Andalucía, contra la corrupción: habrá más interventores y se busca recuperar parte de los ERE

El nuevo Gobierno andaluz ha retomado su lucha contra la corrupción. En esta legislatura propiciará un mayor control de la actividad financiera pública con la creación de cuerpos superiores y técnicos de intervención y auditoría y estudiará todas las vías para recuperar el dinero defraudado en los ERE.

De momento, la Junta de Andalucía cifra en unos 21 millones de euros el dinero recuperado y otros 1,9 millones reconocidos pero pendientes de pago de los 680 millones que salieron del famoso fondo de reptiles, la partida que se habilitó para su reparto opaco.

Esta recuperación ha sido fruto de sus actuaciones ante el Tribunal de Cuentas y procedimientos administrativos. Estos últimos los llevaron a cabo a través de los expedientes de revisión de oficio abiertos por cada subvención abonada a través de ese mecanismo. El mismo por el que han sido condenados ya por el Supremo los dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. 

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Sin embargo, para seguir reclamando el resto, el Gobierno andaluz esperará a conocer con detalle la sentencia al completo del Alto Tribunal para decidir las vías por las que reclamará el dinero malversado a la Junta.

Tras la condena de la Audiencia de Sevilla, los ex altos cargos condenados se libraron de asumir responsabilidades civiles porque la Junta, cuando gobernaba Susana Díaz, decidió retirar su acusación y reservarse la acción civil para recuperar lo defraudado.

A partir de septiembre, cuando el acto al completo sea firme, sí podrá mover más fichas para exigirle los fondos defraudados a los nueve ex altos cargos condenados a prisión por malversación. Entre ellos, José Antonio Griñán.

Existen dos opciones. Por un lado, puede plantear en el Tribunal de Cuentas la apertura de un procedimiento por responsabilidad contable contra cada uno de los anteriores. Y por otro, en su calidad de acusación, también podría ejercitar la responsabilidad civil en las piezas en las que se enjuiciarán cada una de las ayudas concedidas. La mayoría de estas no tiene ni fecha de juicio.

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Más interventores

Además de recuperar este dinero para destinarlo a la generación de empleo, la Junta quiere evitar que se repitan episodios como este o el caso Invercaria. Para ello, en el tercer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo andaluz, ha aprobado el proyecto de ley de Creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría.

El mismo ya se encontraba en el Parlamento andaluz, pero decayó con la disolución de la Cámara ante el adelanto electoral y ahora será remitido de nuevo. "El cambio respecto a lo de antes es total para que haya más control y más transparencia", aseguran desde la Junta.

Tras el Consejo, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, contrapuso el modelo del Gobierno andaluz de Juanma Moreno con el de los anteriores socialistas. "Dieron de lado a la intervención y si la hubieran tenido en cuenta, no se habría producido el caso ERE".

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La decisión de crear estos cuerpos laborales tiene un papel instrumental en el ejercicio de la función de control del gasto público y, en particular, en materia de subvenciones, ayudas y contratos. Precisamente lo que falló en el caso ERE. El objetivo primordial es, según señaló la nueva consejera de Hacienda, Carolina España, "fomentar el control financiero y contable dentro de la Administración".

Desde el Gobierno andaluz señalan que el proyecto de ley no ha tenido que ser modificado, por lo que no ha sido necesario llevar a cabo una nueva tramitación. Es decir, directamente se trasladará de nuevo al Parlamento para que continúe con el trámite y se apruebe en los próximos meses.