Francisco Camps, tras 9 absoluciones y 13 años imputado, será juzgado por última vez en Gürtel

Camps llegará a la Audiencia Nacional diez años después del cérebre juicio de los trajes. El dirigente valenciano resultó absuelto, pero en este tiempo distintos tribunales han condenado a sus colaboradores más cercanos.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de dos años y medio de prisión por su presunta intervención en el amaño del stand dela feria de Fitur de Madrid que el grupo Correa montó en 2009. Está acusado de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración.

El juicio se celebrará a partir del mes de enero de 2023 y está previsto que las sesiones duren hasta mayo, en plena precampaña electoral por las elecciones autonómicas y municipales.

Camps sigue ofreciéndose al PP como candidato a la Alcaldía de Valencia, pero su propuesta no convence. La candidata será María José Catalá, exconsellera del PP y actual portavoz municipal en Valencia.

Será la primera vez que Camps sea juzgado por un tribunal profesional. En los últimos meses, la Audiencia Nacional ha apartado del tribunal a un magistrado que fue alto cargo con el PP y ha rechazado los intentos de la defensa por determinar los jueces que lo compondrán.

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Anticorrupción pilló este caso en tiempo de descuento y no entraba entre sus planes volver a llevar a Camps al banquillo de los acusados. Pero la repentina confesión en 2018 de Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano y hermano del exministro Juan Costa, motivó la apertura de una investigación complementaria que finalmente ha salido adelante.

Este juicio no será como el de los trajes. Las sesiones llegarán después de que Francisco Correa o Álvaro Pérez El Bigotes, su hombre en Valencia, llegaran a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de reducciones de la pena. Si repiten el pacto, la estrategia podría enmarañar la defensa del expresidente.

Camps dio verbalmente instrucciones a la ex directora general de Promoción Institucional Dora Ibars para que le adjudicasen a la filial de Gürtel en Valencia, Orange Market, el montaje de ese expositor por 366.529 euros, según concluyó la Fiscalía.

En su declaración por estos hechos, Perez reconoció que Camps le dijo que le daba el contrato de Fitur 2009 en noviembre de 2008, cuando iban juntos paseando cerca de la casa del expresidente en Valencia. Anticorrupción sostiene que el Consell dio este contrato a la Gürtel por la "elevada deuda acumulada" que tenía Orange Market con el PP por la organización de actos del partido en años anteriores.

Se da la circunstancia de que una de las conselleras de Camps, Milagrosa Martínez, apodada La Perla, cumple 9 años de prisión por contratos en ediciones anteriores de Fitur que también fueron adjudicados al grupo Correa.

Nueve de diez

Francisco Camps ha visto como se archivaban 9 de las 10 causas abiertas contra él y ahora le espera uno de los juicios más temidos por el PP porque rescatará el fantasma de la Gürtel.

El primero fue el célebre caso de los trajes, una de las derivadas de la Gürtel, por el que dimitió en 2011 cuando se abrió juicio oral contra él. El jurado popular, dividido, le consideró "no culpable".

Aquello no era más que el principio de un largo desfile por los juzgados, pues tras esta investigación llegaron otras muchas.

Se le imputó por la presunta financiación irregular de PPCV, un caso por el que fue condenado Ricardo Costa y el resto de la organización. También en el caso Nóos, en el del Centro de Convenciones de Castellón, por los contratos de la visita del Papa a Valencia y por falso testimonio en esta última causa.

Las referentes a la Fórmula 1 fueron tres causas contra Camps: una por la construcción del circuito, otra por una los contratos adjudicados a proveedores y una tercera por avalar a Valmor, archivada en noviembre del año pasado. En todas y cada una de estas nueve ha salido indemne por el momento, ya sea mediante el archivo o la absolución.

El expresidente ha confiado su defensa en el abogado Pablo Delgado, un jurista de Valencia acostumbrado a bregar con causas mediáticas. Delgado también representa a una de las fundadoras de Vox, Cristina Seguí, en la causa abierta contra Mónica Oltra por la gestión del caso de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada.

Camps no esconde el deseo de volver a la política y ha intensificado su presencia pública a medida que ha ido acumulando archivos. Clama por un cargo en el PP, pero la dirección lo da por amortizado.

"Me encantaría tener un cargo en el que pueda seguir desarrollando el potencial que creo que tengo. No he negado nunca que me ofrezco al PP, es una oferta permanente. Pero no haría nada nunca en contra de mi partido. Seguiré en él hasta que me muera", aseguró tras conocerse el último de los archivos.

Meses después, ya en 2022, reiteró el ofrecimiento y reconoció que en su partido se han hecho los despistados. "Quiero ser el alcalde de Valencia y el candidato del Partido Popular, otra cosa es que el PP no lo crea conveniente", expuso.

El año pasado abrió por primera vez su perfil oficial en Twitter y comparte propuestas o recuerdos de su etapa al frente del Gobierno valenciano. Tras los últimos grandes incendios registrados en Valencia y Alicante, Camps compartió un fotomontaje junto a unos bomberos.

La imagen generó multitud de comentarios y menciones.

El tribunal

El pasado 1 de julio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apartó del tribunal al juez Joaquín Delgado, quien fuese, entre otros cargos, asesor del ministro del PP José María Michavila y director general de Relaciones con la Administración de Justicia mientras ocupaba la misma cartera el también popular Rafael Catalá.

Una vez fue recusado, el magistrado se opuso a apartarse del tribunal, alegando que los cargos que desempeñó en el Ministerio de Justicia eran "de naturaleza técnica y de gestión", ajenos a los asuntos políticos. 

La decisión se tomó por unanimidad. Delgado, quien debía asumir la ponencia y redactar la futura sentencia, no estará en el juicio pese a la presión que ha ejercido Camps en forma de escritos y recursos para mantenerlo.

El PSOE figura como acusación y presentó la petición de recusación, a la que sumó la Fiscalía. El presidente Ximo Puig firmó la querella que permitió llevar a juicio las piezas de la Gürtel valenciana.