Debate del estado de la Nación, en directo | Sánchez aprueba la Ley de Memoria, el asalto al TC y el decreto anticrisis con el apoyo de sus socios

El Gobierno ha encarrilado la legislatura esta semana. Ha sido una semana farragosa en el Congreso de los Diputados, ya que la celebración del Debate sobre el estado de la Nación ha transcurrido de manera simultánea a la aprobación de leyes tan reseñables como la reforma del Poder Judicial o la Ley de Memoria Democrática. Además, se ha dado luz verde a un nuevo decreto anticrisis. Todo ello en un pleno bronco, donde se han intercambiado golpes durísimos.

En los dos primeros casos, Pedro Sánchez se ha sostenido en la mayoría de la investidura. Gracias a los nacionalistas, han salido adelante ambos textos. El Partido Popular, a principios de semana, ofreció un pacto a Moncloa que consistía en que Feijóo tendiera la mano a cambio de que el Ejecutivo retirara la ley presentada de la mano de Esquerra Republicana.

No ha sido así. Sánchez ha logrado reformar el sistema de elección del Poder Judicial para poder renovar dos vocales del Tribunal Constitucional. Sin embargo, queda pendiente el recambio, por ejemplo, en el seno del CGPJ o en la presidencia del Tribunal Supremo.

En el caso del decreto anticrisis, sí se ha producido un acuerdo, aunque indirecto. Es decir: el PP se ha abstenido para facilitar la aprobación del texto, pero no ha dado un "sí" al Gobierno.

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El PSOE ha aceptado este jueves una enmienda de ERC que solicita la transferencia de la gestión y los recursos de las becas de educación superior a la Generalitat de Cataluña, en el marco del Debate sobre el Estado de la Nación, según han indicado fuentes del grupo parlamentario socialista.

Los independentistas justificaron la presentación de esta moción con el argumento de que desde el año 2001 hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que "obligan" a la transferencia de las becas a la Generalitat.

Además, el PSOE ha admitido una decena de enmiendas de Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, ERC, Más País, a las propuestas de resolución, con cuya votación se pone punto y final a la vigesimo sexta edición del debate de política general.

Entre ellas hay modificaciones para garantizar la prestación por desempleo de las empleadas domésticos, ampliar el parque público de vivienda y para crear un proyecto piloto de centros educativos frente al cambio climático.

El PSOE y el PNV han pactado un texto, en el marco de las propuestas de resolución del Debate del Estado de la Nación, para que el Gobierno promueva y fomente, en colaboración con los Ejecutivos autonómicos, el uso de las lenguas oficiales en los organismos dependientes de la Administración General del Estado en el ámbito territorial de estos lugares en los que exista una lengua cooficial.

A través de una enmienda de los socialistas a una propuesta de resolución del PNV del Debate del Estado de la Nación, ambos partidos han acordado este texto sobre lenguas oficiales, que insta al Gobierno a impulsar su uso en los ámbitos institucionales y públicos dependientes del Estado.

Además, el PSOE ha logrado introducir otro punto que interpela al Gobierno a facilitar el uso de estas lenguas oficiales en el marco de las obligaciones establecidas en la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias.

En cuanto al resto de puntos, el texto mantiene la petición del PNV al Ejecutivo para que el Ministerio de Cienca se adhiera "con urgencia" al Consorcio de Infraestructura Científica Europea (ERIC Clarin).

Esta propuesta de resolución también urge al Gobierno de Pedro Sánchez a "dar los pasos necesarios" para la creación de la Red de Centros Especializados en Tecnologías del Lenguaje vinculada a todas las lenguas oficiales de las distintas comunidades autónomas.

El Gobierno aprobará en Consejo de Ministros antes del 2 de agosto por real decreto ley las medidas de apoyo al sector del transporte por carretera pactadas con el sector, que recoge, entre otros asuntos, mecanismos para evitar que los transportistas trabajen a pérdida.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha explicado este jueves en rueda de prensa que los límites a la subcontratación "para que no perjudiquen al eslabón más débil" que se pactaron con el Comité Nacional de Transporte de Mercancías no irán en este real decreto "porque no da tiempo", aunque el Gobierno mantiene el compromiso de establecerlo.

La norma asegurará que el precio del transporte sea igual o superior a los costes en que incurren los transportistas, con medidas semejantes a las de la ley de cadena alimentaria, y establece también la obligación de que los contratos se firmen por escrito.

La ministra ha recordado que el paquete de apoyo al sector establece, entre otras ayudas, una bolsa de 450 millones de euros con la que se abonarán a los autónomos 1.250 euros por cada camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por taxi, vehículo de alquiler con conductor (VTC) o ambulancia.

Las ayudas se han hecho extensibles también a autobuses urbanos y en la norma se introducirá una habilitación para que las administraciones autonómicas y locales puedan "reequilibrar" los contratos de transporte por autobús para compensar a las concesionarias por el aumento de los precios del combustible.

El Gobierno ha encontrado el respaldo de sus socios parlamentarios para lograr la convalidación del segundo decreto ley de respuesta económica a la crisis de precios desencadenada a raíz de la escalada sin frenos en el precio de la electricidad y de la invasión rusa de Ucrania.

En todo caso, cada uno de los socios ha afeado al Gobierno la falta de negociación previa a la aprobación de las medidas, la insuficiencia de las mismas o la ausencia de medidas estructurales para contener la inflación, y no sus efectos.

Reconociendo que "los próximos meses van a ser complejos", el ministro de la Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presumido de que, lejos de la "austeridad" con la que se respondió en la anterior crisis financiera, el Gobierno de coalición responde ahora "con solidaridad" para garantizar "el apoyo de lo público" a los sectores más afectados.

Así, ha puesto en valor la nueva rebaja fiscal a la factura de la luz, hasta el 5% del IVA, así como la prórroga del resto de bajadas de impuestos a la electricidad, la prórroga del descuento de 20 céntimos al carburante, la limitación al 2% en la actualización de los alquileres, los aplazamientos de cuotas a la Seguridad Social, la prohibición de despedir por esta crisis en empresas que reciban ayudas o el 'cheque' de 200 euros para personas con rentas inferiores a los 14.000 euros.

También la bonificación a partir de septiembre del 50% de todo abono de transporte público gestionado por el sector público estatal --que será finalmente del 100% en el caso de Cercanías y Media Distancia, tal y como anunció este martes el presidente Pedro Sánchez-- y del 30% del resto del transporte público.

El Partido Popular ha anunciado que se abstendrá para facilitar, esta tarde, la aprobación del Real Decreto Ley de medidas contra la crisis impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los populares consideran que el decreto del Gobierno es "insuficiente e incompleto, puesto que carece de medidas específicas para las clases medias" y no aborta un necesario recorte del gasto burocrático de la Administración: mantiene "el Ejecutivo más caro de la historia, con 22 ministros y más de 800 asesores adscritos al Gobierno de España".

Pese a ello, el PP ha decidido facilitar la abstención del decreto, ya que Pedro Sánchez aceptó incorporar algunas medidas propuestas por Alberto Núñez Feijóo como la rebaja del IVA de la electricidad al 5% y una ayuda de 200 euros para las familias más vulnerables.

El partido de Feijóo señala que el retraso en la baja de la luz ha costado más de 200 millones de euros a los españoles. Y lamenta que el Gobierno se haya negado a deflatar las tarifas del IRPF para las rentas inferiores a los 40.000 euros anuales, con el fin de compensarles la pérdida de poder adquisitivo a causa de la inflación.

Pese a todo ello, el PP ha decidido facilitar con su abstención la convalidación del Real Decreto Ley, que esta tarde ha merecido durísimas críticas por parte del diputado popular Jaime de Olano desde la tribuna.

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"Nuestros sanitarios y sanitarias precisan de estabilidad profesional y evitar la situacion de precariedad laboral que se ha producido durante tanto tiempo", ha afirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al presentar el decreto que se vota este jueves y que pretende lidiar con la temporalidad de los sanitarios.

"Vamos a llevar uno de los procesos más importantes de estabilización de sanitarios", ha apostillado Darias.

"Hay momentos de la historia en los que la política solo puede dar lugar al entendimiento, el desafío al que nos enfrentamos es mayor que cualquiera de nuestras diferencias", ha elaborado el PSOE en la última jornada del Debate sobre el estado de la Nación que vota en la tarde del jueves la aprobación del decreto ley que incluye las medidas anticrisis.

"Nada tiene más valor hoy que lo hagamos en esta votación, esta en juego la vida y el pan de muchísimos españoles", ha replicado el PSOE. "Para ustedes todo es poco y sin embargo no proponen nada", ha criticado la formación socialista en referencia a la intervención de los grupos parlamentarios que han catalogado las medidas como "insuficientes".  

"¿Qué pasaría mañana en España si no convalidamos estas políticas?", se preguntaban.

El diputado del PP Jaime de Olano ha preguntado al Gobierno si puede garantizar que la banda y las eléctricas no trasladarán al precio que cobran al consumidor final el impacto de los dos nuevos impuestos anunciados por Pedro Sánchez. "No, no pueden garantizarlo", ha reprochado al ministro Félix Bolaños.

"¿De verdad que los culpables de la inflación somos los españoles?", ha cuestionado De Olano. "Tenemos a 13 millones de españoles en riesgo de exclusión social y cuatro millones, en situación de pobreza", ha añadido.

El diputado del PP Jaime de Olano ha acusado a Pedro Sánchez de acometer una política "errática" para "sólo buscar formas de mantenerse unos meses más en Moncloa".

El diputado popular tilda de "fracaso" el real decreto que amplía el llamado escudo social. "Parche tras parche", ha reprochado al ministro de la Presidencia, Bolaños.

"Una vez más, quienes no han dado ni una en sus previsiones y han situado a España a la cola de los indicadores económicos Europa, se presentan como los únicos en posesión de la verdad", ha criticado De Olano, tras afear al Gobierno el dato de la inflación y reivindicar una bajada de impuestos en la energía.

Inés María Cañizares Pacheco, diputada de Vox en el Congreso, ha criticado que el decreto ley impulsado por el Gobierno "invita a los españoles que gasten menos, regla que no aplican a su mastodóntico gobierno". 

Cañizares Pachecho ha insinuado que las medidas aplicadas por el Ejecutivo para paliar el efecto de la crisis y la guerra afecta directamente a los ciudadanos: "¿Van a invitar a los españoles que coman 2 y no 3 veces al día?". 

La diputada Sofía Castañón (Unidas Podemos) ha celebrado en el Congreso que su grupo se haya "volcado" para que las medidas del escudo social se prorroguen hasta el 31 de diciembre de este año. Entre estas medidas, la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables, la rebaja al 5% el IVA de la luz, la limitación de la subida del alquiler y la bonificación del carburante.

"Este Gobierno tiene que dar certezas y no se me ocurre una mayor que decir que el Estado está para lo que se espera de él", ha subrayado Castañón, tras reiterar que "quienes más tienen, como el oligopolio de las eléctricas, contribuyan un poco más".

Joan Margall Sastre, diputado del Congreso por ERC, ha catalogado el decreto ley como "insuficiente" y "rácano" en su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación. 

El PNV ha reclamado en la última jornada del Debate sobre el estado de la Nación que las medidas aplicadas por el Gobierno para paliar la actual recesión sean "más selectivas" y se dirijan "a contener la demanda", como había pedido Bruselas. 

El partido nacionalista vasco ha afirmado que votara sí, pero ha precisado que es "un sí un tanto desolador", pues " se ha perdido la oportunidad para afinar en el diseño y la aplicación de las medidas". 

Así, el PNV considera que el decreto ley es "pan para hoy y hambre para mañana", porque "todo apunta a un empeoramiento de la situación en otoño". 

El partido vasco pide, así, "un Gobierno con más empatía con respecto a los grupos".

El compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista y el estudio de posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 son algunas de las claves de la nueva ley de Memoria Democrática que aprueba este jueves el Congreso de los Diputados.

El proyecto de ley saldrá previsiblemente adelante al finalizar el pleno de este jueves con el mismo texto aprobado en comisión, ya que no se han incorporado nuevas enmiendas.

El proyecto de ley busca mantener el recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista a través de los principios de "verdad, justicia y reparación", así como fomentar el conocimiento de aquellas figuras individuales y colectivas que hicieron posible la Transición, según señala el texto.

Además, pretende avanzar respecto a la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, que incluyó un reconocimiento a las víctimas y la retirada de símbolos de la dictadura, pero no estableció la búsqueda de desaparecidos como política de Estado, algo que sí hace la ley de Memoria Democrática.

LAS 10 CLAVES

1. La ley establece de forma expresa que la búsqueda de las alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas.

2. La ley declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condenas.

3. La nueva norma no deroga la Ley de Amnistía de 1977, que asegura que fue un instrumento a favor de "la reconciliación y la construcción de una sociedad democrática avanzada", pero subraya la necesidad de "garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, así como las oportunas formas de reconocimiento y reparación".

4. Entre las disposiciones de la ley figura la polémica enmienda pactada entre el Gobierno, EH Bildu y Más País para crear una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado "por la consolidación de la democracia" y que señale "posibles vías de reconocimiento y reparación".

5. Por otro lado, la ley prevé la creación de un Fiscal de Sala para la investigación de violaciones de derecho internacional y de derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista.

6. La ley considera víctima a aquellas personas que hayan sufrido daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

7. La ley contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática entre los que estará el actual Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros y dará a conocer las circunstancias de su construcción y su significado "con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos".

8. La ley garantiza el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre todos los hechos ocurridos entre el golpe de Estado de 1936 y la Transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

9.  Con el fin de difundir el conocimiento de la historia y la memoria democrática española y "la lucha por los valores y libertades democráticas", la ley establece la actualización de los contenidos curriculares para ESO, FP y Bachillerato para reflejar la "represión que se produjo durante la guerra y la dictadura".

10. La ley suprime un total de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos el de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola. EFE

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha celebrado las enmiendas de su partido que han sido aprobadas y que "han mejorado" el decreto de medidas anticrisis derivadas de la guerra en Ucrania.

Sin embargo, lo considera "insuficiente" y pide "intervenir, de una vez, el mercado [eléctrico]".  "Nacionalizar las eléctricas es el camino correcto", ha subrayado. No obstante, su partido votará a favor.