El PSOE se plantea aparcar la comisión de las mascarillas hasta después de las elecciones catalanas

A raíz del escándalo del caso Koldo, que salpica a varios ministerios y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el PSOE impulsó esta comisión de investigación para extender el escrutinio, también, a los contratos adjudicados por las Comunidades Autónomas durante la pandemia.

Los socialistas quieren aprovechar así para exigir explicaciones a Isabel Díaz Ayuso por la mediación de su hermano en un contrato de mascarillas (un caso que ya ha sido desestimado por la Fiscalía Anticorrupción y por la Fiscalía Europea, al no hallar ningún indicio de delito) y por los negocios de su novio, que cobró una comisión de una empresa a la que adjudicó un contrato el Ministerio de Sanidad, en la etapa de Salvador Illa.

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Sin embargo, el PSOE se inclina ahora por retrasar las comparecencias de esta comisión hasta después del 12-M, para evitar que el exministro Salvador Illa tenga que declarar en plena campaña de las catalanas, en las que opta a la Presidencia de la Generalitat como candidato del PSC.

El Pleno del Congreso aprobó la comisión relativa a la compra de material sanitario el pasado 21 de marzo y ese mismo día, la Mesa de la Cámara abrió el plazo para que los grupos designaran a sus representantes en este órgano con intención de acelerar su constitución.

Esos nombres se registraron el 25 de marzo y, aunque el PSOE intentó dejar constituida la comisión antes de Semana Santa, finalmente echó a andar el pasado martes, con la elección de los miembros de su mesa.

El próximo martes se reunirá la mesa con intención de abrir un plazo para que los grupos presenten sus propuestas de planes de trabajo. El socialista Alejandro Soler Mur, que preside esta comisión, ha optado, en principio, por priorizar la aprobación del plan de trabajo y dejar para más adelante los comparecientes.

Acelerón y freno

La idea que tiene el PSOE es que el plazo que se abrirá el martes sea sólo para que cada grupo desvele qué hoja de ruta quiere seguir. Luego se seguirá el mismo esquema con las listas de comparecientes, que podrían no estar aprobadas hasta finales de este mes.

Dado que las personas a las que se decida llamar deben ser preavisadas de la citación quince días antes de la fecha prevista para su comparecencia, todo indica que no podrán empezar a desfilar por el Congreso antes del 12 de mayo.

De forma paralela, el PP ha impulsado en el Senado (donde tiene mayoría absoluta) una comisión de investigación centrada exclusivamente en el caso Koldo, que echará a andar la próxima semana. Como ha informado EL ESPAÑOL, entre otros nombres el PP quiere citar a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta María Jesús Montero; los ministros Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres; la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el líder del PSC, Salvador Illa.

Por otro lado, el PSOE ha impulsado la creación de otras tres comisiones de investigación en el Congreso, de acuerdo con el pacto que el PSOE selló en agosto con ERC y Junts. Todas ellas se constituyeron el pasado 28 de febrero, pero ninguna ha echado a andar todavía.

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Su tarea es abrir pesquisas sobre la denominada 'operación Cataluña', el espionaje a independentistas con el programa Pegasus y el papel jugado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017.

Los grupos ya han registrado sus propuestas de comparecientes en el caso de las dos primeras, pero todavía no se ha fijado fecha para votar en la comisión ni los planes de trabajo ni las personas de las que se recabará testimonio.

La comisión relativa a los atentados de 2017 ya se reunió para analizar los planes de trabajo propuestos por los grupos, pero no fue capaz de llegar a un acuerdo. Una semana después se programó una nueva reunión, pero se optó por desconvocarla ante la falta de acuerdo.

Tanto Junts como ERC quieren aprovechar estas comisiones para citar a declarar a varios jueces que han intervenido en las causas abiertas contra los líderes independentistas, algo a lo que el PSOE, en principio, se opone.