Funcionarios de prisiones acusan a Marlaska de 'frenar' la ley que les haría agentes de la autoridad

Funcionarios de las cárceles españolas acusan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de mantener guardada "en un cajón" la proposición de ley que les convertiría en agentes de la autoridad a ojos de los internos de las prisiones en las que desarrollan su trabajo.

Son dos las proposiciones de ley que el Gobierno ha presentado, por medio del PSOE en el Congreso de los Diputados, que esperan todavía a su tramitación en la correspondiente comisión de Interior del Congreso.

Sin embargo, ambas iniciativas parlamentarias continúan paralizadas. Estas propuestas llevan, a juicio de los funcionarios de Prisiones, "años en la nevera", e Interior continúa a su modo de ver con una estrategia con la que van "amagando y engañando a los trabajadores penitenciarios" sobre este particular, sin ninguna mejora en ese sentido hasta la fecha.

[El Congreso votará a favor de que los funcionarios de prisiones sean agentes de la autoridad]

"Si el Gobierno socialista hubiese entendido prioritaria esta medida, la hubiese tramitado como proyecto de ley, directamente presentado e impulsado por él mismo", señalan desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM). 

Críticas

El pasado 2 de septiembre, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguró en una visita a la prisión de El Dueso que los funcionarios de prisiones son una de sus "prioridades" y que mantiene un diálogo permanente con ellos.

Es más, Marlaska afirmó que la proposición de ley que les dotaría de la condición de agentes de la autoridad está en su trámite final. Pero la realidad, tal y como explican los trabajadores de las cárceles, sería bien distinta. Acusan a Marlaska de ser un "inmoral" y le achacan sus "engaños" y "manipulaciones".

Una de las pruebas que esgrimen es que tan solo unos días después, el día 5 de septiembre, el grupo del PSOE en el Congreso solicitó por decimotercera vez la ampliación del plazo de presentación de enmiendas para esa y otra batería de proposiciones. De ese modo, los plazos para convertirles en agentes de la autoridad siguen dilatándose.

"Ya lleva años en el Gobierno incumpliendo lo que prometió nada más llegar. Entre otras cosas, una subida salarial cuando hubiese presupuestos", apuntan indignados desde TAMPM.

Tal y como vienen exigiendo los colectivos penitenciarios, esta medida va dirigida a solventar las continuas agresiones que viven desde hace años en sus propias carnes los funcionarios. Con la conflictividad en escalada en las cárceles a lo largo de la última década, al incluir a los trabajadores de las prisiones en el grupo de agentes de la autoridad, los sindicatos entienden que supondría un importante factor disuasorio a la hora de frenar los repetidos y graves ataques por parte de muchos internos.

Como policías o guardias civiles, la categoría de agentes de la autoridad les conferirá presunción de veracidad ante uno de estos episodios. Los datos recopilados en las estadísticas anuales que se recaban desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no engañan: desde el año 2004 hasta mayo de 2020 los trabajadores de las cárceles han sido víctimas de 6.351 agresiones de todo tipo, perpetradas por reclusos. Una cada tres días. Algunas, de carácter muy grave.

Hace dos años que echaron a andar las iniciativas parlamentarias destinadas a equipararles con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a ojos de los internos del sistema penitenciario. Desde ese entonces y hasta marzo de este mismo año, cuando esas proposiciones se tomaron en consideración en la Cámara Baja, no ha habido avances. En ese período de tiempo los funcionarios denuncian haber sufrido muchos "golpes, escupitajos, insultos, tocamientos y apuñalamientos".

[Una agresión cada 3 días: funcionarios de prisiones pagan en sus carnes el "buenismo" de Interior]

No comparten las apreciaciones de Marlaska, quien les sitúa entre una de las prioridades de su gabinete. Entienden que no es así al haber tenido aparcada la proposición de ley durante el último año y medio.

"A otros colectivos de trabajadores los ha dotado de la condición de agente de autoridad de un día para otro por medio del Boletín Oficial del Estado (BOE) y los decretos que tanto le gusta emplear para saltarse el control parlamentario", denuncian desde TAMPM.

Proposición

El pasado 29 de marzo fue votada la toma en consideración de la proposición de ley. Salió aceptada su tramitación por 315 votos a favor, 24 en contra y 1 abstención.

Posteriormente, el 26 de abril de 2022, en la Comisión de Interior, presidida por José Luis Ábalos, exministro de Fomento, se abrió el trámite de enmiendas. 

"Tal es la preocupación y prisa que tiene el propio grupo proponente en acelerar la tramitación que lleva prorrogando y ampliando esta fase desde entonces -continúan desde la asociación-. Siendo el próximo límite (ya veremos si prorrogado también o no) el 7 de septiembre de 2022".

Esto es, cuatro meses y medio después. Este no es el único trámite que falta en la Comisión de Interior. Todavía se debe nombrar a un ponente que emita un informe definitivo. "Visto los antecedentes de celeridad y premura -finalizan-, podemos hacernos una idea".