La socialista imputada por vetar a Ribera Salud a base de prorrogar un concurso echa la culpa a los técnicos

La subsecretaria de la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Mònica Almiñana (PSPV-PSOE) declaró este jueves ante el Juzgado de Instrucción 5 de Valencia por un presunto delito de prevaricación administrativa cometido el pasado mes de octubre.

Lo hace tras una querella presentada por FutuRS -sociedad tecnológica de Ribera Salud-, que la acusa de prorrogar hasta en dos ocasiones un concurso público al ver que esta firma se perfilaba como adjudicataria. En concreto, se trataba del contrato para la gestión informática del Hospital de la Ribera, que fue gestionado por la empresa mediante una concesión hasta marzo de 2018 -cuando la Generalitat asumió la gestión directa-.

Preguntadas al respecto por EL ESPAÑOL, fuentes de Sanidad trasladaron este jueves que la dirigente prefiere no comentar sus declaraciones en sede judicial, en las que ha respondido a las preguntas formuladas por la juez y por su letrado pero no a las planteadas por Ribera Salud.

Fuentes judiciales apuntan a este diario que la subsecretaria responsabilizó a los técnicos de su conselleria de la decisión de prorrogar en dos ocasiones el plazo límite de la licitación, lo que permitió que se incorporaran nuevos aspirantes al contrato. Almiñana aseguró que su departamento se encontraba desbordado por la pandemia, de modo que delegó en su equipo, en el que confía.

La magistrada le replicó que ella era la máxima responsable de esas decisiones, pero esta insistió en que no revisa al detalle todo lo que firma porque le habría resultado imposible hacerlo dada la carga de trabajo generada por la Covid-19. Ante tal circunstancia, Ribera Salud se plantea solicitar nuevas declaraciones ante el juzgado.

La querella

La compañía que dirige Alberto de Rosa se querelló contra la dirigente al interpretar que se habían prorrogado los contratos “de manera ilegal, injustificada y arbitraria”, tal y como reveló la edición valenciana de El Mundo.

El juzgado solicitó a Almiñana que acudiera a declarar con el registro de todos los accesos a la Plataforma de Contratación del Sector Público “en aras de conocer la identidad de los licitadores que han presentado sus ofertas dentro del plazo previsto para ello y fuera del mismo”, según obra en el auto de citación. También para conocer “quién ha tenido acceso a esta información y en qué fecha”.

El plazo inicial expiraba el 5 de octubre. Pero el día 8 se publicó una primera resolución de ampliación del mismo hasta el día 5 de noviembre; y el día 14, solo seis después, una segunda que lo prorrogó hasta el 9 de noviembre de 2020.

Tales prórrogas no justificadas despertaron suspicacias en Ribera Salud, máxime cuando, en la prolongación de los plazos, aparecieron nuevas empresas aspirantes. La compañía sospecha que se trate de una maniobra para evitar que se le adjudique el concurso.

Ello supondría su regreso a la gestión en el Hospital de la Ribera -aunque solo para encargarse de la informática- tras la sonora ruptura entre la compañía y la administración valenciana, que aspira a revertir todas las concesiones que gestiona Ribera Salud.