El Congreso votará a favor de que los funcionarios de prisiones sean agentes de la autoridad

Se trataba de la principal reivindicación exigida en los últimos años por los sindicatos de funcionarios de las cárceles. Desde este martes, va camino de convertirse en una realidad.

El Congreso de los Diputados aprobará en los próximos días la proposición de ley presentada por el PSOE para reconocer a los trabajadores de prisiones como agentes de la autoridad, elevándolos al mismo estatus que ostentan los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

La propuesta de los socialistas plantea modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica Penitenciaria de 1979. Así, se reconocerá "a efectos legales" el carácter de agentes de la autoridad a los integrantes de Instituciones Penitenciarias. Casi todos los grupos votarán el jueves previsiblemente a favor de esta proposición, que da inicio a la senda para convertir esta iniciativa en una ley como tal. Tan solo formaciones como ERC, EH Bildu o la CUP se han posicionado en contra.

Tal y como vienen exigiendo los colectivos penitenciarios, esta medida va dirigida a solventar las continuas agresiones que viven desde hace años en sus propias carnes los funcionarios. Con la conflictividad en escalada en los últimos años, al incluir a los funcionarios en el grupo de agentes de la autoridad, los sindicatos entienden que supondría un importante factor disuasorio a la hora de frenar los repetidos y graves ataques por parte de muchos internos.

Como policías o guardias civiles, la categoría de agentes de la autoridad les conferirá presunción de veracidad ante uno de estos episodios. Los datos recopilados en las estadísticas anuales que se recaban desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no engañan: desde el año 2004 hasta mayo de 2020 los trabajadores de las cárceles han sido víctimas de 6.351 agresiones de todo tipo, perpetradas por reclusos. Una cada tres días. Algunas, de carácter muy grave.

El PSOE justifica la proposición de ley porque "dará seguridad jurídica al trabajo que realizan y evitará que se dicten decisiones judiciales dispares". También quiere dar a las manifestaciones o informes de los funcionarios "relevancia probatoria, excepto prueba en contra".

Apoyos a la propuesta

La propuesta cita la necesidad de atender a las "reclamaciones indemnizatorias" por los daños sufridos por los empleados públicos al servicio de la Administración Penitenciaria. Los representantes de los trabajadores se quejan habitualmente de las agresiones en las cárceles y piden más diligencia a la hora de ofrecerles el resarcimiento.

En ella se contempla también "resarcir económicamente" a quienes sufran daños en sus puestos de trabajo. A su vez, esa nueva ley propone, según explicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la creación de nuevas figuras laborales en el ámbito penitenciario, como será la de agentes de libertad condicional.

Los socialistas citan la posición a favor de la medida de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior en su informe de 11 de diciembre de 2018, "que en lo sustancial coincide con el Consejo de Estado".

Escasez de medidas

El Ministerio del Interior sostenía hace unos meses que la cifra de criminalidad se encuentra en los datos más bajos de la serie histórica. Sin embargo, obviaban detalles que, según los trabajadores, resultan trascendentales. Según los funcionarios, hay envejecimiento de las plantillas y falta recambio para los trabajadores que se van jubilando.

En los módulos, por tanto, trabaja menos gente que en otras épocas. Los salarios continúan siendo muy poco estimulantes para captar nuevos aspirantes. Por no hablar de que llevan años denunciando escasez de medidas y de medios para hacer frente a situaciones de riesgo. 

Lo que se propondrá es añadir un nuevo apartado al artículo 80, el número 5, que recoja una precisión dirigida a garantizar el principio de indemnidad "en toda su dimensión, para que este no quede en un plano meramente teórico, imponiendo a la Administración la obligación de resarcir a los funcionarios penitenciarios en los supuestos de daños materiales o personales sufridos como consecuencia del desempeño de su actividad profesional, siempre que no haya mediado dolo, negligencia o impericia grave".