El Gobierno opta por la sanidad privada en las prisiones mientras la acota en las autonomías

De hecho, la ministra Carolina Darias, que ha liderado esta ley, la presentó como una oportunidad de "reforzar" el sistema público de salud. Eso sí, sólo en las comunidades autónomas.

Y es que, mientras que la nueva norma prescribe a las comunidades autónomas que apliquen de forma "preferente" la gestión pública, en la única atención sanitaria que sigue en manos de la Administración central, la penitenciaria, la gestión privada es cada día más común.

Hay que recordar que, desde que se transfirieron las competencias sanitarias, el Ministerio sólo ha gestionado dos ámbitos: el sistema sanitario dependiente de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y la sanidad penitenciaria.

La gestión sanitaria de las cárceles de toda España, menos de Cataluña, País Vasco y Navarra, sigue dependiendo del Ministerio del Interior. Esta competencia debería de haber sido transferida hace años, pero la falta de entendimiento entre las partes acerca de su financiación lo ha impedido.

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Las malas condiciones laborales y los sueldos ostensiblemente más bajos respecto a los profesionales que trabajan en otros servicios han llevado a que las plazas de sanitarios en las cárceles no se cubran en muchas ocasiones. Y el problema se acrecienta con el paso del tiempo: no hay relevo y los profesionales que quedan son cada vez más mayores. 

La contradicción

Desde Interior se reprocha a los gobiernos regionales que no quieran hacerse cargo de la sanidad de las cárceles. En estos momentos, solo las autonomías con un marcado carácter nacionalista la tienen incluida en sus sistemas de salud. Pero la realidad es que la situación ha llevado a Instituciones Penitenciarias a recurrir a la sanidad privada.

Es ahí donde la oposición denuncia la contradicción: mientras el Gobierno pone pegas al sistema de colaboración público-privada, el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska recurre a ella.

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La solución del Ministerio del Interior podría incluso no ser legal. Según fuentes sindicales, el artículo 9.2 de texto refundido de la Ley del Estatuto Básico de la Función Pública explica que las funciones derivadas de "salvaguardar intereses generales del Estado y de las Administraciones públicas" tienen que hacerla "exclusivamente" funcionarios públicos.

Por ello, desde el sindicato médico CESM aseguran que un servicio médico privado contratado "no puede desempeñar" tareas como informes médicos para juzgados, informes sobre huelgas de hambre, situaciones de aislamiento o protocolos de suicidio y, por ello, se plantean "acudir a la Justicia si es necesario".

Cárceles como las de Burgos, Huelva, Cáceres, Villena, Cuenca, Madrid o Málaga ya tiene externalizados algunos de sus servicios sanitarios. Primero empezaron con aspectos relacionados con ambulancias o farmacia, y ahora se ha extendido hasta a telemedicina en las consultas.

La situación ha creado un nuevo conflicto en el Gobierno entre socialistas y morados.  Unidas Podemos quería endurecer la ley para impedir los conciertos de colaboración público-privada. Ahora amenazan con torpedear la norma en su trámite parlamentario. Su intención es utilizar esta ley para desterrar el modelo mixto del sistema sanitario español.