Podemos propone eliminar el 0,7% para la Iglesia en el IRPF y denunciar los acuerdos con el Vaticano

Unidas Podemos ya ha registrado sus 15 propuestas de resolución, una vez finalizado el Debate sobre el estado de la Nación. El socio minoritario del Gobierno ha dedicado una de ellas, completa, a la "libertad de conciencia y la aconfesionalidad del Estado". Es decir, a impulsar que el Gobierno elimine la asignación directa de fondos a la Iglesia Católica a través de la declaración de la renta, y a la denuncia del concordato de 1953 con El Vaticano y los cinco acuerdos de la Santa Sede con el Reino de España, alcanzados ya en democracia.

Pasadas las 15.45 horas, al finalizar el Debate, todos los grupos parlamentarios comenzaban a registrar estas iniciativas. Son una especie de Proposiciones No de Ley (PNL) de alta velocidad. Es decir, una iniciativa previa a cualquier desarrollo legislativo, para instar al Gobierno a que actúe en determinada dirección, dejándole la iniciativa legislativa al Ministerio que corresponda. En este caso, el de Justicia, encargado de las relaciones con las confesiones religiosas en España.

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Sirven, por un lado, como conclusión de lo discutido en este día y medio de debate de política general. Y por otro, para mostrar por dónde quiere cada grupo orientar las políticas en lo que queda de legislatura. Merecen especial atención, pues, las de Unidas Podemos, socio minoritario del PSOE en los Consejos de Ministros y habitual oposición interna al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Antes de 1978, ¿inconstitucional?

Para Unidas Podemos, constituye "una anomalía democrática" que la Iglesia católica "siga gozando de privilegios incompatibles con el principio constitucional de aconfesionalidad", en virtud del artículo 16.3 de la Carta Magna de 1978: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal".

Pero lo cierto es que también está constitucionalizada, de una manera singular, la relación con la Iglesia católica, como prueba el final de este mismo punto de la ley fundamental: "Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". 

Yolanda Díaz durante su visita de este sábado con el Papa Francisco. ©Vatican Media

Es cierto que el primero de los acuerdos posteriores, el llamado Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español, firmado en la Ciudad del Vaticano el 28 de julio de 1976, es el cimiento de los posteriores cinco y se formalizó antes del referéndum de la Constitución e incluso "cuatro meses antes de la Ley de Reforma Política", recuerdan los morados.

Pero también es cierto que son varias las normas y los acuerdos internacionales en esa circunstancia. España ingresó en la Organización de Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1955, por ejemplo.

La iniciativa de Unidas Podemos reclama, pues, que el Ministerio de Justicia desarrolle "un proyecto de Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas". Y que los contenidos de esa norma incluyan "la supresión de la asignación tributaria a la Iglesia católica", además de otros recortes económicos, como "poner fin a la financiación pública y las exenciones fiscales a las confesiones religiosas".

No a la religión en clase

Los morados también reclaman, la "eliminación de la enseñanza de la religión en el sistema educativo" o la ya impulsada "recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia católica al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 y normas posteriores hasta la entrada en vigor de la Ley 13/2015, de 24 de junio".

También está ya en marcha una investigación en la oficina del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica, o en el ámbito escolar de colegios e institutos de su titularidad. Sin embargo, Unidas Podemos reclama, de nuevo, "promover la investigación de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica".

Pero, sobre todo, exigen la "denuncia del Concordato entre España y la Santa Sede, de 27 de agosto de 1953". Y con ella, la anulación de los siguientes acuerdos: el ya citado de 1976 y los ya constitucionales "sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de clérigos y religiosos", el que trata sobre la "Enseñanza y Asuntos Culturales", el que versa sobre "asuntos económicos" y el que trata los "asuntos jurídicos".

La dirección del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos argumenta que además de un "amplio consenso social", el acuerdo de la coalición con el PSOE "ya incluía entre sus medidas la aprobación de una Ley de Libertad de Conciencia (en el apartado 5.5) y el abordaje de modificaciones legislativas para retrotraer los bienes inmuebles que hubieran sido inmatriculados por la Iglesia al amparo de la Ley Hipotecaria de 1946 (apartado 5.11".