Interior amplía el tiempo de conservación de las grabaciones en cárceles y enoja a los funcionarios

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha decidido ampliar los tiempos de conservación de las grabaciones de videovigilancia en cárceles, que pasarán de de los treinta días a un mínimo de tres meses. La medida ha causado malestar entre los funcionarios.

Instituciones Penitenciarias, órgano dependiente del Ministerio del Interior, ha justificado la nueva normativa en la necesidad de adaptarse a la legislación europea de protección de datos personales.

Según los promotores de la norma, "se guardará el debido secreto sobre el contenido de las imágenes", aunque se definen excepciones que permiten compartir las grabaciones.

En concreto, el reglamento autoriza la extracción de las imágenes en casos de "queja o denuncia" de un interno en materia de malos tratos. En estos casos, se pondrán las grabaciones a disposición de "la autoridad competente".

El sindicato de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha reaccionado a la noticia con un comunicado en el que critica la nueva instrucción. La ampliación a tres meses, apunta la asociación, permitirá a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a "buscar el modo de sancionar a los servidores públicos" a través de una análisis "minucioso" de las imágenes.

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Asegura que la normativa "busca perseguir a los trabajadores de prisiones" en su trabajo de "controlar los altercados por parte de los internos más violentos". En opinión de esta organización, Interior "se preocupa más por el bienestar de los reclusos que por las condiciones laborales de sus trabajadores".

Según TAMPM, la subdirección general de Análisis e Inspección -encargada de la revisión de las imágenes- cuenta con una historia de "habituales prácticas abusivas", y busca "fabricar y justificar un fallo en el trabajador".

El sindicato acusa a Instituciones Penitenciarias de ignorar las situaciones laborales de "tensión y estrés", en las que los funcionarios "temen por su integridad física", y es que asegura que "la violencia ejercida por el recluso es siempre mucho mayor que la del trabajador".

Agresiones a funcionarios

Cuestiona además la postura que tomará la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en aquellos casos en los que se den agresiones entre reclusos o hacia los propios funcionarios. Según apuntan, la Administración "minusvalora las agresiones a los trabajadores", y "dudan" de su determinación a la hora de "perseguir" estas situaciones.

Por otro lado, TAMPM critica el interés que expresan los responsables de Instituciones Penitenciarias en la protección de la intimidad de los reclusos, ya que, "a menudo", el organismo "publica las imágenes de sus rostros" en sus redes sociales, según el comunicado emitido por el sindicato.

El objetivo de estas publicaciones, según los trabajadores, es "edulcorar y blanquear" la realidad de los centros penitenciarios, "haciéndonos creer que los reclusos son como adolescentes o discapacitados con necesidades", declaran.

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Una de las principales novedades que introduce la nueva instrucción de Instituciones Penitenciarias es la ampliación del plazo de conservación de las imágenes obtenidas en "celdas de sujeción mecánica" y en "dependencias destinadas a la realización de cacheos integrales". En estos casos, las imágenes no se podrán eliminar hasta pasados los tres meses, frente al anterior plazo de treinta días.

Además, también se amplía a un mínimo de tres meses el plazo de conservación de aquellas grabaciones que tengan "valor probatorio" o generen un procedimiento judicial o administrativo. En estos casos, habrá que conservar los vídeos hasta que finalice el proceso derivado de los mismos.