El Gobierno de Murcia tiene 15 días de plazo para desvelar qué consejeros se vacunaron irregularmente

El año 2021 agoniza sin que concluyan los sobresaltos para el Gobierno de Murcia. Del escándalo de las vacunas que se cobró la dimisión del consejero de Salud, Manuel Villegas, se pasó a la moción de censura de PSOE y Cs, después a la crisis ambiental del Mar Menor, y ahora, el último asunto que inquieta al Palacio de San Esteban es una resolución del Consejo de la Transparencia. Tal documento insta a la Consejería de Salud a informar de los altos cargos que se saltaron el calendario de vacunación del coronavirus.

La resolución firmada por el presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, Julián Pérez-Templado, supone un varapalo al argumento esgrimido hasta ahora por la Consejería de Salud para no facilitar esos datos desde que saltó el escándalo de las vacunas en enero. En aquella fecha, el sindicato UGT destapó que el ‘staff’ de la Consejería de Salud, incluido su titular Manuel Villegas, así como funcionarios que no estaban en primera línea de batalla contra la Covid se saltaron el calendario de vacunación del Ministerio de Sanidad.

Este escándalo político se saldó con la dimisión del consejero Villegas y con un efecto dominó de salidas en la cúpula de la Gerencia del Servicio Murciano de Salud (SMS). En aquel momento, se llegó a hablar de la existencia de una 'lista Vip' de vacunados que iba más allá de los estamentos políticos, pero desde la Consejería de Salud siempre se han negado a informar de las personas que se inocularon la dosis contra 'el bicho' en base a la Ley de Protección de Datos.

La resolución del Consejo de la Transparencia tira por tierra tal argumento: "Por tanto, no puede servir la protección de datos, para impedir la rendición de cuentas u ocultar la gestión realizada por los responsables públicos. Pues si así fuera, con ello, se podría dar lugar a una impunidad de su gestión, que impediría el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y participación que tienen los ciudadanos en los asuntos públicos, base de un estado democrático y de derecho".

Julián Pérez-Templado, que antaño fue magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, apoya su resolución en una sentencia del Tribunal Supremo que sostiene que prevalece el interés público, cuando se trata de acceder a información vinculada a personal directivo y a personal que ocupa niveles de jerarquía. De esta forma, también rechaza el otro argumento ofrecido por la Consejería: hacer públicos los nombres de los vacunados no supone revelar su historia clínica.

"El acceso a la información reclamada contribuye a tener un mejor conocimiento en la toma de decisiones de las autoridades y directivos, así como de la asignación de los medios de la Administración, las vacunas en este caso, en relación con los objetivos marcados por las autoridades sanitarias en la estrategia de vacunación. Cabe considerar la existencia de un interés público prevalente en el acceso a la información, sobre los derechos a la protección de datos de las autoridades y cargos públicos que tomaron decisiones al respecto, o incluso que pudieron llegar a beneficiarse por su posición, como consecuencia de decisiones arbitrarias".

El consejero de Salud, Manuel Villegas, en la rueda de prensa que ofreció antes de dimitir por vacunarse saltándose el calendario. Efe

El presidente del Consejo de la Transparencia insiste en la relevancia de conocer el listado de nombres: "Hay un indudable interés público en la petición de conocer si desde la Consejería de Salud se actuó con observancia de las normas establecidas, o si arbitrariamente se dispuso de vacunas para personas que no les correspondía, con grave perjuicio para la salud de aquellas otras que estaban en una situación de mayor riesgo de padecer la enfermedad provocada por el coronavirus".

De hecho, cuando saltó el escándalo de la vacunación del consejero y altos cargos de Salud, en ese momento, el país estaba en plena tercera ola de contagios de coronavirus y en la Región de Murcia había un total de 16.705 casos activos.

La Consejería vulneró la ley

La resolución reprocha a la Consejería de Salud que deniega esa información de interés público saltándose la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG). "No ha procedido a conceder el trámite de audiencia previsto en el artículo 19.3 de la LTAIBG a estas personas, cuyos datos protege". Tal artículo establece que antes de no facilitar el listado de vacunados, la Consejería debería haberse dirigido a los cargos del Gobierno regional afectados por la solicitud de información y haberles concedido un plazo de quince días para que formulasen alegaciones, pero no lo hizo.

El Consejo de la Transparencia ofrece un plazo de 15 días a la Consejería de Salud, que en la actualidad dirige Juan José Pedreño, para facilitar la información de todos los altos cargos y funcionarios del Gobierno regional que se vacunaron contra el coronavirus de forma irregular. La resolución remarca que debe facilitar la información "debidamente anonimizada, respecto a la vacunación de funcionarios y trabajadores no asistenciales de la Consejería de Salud". Tal excepción no se aplicará a los consejeros del Gobierno que dirige Fernando López Miras.

El PSOE pide una auditoría

Desde el departamento del consejero Juan José Pedreño pueden acatar la resolución o presentar un contencioso para evitar su ejecución. De momento, no aclaran qué harán: "La Consejería de Salud no ha recibido a fecha de hoy oficialmente la resolución del Consejo de la Transparencia. Una vez recibida se analizará por parte de los servicios jurídicos".

Francisco Lucas, portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea Regional de Murcia, critica que "la resolución ha sido aprobada con los votos en contra del PP, de los tránsfugas y expulsados de Ciudadanos y Vox, así como por los miembros del Gobierno regional que forman parte del Consejo de la Transparencia". El parlamentario avanza que el PSOE solicitará "una auditoría informática para confirmar que no ha habido ninguna manipulación de los datos" de vacunación que se deben facilitar.