"Violencia intrafamiliar", "libertad de memoria" y una oficina antiokupa: el pacto PP-Vox en Valencia
El "acuerdo programático" asume la denominación de Vox para la violencia de género y prevé la derogación de la Ley Valenciana de Memoria Histórica.
15 junio, 2023 14:07El "acuerdo programático" de 50 puntos pactado entre PP y Vox en la Comunidad valenciana evita hablar de violencia de género o machista y asume el término "violencia intrafamiliar", el utilizado por la formación de extrema derecha. Así consta en el documento compartido este jueves por ambos partidos, que prevé la creación de una oficina antiokupas, la derogación de la Ley Valenciana de Memoria Histórica y una mayor persecución de la inmigración ilegal.
La polémica expresión aparece en el punto 43. "Defenderemos los derechos de las familias y promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas", reza el texto.
Se trata de uno de los pasajes más explícitos donde se aprecia la mano de Vox en la redacción. Pero no del único. La formación también ha logrado incluir en el pacto programático asuntos de su argumentario como la memoria histórica o medidas contra los okupas y la inmigración ilegal.
"Reivindicaremos la historia de España y de la Comunitat Valenciana y garantizaremos la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos. Por ello, se derogarán las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos", advierte el punto 2 en materia de memoria histórica.
En cuanto a ocupación, el documento revela en el punto 47 la creación de "una oficina especializada para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas frente a la ocupación ilegal".
"En el caso de que se produzca una ocupación ilegal de un inmueble, los poderes públicos garantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger al afectado", advierte previamente el punto 46.
En el punto 48 apunta a un endurecimiento de la acción de la administración autonómica contra la inmigración ilegal.
"La Generalitat Valenciana dentro del ejercicio de sus competencias pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas. De igual manera eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas", precisa.
Vicepresidente torero
En el mismo comunicado, ambos partidos revelan que Vox contará con una vicepresidencia en el Gobierno valenciano. La liderará el abogado y torero Vicente Barrera, que controlará también las competencias de Cultura. A su vez, la formación se queda las áreas de Justicia y Agricultura.
"Una vez sea investido el candidato del Partido Popular, se procederá a confeccionar un gobierno en el que se nombrarán, a propuesta de Vox, a los titulares de una Vicepresidencia primera con las competencias de la Conselleria de Cultura, encabezada por Vicente Barrera Simó", reza el escrito.
El acuerdo también precisa que Vox nombrará a los titulares "de la Conselleria de Agricultura y de la Conselleria de Justicia, Interior y Gobernación".
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El Partido Popular, que aspiraba a ceder solo dos áreas a Vox, ha accedido finalmente a brindar una tercera a cambio de conservar los departamentos de mayor peso. Sanidad, Educación, Servicios Sociales o Hacienda, por eliminación, estarán en manos de los populares.
La intención de Mazón era conformar un Ejecutivo de un máximo de diez representantes, incluida su Presidencia, de modo que al PP le restan seis consellers. El reparto se ha realizado atendiendo al número de diputados y el porcentaje de votos logrado por cada partido.
El mismo se propone "dotar a la Comunitat Valenciana de un gobierno estable y fuerte que defienda los intereses de los ciudadanos y garantice que se cumplen las cinco líneas básicas acordadas por ambas formaciones".
Las mismas pretenden "preservar la libertad, el desarrollo económico, la protección de la sanidad pública y los servicios sociales, la defensa de las señas de identidad propias y la protección de las familias".