El empresario marroquí que vendió drones militares a Libia se fuga de España y elude la Justicia

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes próximas a la investigación, el titular del Juzgado de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional ha emitido una Orden Europea de Detención (OED) y una Orden Internacional de Detención (OID) al constatar que este individuo, próximo a altos cargos del Gobierno de Marruecos, se habría fugado de España.

Este periódico ha podido confirmar con fuentes próximas al investigado que ha salido del país por "motivos personales y familiares". Su entorno asegura que regresará para rendir cuentas ante la Justicia. Las fuentes policiales consultadas señalan que podría encontrarse en Marruecos. 

Según fuentes judiciales, Andalouissi "no ha sido localizado ni ha comparecido" ante la Justicia en las fechas en las "que ha sido requerido". Además, lo hizo "sin justificar su ausencia, ni indicar las fechas en las que va a regresar a España", lo que alimenta la idea de un posible intento de eludir la Justicia.

Junto a Mohamed Rachad Andaloussi Ouriaghli se detuvo a cinco personas por venta presuntamente ilegal de material de doble uso (civil y militar) a una milicia armada en Libia por valor de dos millones de euros.  Entre los arrestados estaba un contratista habitual del Ministerio de Defensa.

De las diligencias practicadas en el procedimiento, a las que ha podido acceder EL ESPAÑOL, se desprende que para las exportaciones, presuntamente ilegales, fue imprescindible "la intermediación" de Mohamed Rachad Andaloussi.

Tal y como publicó este periódico, la empresa a la que iba dirigida la operación lanzada por la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional era Star Defense Logistics & Engineering (SDLE), especializada en fabricación y comercialización de armas. Su dueño, Aurelio Estrella Río, se había convertido en un contratista habitual del Ministerio de Defensa, con 400 contratos adjudicados en apenas 5 años. 

La operación de la Policía Nacional arrancó en el año 2020. Solo un año después, en 2021, el Gobierno se vio inmerso en una complicada situación debido a la polémica acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Inteligencia marroquí

Aquella maniobra diplomática generó una enorme crisis política con Marruecos que terminó con la entrada de 10.000 inmigrantes en un solo día por la frontera de Ceuta y que solo se resolvería al año siguiente con el giro de Pedro Sánchez, cuando decidió de improvisto aprobar el plan de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

El entonces acuñado como caso Ghali terminó en los juzgados debido a las presuntas irregularidades de la entrada en España del mandatario saharaui. Y ahí estaba, entre los denunciantes, Mohamed Rachad Andaloussi Ouriaghli, el empresario marroquí afincado en España ahora investigado.

Su nivel de influencia y su poder de convocatoria, como publicaron diversos medios de comunicación, se hizo patente el día de su boda en septiembre de 2021. El convite se celebró en Tánger y para muchos fue considerada "la boda del año".

A ella acudieron personalidades del mundo de la política y de la empresa de ambos países. Desde el exministro socialista José Bono hasta altos cargos del Gobierno marroquí, incluidos varios ministros, pasando por representantes diplomáticos de Libia, Túnez, Emiratos Árabes, EEUU, entre otros.

No es un detalle baladí. Según un informe del CNI publicado en 2022 por El País, Marruecos lanzó una ofensiva "judicial y mediática" contra el líder del Polisario. El documento incluía un anexo con la identidad de personas y organizaciones supuestas colaboradoras en España de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED por sus siglas en francés), el servicio de inteligencia exterior dependiente de las fuerzas armadas marroquíes.

En él se menciona a Rachad Andaloussi, quien, junto al diputado del PP valenciano Juan Vicente Pérez Aras, denunció a Ghali en un juzgado de Logroño. En mayo de 2021, Andaloussi se personó como acusación popular en otra causa de la Audiencia Nacional que tenía abierta el líder saharaui.

El CNI sostenía en este documento reservado que la DGED habría sufragado supuestamente los 6.000 euros que el juez le pidió entonces a Andaloussi como fianza.