2023 de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, que vinculará las prestaciones con la evolución de la esperanza de vida. A juicio de Bruselas, estas medidas suponen dar marcha atrás en las reformas aprobadas en 2011 y 2013, que son las que garantizan la supervivencia del sistema español de pensiones. 

"Nosotros nunca recomendamos revertir las reformas de las pensiones, esperamos que estas reformas sigan aplicándose", ha resaltado el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis. "El aumento de las pensiones y el retraso del factor de sostenibilidad acordados durante el proceso de adopción de los Presupuestos de 2018 ponen en entredicho el compromiso con estas reformas", denuncia el dictamen de Bruselas sobre el programa de estabilidad español. Al mismo tiempo, estas medidas tampoco garantizan un adecuado nivel de ingresos a los jubilados a largo plazo. Eso sólo puede lograrse, según la Comisión, reduciendo la tasa de paro y la dualidad en el mercado de trabajo.

La reforma laboral vuelve a ser un año más la principal recomendación que dirige Bruselas a España para resolver los desequilibrios económicos. En primer lugar, la Comisión reclama medidas para reducir la temporalidad y fomentar los contratos fijos. Uno de cada cuatro trabajadores españoles tiene un contrato temporal, la tasa más alta de la UE, según los datos de Eurostat. Las autoridades españolas deben además reforzar los servicios públicos de búsqueda de empleo, mejorar el apoyo a las familias reduciendo las disparidades regionales y combatir de forma más eficaz el abandono escolar.

Un ajuste del 0,65% del PIB

Pese a los progresos realizados en transparencia de la financiación de los partidos y revelación de posibles conflictos de interés, el Ejecutivo comunitario avisa de que "sigue habiendo preocupaciones" en materia de lucha contra la corrupción en España. Por eso reclama que se aplique de forma urgente la nueva normativa sobre licitaciones públicas. También aconseja redoblar los esfuerzos para mejorar la eficacia del sistema judicial y mejorar la calidad de las instituciones en todos los niveles de la administración.

En su dictamen, la Comisión le pide además al Gobierno de Mariano Rajoy que reforme la ley de Estabilidad Presupuestaria con el fin de fortalecer el automatismo de los mecanismos para evitar y corregir los desvíos del déficit en las comunidades autónomas. Finalmente, Bruselas ve urgente aumentar la inversión pública en I+D y garantizar que se ejecuten los presupuestos, aplicar en su totalidad la Ley de Unidad de Mercado o acabar con las restricciones para acceder a profesiones reguladas como las de arquitecto o ingeniero civil.

De cara a los Presupuestos para 2019, el Ejecutivo comunitario reclama ya un ajuste estructural del 0,65% del PIB, equivalente a unos 6.500 millones de euros. Ello significa que el gasto público no podrá aumentar el año que viene más de un 0,6%, es decir, por debajo de la inflación. Cualquier ganancia inesperada fruto del crecimiento económico deberá dedicarse no a nuevas medidas de gasto sino a acelerar la reducción de la deuda pública, que este año cerrará en el 97,6% del PIB.