Por qué el caso de Gámez es distinto al de Ayuso, aunque Sánchez los iguale: similitudes y diferencias
El exmarido de la directora de la Guardia Civil tuvo cargos públicos a dedo, fue imputado por malversación y quedó exonerado por un error judicial.
13 marzo, 2024 11:32La bronca sesión matinal de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados ha estado monopolizada por los recientes casos de corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente, a modo de contraataque, ha sacado a colación la denuncia por fraude fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, equiparando este caso con el del marido de María Gámez, hasta la pasada primavera directora de la Guardia Civil.
"Estamos dando la cara", dijo el presidente. "Estamos colaborando y estamos formando comisiones de investigación. Sean ustedes también coherentes con lo que predican. Ustedes hace meses pidieron la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, la señora María Gámez, por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado. Le pido que pida la dimisión de Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, sea valiente, tenga coraje, aunque eso le cueste el puesto".
Sin embargo, aunque Sánchez ha igualado ambos episodios, nada tienen que ver el uno con el otro.
El delito investigado
Juan Carlos Martínez, el marido de la entonces directora general del Instituto Armado, estuvo imputado por el presunto desvío de dinero público desde la agencia IDEA —la que pagaba los fondos de los ERE— a un entramado de empresas de su propiedad. Durante los años en que realizó esas presuntas maniobras, Gámez ya era su mujer.
Al marido de Gámez el juez le atribuía los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.
En cambio, a Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, la Fiscalía le ha denunciado por fraude fiscal en los ejercicios 2020 y 2021, y por un delito de falsedad documental mercantil. Fue en 2021 cuando empezó a salir con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Cargo público
El caso del marido de María Gámez surge en el seno del mayor caso de corrupción de la Democracia, los ERE de Andalucía. Juan Carlos Martínez se movió en el corazón de la trama, rodeado de sus principales implicados, que han acabado condenados por defraudar cerca de 700 millones de euros.
[Un error judicial anula la causa de corrupción del marido de la exdirectora de la Guardia Civil]
El caso en el que estuvo envuelto Martínez se conoció como el caso Santana Motor. El juez investigaba el presunto desvío de dinero público a la empresa linarense que daba nombre al caso, una compañía vinculada a la trama de los ERE que recibió hasta 137 millones de euros de la Junta.
Juan Carlos Martínez llegó a ocupar tres cargos públicos asignados a dedo en distintas sociedades participadas por la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía, que era la encargada de repartir las ayudas ilegales millonarias del caso ERE. El instructor investigaba el desvío de fondos públicos desde esa entidad.
Por tanto, el marido de Gámez ocupó cargos públicos, mientras que la pareja de Ayuso no. En el sumario de la causa contra el marido de la directora de la Guardia Civil, la UDEF sostenía en sus informes que varias empresas que recibieron ayudas de la Junta de Andalucía pagaron después a Martínez, a modo de contraprestación, "importantes" cantidades de dinero.
Error judicial y archivo
El caso de la pareja de Ayuso atañe a los ejercicios económicos previos al inicio de su relación con la presidenta. Gámez, en cambio, ya habían desempeñado otros cargos públicos como delegada del Gobierno en Málaga mientras su marido cometía los supuestos ilícitos en el seno de la trama de los ERE.
Sánchez, además, ha llegado a señalar esta mañana que el marido de Gámez quedó exonerado de toda responsabilidad, pero ha eludido mencionar que no fue por falta de pruebas, sino por un error judicial que abocó la causa a su archivo. El abogado defensor del cuñado de María Gámez alegó que la instrucción se prorrogó de forma irregular.
La Audiencia tumbó la causa abierta a Juan Carlos Martínez al estimar el recurso de ese letrado, asumiendo que la investigación judicial se inició cuando los plazos legales de instrucción habían caducado. La doctrina del Tribunal Supremo establece que estos plazos son de "obligado cumplimiento".
Razón de la dimisión
Gámez dimitió cuando se citó a su marido como investigado, pero no fue la única razón de su caída al frente de la Benemérita, como ya ha revelado EL ESPAÑOL. La directora de la Guardia Civil se vio cercada por los escándalos de corrupción en el seno del Cuerpo.
Los últimos meses de Gámez llevaron al Instituto Armado a la etapa más convulsa desde los tiempos de Roldán: el protagonizado por su propio marido, el caso Mediador (por el que el general de la Guardia Civil Espinosa Navas permanece en prisión) y el caso Cuarteles (en el que el juez investiga un fraude multimillonario en la adjudicación de obras del Instituto Armado).
Pese a todo ello, el ministro Fernando Grande-Marlaska aplaudió el gesto "decente" de María Gámez al dimitir y aseguró que ha sido "la mejor directora de la historia de la Guardia Civil".